la población reclusa española en perú cae en un 22%

De una cárcel peruana al limbo en Madrid: la nueva vida de un 'burrier' español

Al menos 180 españoles han podido volver a casa en los vuelos de repatriación que fleta la Policía Nacional al regreso de los aviones que expatrían extranjeros en situación irregular

Foto: Ceremonia de entrega de los presos españoles por parte del INPE peruano a la Policía Nacional española para su traslado.
Ceremonia de entrega de los presos españoles por parte del INPE peruano a la Policía Nacional española para su traslado.

Alberto habla a trompicones y le da vueltas a un café en la plaza de Callao de Madrid. El lugar del encuentro ha sido fortuito, pero parece un guiño del destino porque hace meses dejó el otro Callao, el conflictivo puerto peruano en el que vivió al salir del penal Sarita Colonia, donde aprendió a instalar encimeras y comenzó de cero. Ahora está dispuesto a volver a reinventarse, a sentar las bases para una vida nueva en España. "De Callao a Callao y tiro porque me toca", comenta con deje madrileño y desparpajo criollo.

No hablaremos sobre el viaje como 'burrier' o 'mula' que no llegó a coronar en el aeropuerto de Lima —el primero que le salía rana después de varias incursiones en Colombia y Tailandia—, de los reclutadores que le delataron ante la policía en un aeropuerto volcado en la seguridad en medio de una cumbre de jefes de Estado, ni de su excarcelación, uno de los más de mil 'narcoindultos' con los que el expresidente peruano Alan García quiso descongestionar las cárceles.

Tampoco nos centraremos esta vez en los pormenores de una historia más de decisiones desesperadas en tiempos de crisis, mafias, tráfico de drogas, adicciones, penurias, enfermedades de todo tipo y reclusos españoles amenazados y arrinconados en el patio de una superpoblada e insalubre cárcel peruana. Aunque es cierto que todo ello lastrará para siempre la vida de Alberto. Un saco lleno de piedras que le acompañaría en su regreso a Madrid, su ciudad natal, durante una búsqueda agónica de un buen sitio para dormir, de lograr una mínima mejoría en su maltrecha salud, de recuperar su lugar en su propio mundo.

Varios reclusos españoles que cumplían condena en Perú son trasladados para su repatriación. (Ernesto Arias/EFE)
Varios reclusos españoles que cumplían condena en Perú son trasladados para su repatriación. (Ernesto Arias/EFE)

Alberto, igual que Julián o Javier, han regresado a España en vuelos 'macro', fletados por la Policía Nacional y que aprovechan el camino de vuelta a casa después de una repatriación masiva de inmigrantes desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Justo como el quea mediados de junio aterrizaba en Barajas con el cuarto contingente, formado por 31 reclusos que terminarán de cumplir su condena en las cárceles españolas, sobre todo en Soto del Real, y otros 35 españoles que ya salieron de prisión tiempo atrás, pero que se encuentran en una situación de desamparo. Un total de 66 personas a punto de abrir un nuevo episodio en sus vidas.

Cuando todo esto comenzó hace más de un año, había 350 españoles en las cárceles peruanas, principalmente en los penales de Sarita Colonia del Callao, Chincha y en Ancón II, en el caso de los hombres, y en la prisión femenina de Chorrillos. Y lo cierto es que unos 180 españoles ya han sido trasladados en estos macrovuelos, de manera que la cifra de presidiarios ibéricos en el país andino se ha visto reducida a "cerca de 80", según dijo el embajador de España en Perú, Ernesto de Zulueta, lo que supone una reducción del 22,85%, contando con que otros habrán concluido su condena por el cumplimiento natural de los plazos.

De acuerdo con el último informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario de Perú, correspondiente al mes de marzo de 2018, los españoles eran, con 103 presos (cifra previa a este traslado) el mayor grupo de población de origen europeo y el cuarto del mundo (6,3%), pero muy por detrás de los procedentes de Colombia, que acaparan un 30% (487); de México, un 15,1% (245), y de Ecuador, un 6,8% (111). El 2% de la población penitenciaria, 1.625 internos, son extranjeros, y el 85% de ellos están detenidos por la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas.

Un grupo de presos españoles juegan cartas en una imagen de 2009. (Paolo Aguilar/EFE)
Un grupo de presos españoles juegan cartas en una imagen de 2009. (Paolo Aguilar/EFE)

Estos vuelos tienen su origen en los acuerdos bilaterales entre España y Perú, que durante años han estado dormidos, a medida que crecía exponencialmente la población española reclusa en el país andino por viajar con droga, hasta el punto de haberse convertido en el sistema penitenciario del mundo que más españoles presos concentraba en 2016. Concentrados, por no decir hacinados, puesto que el endurecimiento del código penal peruano hacia los delitos de tráfico de drogas, entre otros factores, disparó la sobrepoblación hasta el 123%. Hasta el punto de que, arrancando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski —dimitido en marzo pasado por el escándalo 'Odebrecht'— se abordó de nuevo esta iniciativa. El objetivo perseguido desde Perú era reducir la población extranjera y el coste de su manutención (unos 960.000 dólares anuales, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú), a pesar de que solo representa un 2% del total. La parte española persigue garantizar unas mejores condiciones humanitarias para sus presos, aprovechando los vuelos de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras en su retorno, como recomendaba el Defensor del Pueblo desde 2015.

Una visita del exministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis a Perú en marzo de 2017 precipitó una primera salida en bloque de medio centenar de personas, entre los que había al menos 20 que habían salido ya de la cárcel. El 29 de septiembre del año pasado partía un segundo vuelo, en el que viajó Alberto después de "dar la brasa al consulado" durante meses por un asiento, con 67 personas a bordo (32 reclusos y 35 en libertad precaria) y este viernes llegaban 31 presos y otras 35 personas. Así explicado pareciera que se trata de un trámite rápido y ejecutivo, casi quirúrgico. Y no; hay muchas manos que coordinar, desde las autoridades peruanas hasta los técnicos representantes del Defensor del Pueblo, los consulados y demás representantes de Exteriores, y cómo no, la sociedad civil.

La Fundación +34 ha sido clave en esto, reconoce Alberto. Esta ONG, dedicada a asesorar a los condenados en otros países y a sus familiares, se ha convertido desde hace años en una auténtica muleta para los españoles encarcelados y es de gran ayuda para identificar los casos más necesitados de este vuelo humanitario. Alberto, de hecho, considera que en ocasiones cubre áreas que los consulados desatienden o no llegan a abarcar.

"Me llamó Julián y me dijo que iba a haber otro vuelo y pensé que yo qué pintaba allí en el Callao, en un barrio tan chungo, tan lejos de mi casa"

Pero también hay líderes naturales como Julián. Este barcelonés salió de Sarita Colonia en 2009 y se convirtió casi sin quererlo en un hermano mayor para sus compañeros de presidio. La necesidad de lidiar con "abogados turbios" y un sistema judicial que le era desconocido durante el tiempo que estuvo en la cárcel le llevó a ponerse las pilas y convertirse en un experto 'amateur' en Derecho, una labor que mantuvo al salir a la calle con sus demás compañeros y puso en práctica para garantizar su retorno en el primer vuelo.

"Me llamó Julián y me dijo que iba a haber otro vuelo y pensé que yo qué pintaba allí en el Callao, en un barrio tan chungo, tan lejos de mi casa. Y encima enfermo y en un país sin sanidad gratuita. Hablé con quien tenía que hablar y me lo pintaron bonito; me dijeron que era una cosa inmediata. Así que desmonté el taller de encimeras en una semana, regalé todo, me deshice de la tele y dejé allí a mi chica y familia", contaba Alberto, compañero y amigo de Julián.

Reencuentro de una mujer repatriada en septiembre pasado con sus seres queridos en Barajas. (Fernando Villar/EFE)
Reencuentro de una mujer repatriada en septiembre pasado con sus seres queridos en Barajas. (Fernando Villar/EFE)

Y llegó a Barajas, se hicieron la foto. Los que estaban presos y tenían que terminar de pagar la condena en una cárcel española, quedaban en manos de la Audiencia Nacional. Los que ya llevaban tiempo en libertad, tenían que empezar de cero. La Fundación +34 ha colaborado con el traslado de algunos de los repatriados hasta sus ciudades, pero lo cierto es que, desde el momento del aterrizaje, cada quien queda a su suerte, en ocasiones sin dinero ni para un bocadillo. Porque muchos de los que regresan en libertad vienen de vivir en la precariedad más absoluta. Esto sucede porque además de la pena privativa de libertad, los presos tienen que pagar una reparación civil imposible de costear recién salido de la cárcel si no consigues un trabajo informal en construcción, en la venta ambulante callejera, reciclando plásticos o en la noche. "Acabas moviéndote por la calle como una sombra, huyendo de cada patrulla de policía", recuerda Javier. Otro gasto difícil de asumir, por descontado, será el de un billete de vuelta.

Una espiral de exclusión

Alberto pasó la primera noche en un albergue de la Casa de Campo de Madrid, pudo dejar mientras las pocas pertenencias que le quedaban después de pasar por la rapiña de la cárcel en casa de unos conocidos. Los días transcurrían entre pruebas médicas y planificando dónde dormir, previo paso por la plaza del Dos de Mayo mendigando sol en un invierno largo que pudo con sus dañadas vías respiratorias.

"Quizá tienes las expectativas demasiado altas y crees que a la vuelta termina todo lo malo, y no. Es cierto que ya no estás expuesto al mismo riesgo"

"Yo estoy viviendo ahora mismo en el mundo de los 'sin techo' porque llegué acá y no tenía casa ni nada, así que estoy en un centro de acogida", cuenta Julián, que vive en Barcelona. "En cuanto llegas, te encuentras obstáculos por todas partes: vas a cobrar el paro, te dicen de entrada que tienes que pasar un mes inscrito, a ver ese mes cómo lo pasas, luego vas después del mes y resulta que no reúnes las condiciones porque no has cotizado en los últimos X años..." comenta desesperado Javier, convaleciente de una cirugía.

Imagen del barrio madrileño de Malasaña. (EFE)
Imagen del barrio madrileño de Malasaña. (EFE)

"Es casi mejor venir preso" —admite Javier Casado, presidente de Fundación +34-, "por lo menos así sabes que cuentas con una ayuda económica". De otro modo, las personas que han vuelto quedan en manos de los sistemas de acogida de cada municipio tienen por delante el mismo panorama que una persona en situación de calle. "El problema es que no suele haber coordinación entre servicios sociales y trabajadores sociales", lamenta Enrique Cuesta, responsable del Programa de Atención a Personas sin Hogar de Acción en Red. Casado sugiere, además, que la competencia municipal y autonómica de la cobertura social obligaría a estos ejecutivos a involucrarse más en la situación que viven sus paisanos en el exterior. La propia ONG tiene acuerdos con los gobiernos de Galicia, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares para hacer el seguimiento de los presos nacidos en estas comunidades autónomas a través de la Fundación +34.

Después de depositar tantas esperanzas en un billete de vuelta a casa, la sensación generalizada es de desazón. "Quizá tienes las expectativas demasiado altas y crees que a la vuelta termina todo lo malo, y no. Es cierto que ya no estás expuesto a los mismos riesgos que como cuando compartes patio con mil personas vibrando en cocaína", razona Alberto. Javier echa de menos "una mínima atención también humanitaria". "Ten en cuenta que además llegas con un montón de rechazos por parte de la familia, de las amistades, hay mucho rechazo porque el tema de la droga es complicado, aunque no somos narcotraficantes, simplemente fue un hecho concreto por una situación económica pésima que tenía en ese momento", lamenta.

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