Torra usa el fin del 155 para retirar la acusación del Govern contra Mas por el 9-N
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Torra usa el fin del 155 para retirar la acusación del Govern contra Mas por el 9-N

El Tribunal de Cuentas celebrará el jueves una vista para decidir cuándo tendrá lugar el juicio, que previsiblemente se retrasará hasta septiembre u octubre

Foto: Artur Mas, junto a Quim Torra, el pasado 8 de julio en el 25 aniversario de la campaña 'Mulla't' por la esclerosis múltiple. (EFE)
Artur Mas, junto a Quim Torra, el pasado 8 de julio en el 25 aniversario de la campaña 'Mulla't' por la esclerosis múltiple. (EFE)

El presidente de Cataluña, Quim Torra, ha ordenado a los servicios jurídicos de la Generalitat retirarse de la acusación que ejerce la Administración autonómica en el procedimiento del Tribunal de Cuentas contra el ex-responsable del organismo Artur Mas, los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs y otra media docena de cargos intermedios que conformaban el Govern cuando se celebró la consulta popular del 9 de noviembre de 2014. El jefe del Ejecutivo regional ha aprovechado el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para tomar esta decisión y salir de la mencionada causa, en la que la Generalitat estaba desde que así lo ordenara Mariano Rajoy cuando se hizo cargo de la institución en virtud del citado punto de la carta magna.

El Gobierno central, aún como gestor temporal de la Generalitat, ordenó a los servicios jurídicos de la Administración regional presentar una demanda —que se materializó el pasado abril— "de responsabilidad contable directa y solidaria" contra Mas y el resto de mandatarios por el empleo de fondos públicos en el referéndum independentista del 9-N, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En su escrito, se adhería a la cantidad que el Tribunal de Cuentas entendía que habían detraído indebidamente los citados miembros del Govern para financiar los gastos de la consulta y que de momento era un cálculo provisional, 5,2 millones de euros.

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El procedimiento lo inició el Tribunal de Cuentas después de recibir la denuncia de Sociedad Civil Catalana, que hicieron suya la Fiscalía y posteriormente la Abogacía del Estado. La adhesión de la Generalitat ha resultado ser por lo tanto temporal y la retirada ordenada ahora por Torra vuelve a dejar la voz cantante del procedimiento en el denunciante, el abogado del Estado y el ministerio público. Este último estableció el pasado 27 de abril en 4,9 millones de euros el "perjuicio ocasionado a los caudales públicos" por los mencionados expresidente, exconsejeros y excargos intermedios de la Generalitat.

De confirmarse esta cantidad, todos los acusados deberían hacer frente a la misma, además de a los intereses. No tendrían que asumir multa alguna, dado que este último es un concepto que corresponde a la vía penal, no a la contable, que es la que dirime el Tribunal de Cuentas. Los 10 acusados no asumirían del mismo modo la reposición de estos 4,9 millones. Mas y el resto de exconsejeros se harían cargo de sumas más elevadas que el resto de cargos intermedios. El escrito de la Fiscalía describió con detalle todos los gastos que tuvo que afrontar la Generalitat para celebrar la consulta soberanista.

La creación de la web www.participa2014.cat (74 euros); la fabricación de urnas, papeletas, sobres, bolígrafos, cabinas, precintos, troqueles, manuales de instrucciones o actas (cerca de 200.000 euros); el transporte de todo ese material (20.000 euros); la adquisición de 7.000 ordenadores portátiles para las mesas de votación (2,8 millones de euros); la campaña de publicidad hasta el mismo día de la votación (más de 800.000 euros); el seguro de accidentes, que incluyó a los voluntarios; el soporte informático que la Generalitat subcontrató a Telefónica, Vodafone, Fujitsu, Colt o T-Systems (1,2 millones); los envíos masivos de información sobre la consulta (308.000 euros); la habilitación del centro de prensa (144.000 euros), y el diseño y la ejecución de la campaña informativa (42.000 euros) serían asumidos en su mayor parte por empresas privadas, por lo que con los conceptos que describe el ministerio público suman los mencionados casi cinco millones de euros.

La exvicepresidenta Joana Ortega. (EFE)
La exvicepresidenta Joana Ortega. (EFE)

El próximo jueves, el Tribunal de Cuentas celebrará una vista previa al juicio a la que acudirán los representantes legales de todos los acusados con el fin de afrontar asuntos procesales y las últimas diligencias. De esta cita previsiblemente saldrá la fecha del juicio, que según fuentes del tribunal tendrá lugar presumiblemente a lo largo de los próximos meses de septiembre u octubre. Este será el segundo procedimiento judicial que afronten Mas y sus consejeros Ortega, Rigau y Homs, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenara a tres de ellos y el Supremo hiciera lo propio con el otro.

En concreto, el alto tribunal catalán sancionó a Más con dos años de inhabilitación por desobedecer al Constitucional y le absolvió del delito de prevaricación, que habría implicado 10 años de suspensión y que también reclamaba la Fiscalía. En la misma sentencia, el TSJC condenó por el mismo motivo a un año y nueve meses de inhabilitación a la exconsejera Ortega y a un año y medio a la también exconsejera Rigau. El Supremo, por su parte, condenó a Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia, que le obligó a dejar su acta de diputado, así como a una multa de 30.000 euros. Igual que a sus compañeros, le eximió del ilícito de prevaricación.

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