La UDEF descubre otra trama vinculada a Ulibarri que amañó hasta parques infantiles

La operación se ha bautizado como Enredadera. Lo que comenzó en el juzgado número 2 de Badalona por las irregularidades detectadas en el contrato de gestión de tráfico que se llevó la empresa Aplicaciones Gespol se empezó a extender como una planta sin control por otros municipios españoles. De Cataluña saltó a León, y de ahí la trama siguió creciendo a Madrid, Asturias, País Vasco, Galicia, Extremadura, La Rioja... 40 municipios implicados y más de 60 investigados. Pero el caso siguió deparando sorpresas y los investigadores detectaron que no solo se amañaron contratos relacionados con la seguridad vial, sino también contratos de obras y servicios, incluido el mantenimiento de parques infantiles, zonas verdes e incluso algún parque deportivo destinado al 'skate'.

Por eso, el caso Enredadera ya tiene una pieza separada que salpica al poderoso empresario José Luis Ulibarri, uno de los detenidos en la operación y que ya está procesado a la espera de juicio en una de las piezas de la trama Gürtel por amañar contratos en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Constructor y dueño de varios medios de comunicación, fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que precisamente utilizó el poder de influencia de sus medios (ha editado cabeceras como 'El Diario de León', 'El Correo de Burgos', 'El Diario de Valladolid' o 'Diario de Soria' y la mitad de la televisión regional es suya) para presionar a la hora de conseguir esos contratos. Otro de los investigados es Miguel Hernán Manovel García, mano derecha de Ulibarri en el Grupo Begar y cuñado de Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

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Ulibarri no solo está en la pieza separada, que investiga a municipios madrileños y leoneses, también en la principal. El epicentro de la trama gira sobre Aplicaciones Gespol, una filial adquirida en octubre de 2016 por el grupo Sacyr. Con sede en Barcelona, Gespol está especializada en el mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. También ha comercializado un 'software' para el control de semáforos y radares móviles que algunos de los ayuntamientos instalaron en sus calles. La Fiscalía investiga también si algunos de los ayuntamientos señalados manipularon los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la contratación de estos servicios.

Ulibarri, al que la Fiscalía pide siete años de prisión en la trama Gürtel, era el encargado de aportar información sobre concursos favorables para Aplicaciones Gespol. La trama operó por toda España. Solo en la Comunidad de Madrid se han registrado o se ha pedido documentación en 14 ayuntamientos: Arroyomolinos, Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real y Valdemorillo. Gobernados por PP, PSOE y Ciudadanos.

También hay localidades salpicadas en Aragón, Cataluña, La Rioja, Andalucía, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana: Huesca, Illescas, Lleida, Mollet del Vallès, Oviedo, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Villaquilambre, Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Rapeig y Vitoria. También se ha pedido documentación en la Diputación de Alicante. La primera fase de la operación de este martes ha dejado de momento como investigados a 39 personas, de las que 18 han pasado a disposición judicial.

El Ayuntamiento madrileño de Arroyomolinos, gobernado por Ciudadanos, adjudicó por ejemplo en octubre de 2017 el "servicio de apoyo y asesoramiento al funcionamiento de la gestión de los expedientes sancionadores por infracciones a otras normativas". Un contrato por el que una empresa privada empezó a gestionar la tramitación de todas las multas impuestas por el consistorio, sobre todo las de tráfico. La licitación se la llevó por 173.400 euros la UTE formada por Aplicaciones Gespol y Utebo Servicios de Gestión. Esta última es una compañía constituida en Madrid en octubre de 2016 y administrada por Ángel Luis García Martín, alias 'el Patatero', un conocido empresario de Astorga que hace negocios con Ulibarri. Es uno de los investigados. El alcalde de Arroyolinos, Carlos Ruipérez, también es uno de los detenidos.

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Otro de los municipios clave es Fuenlabrada, donde siempre ha gobernado el PSOE. Aquí, uno de los implicados es el responsable de la Policía Local, José Francisco Cano de la Vega, que además es presidente de Unijepol, una asociación que agrupa a más de 1.000 jefes y mandos de las policías locales de España. El ayuntamiento fuenlabreño ya abrió un expediente a Cano de la Vega después de que 'ABC' desvelara que desde Unijepol favorecía con contratos a la empresa de su mujer. Una investigación interna que acabó en nada. En Fuenlabrada, Gespol se llevó el sistema de "comunicaciones y grabación de llamadas de la Policía Local".

En Torrelodones, por ejemplo, donde ahora gobierna un partido vecinal, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se ha llevado contratos desde el año 2001, cuando Gespol se llamaba Bilbomática. Lo más llamativo es que en 2010, con el PP en el poder, Bilbomática se llevó un contrato de 200.000 euros que se licitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad y urgencia. Un contrato que el jefe de informática se negó a firmar y que fue adjudicado por el entonces jefe de la Policía Local. Los agentes también se han llevado todo el expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, adjudicado en octubre de 2016 a Valoriza (filial de Sacyr) por 428.847 euros anuales.