los planes del gobierno

Justicia creará una Comisión de la Verdad e ilegalizará la Fundación Franco

La ministra Delgado anuncia en el Congreso una reforma de la Ley de Memoria Histórica para anular las condenas del franquismo

Foto: La ministra de Justicia, Dolores Delgado, este 11 de julio en el Congreso. (EFE)
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, este 11 de julio en el Congreso. (EFE)

El Gobierno reformará la Ley de Memoria Histórica que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero para "declarar la nulidad de los trinunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la comisión de expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura con un procedimieto tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos". Así lo ha explicado en el Congreso la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha comparecido en la Cámara Baja para exponer sus planes en el departamento.


También ha propuesto "reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y estudiar la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo". Es decir, la ilegalización, por ejemplo, de la Fundación Francisco Franco.

Delgado se ha referido a la Dirección General para la Memoria Histórica creada en su ministerio y que tiene como fin "impulsar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista". Es decir, que el Gobierno de Pedro Sánchez asume la búsqueda de los restos de las víctimas y no como ahora que, en todo caso, la ley le obliga a facilitarlo.

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Un censo oficial de víctimas

La dirección general hará públicos los datos de exhumación para elaborar "un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura". En su opinión se trata de actualizar la ley, 10 años después, porque "no puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento".

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Todas esas medidas fueron recomendadas por el relator de la ONU que visitó España en 2014.

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