Diputados soberanistas encausados, abiertos a admitir desobediencia a cambio de multa

Suenan tambores de pacto. Coincidiendo con el inicio de la segunda fase del sumario abierto sobre el 'procés' en el Tribunal Supremo, las defensas de los 25 procesados han comenzado a mover ficha de cara a un juicio que ahora se ve más próximo. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, algunos de los acusados por desobediencia han hecho llegar a la Fiscalía su disposición a aceptar la comisión de este delito menor a cambio de un recorte en la cuantía de la sanción que lleva aparejada este ilícito penal y un periodo de inhabilitación reducido, en concreto de tres meses.

La Sala de lo Penal confirmó el procesamiento por este delito —y solo por éste— de cinco exmiembros de la Mesa del Parlament —Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet—, así como de Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo y huida en Suiza. Varios de ellos han hecho saber, de forma aún informal y en una primera aproximación, que estarían dispuestos a conformarse con la acusación. De todos ellos, solo Guinó mantiene escaño en la cámara autonómica.

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Los que han optado por esta estrategia son Corominas, Guinó y Ramona Barrufet. La Fiscalía podría ver con simpatía esta iniciativa, puesto que simplifica la causa principal, en la que se acusa a los políticos encarcelados y huidos de rebelión y que Pablo Llarena ya ha dejado lista para la apertura de juicio oral. Fuentes del bufete Melero & Gené, que defiende a estos tres políticos soberanistas, han declinado pronunciarse al respecto.

La propuesta de conformidad no parte, sin embargo, de todos. Fuentes de la CUP confirman que sus defendidos no tienen intención de admitir nada y pelearán en la futura vista oral para lograr una absolución, mientras que los letrados del diputado miembro del grupo de Catalunya Sí que es Pot en la anterior legislatura se pronuncian en el mismo sentido. Además de considerar prematuro pactar nada en este punto, cuando aún quedan meses para que arranque el juicio, confían en las opciones de que Nuet sea absuelto. Tampoco Simó está convencida de la estrategia, apuntan las mismas fuentes.

El ex diputado de Junts per Sí, Lluís Maria Coromines se ha puesto en contacto con 'El Confidencial' para matizar que en su caso, no aceptará ningún pacto con la Fiscalía y que "defenderé hasta el final que el Parlament ha de poder hablar de todo". Y añade: "Si me han de condenar que me condenen".

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Pese a ello, buena parte de los que han sido procesados exclusivamente por este delito aceptarían la acusación que definió el juez Pablo Llarena como un incumplimiento "tenaz y perseverante" de los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de las leyes del 'procés' que culminaron con la declaración unilateral de independencia (DUI) del pasado 27 de octubre. La desobediencia no implica penas de prisión. Sí sanciones y una inhabilitación de hasta dos años, similar, por tanto, a la que afrontaron los condenados por el 9-N pero que con acuerdo quedaría muy reducida.

Exploración

La existencia de estos primeros y tímidos contactos a nivel judicial se superpone a una segunda estrategia, mucho más política y más peligrosa si se valoran sus repercusiones. Como adelantó este martes El Confidencial, el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, espera gestos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de que la Fiscalía actúe sobre la situación procesal de los presos independentistas, es decir, aquellos acusados de rebelión y malversación, los delitos más graves.

Esta segunda línea estrátegica, que no se juega en los tribunales sino en los despachos, fue desmentida por las defensas del grupo de acusados vinculados al PDeCAT. Sànchez, Turull y Rull negaron negociación de ningún tipo con la Fiscalía para alcanzar acuerdos, y destacaron que no han compartido con el 'president' Torra informaciones que permitan asegurar que se está contemplando ese escenario.

Lo cierto es que estos movimientos, aun en esta primera fase inicial, están provocando tensión entre los distintos acusados, sus defensas e incluso las dos formaciones antaño socias en el Govern. Los de ERC se oponen de forma rotunda a cualquier posibilidad de pacto que implique la obligación de reconocer que no se obró de acuerdo a la ley. Otros grandes perjudicados de estos movimientos son los huidos. Puigdemont, recordemos, se encuentra bajo el análisis del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que aún no ha decidido sobre su entrega.

El ex diputado de Junts per Sí, Lluís Maria Coromines se ha puesto en contacto con El Confidencial para matizar que en su caso, no aceptará ningún pacto con la Fiscalía y que "defenderé hasta el final que el Parlament ha de poder hablar de todo". Y añade: "si me han de condenar que me condenen"