se prevén más de 40 detenciones y 90 registros

Macrooperación en decenas de municipios de PSOE, PP y Cs por amaños al grupo Sacyr

La UDEF lanza una operación contra una trama que manipuló licitaciones para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado, bases de datos policiales y radares

Foto: Agentes de la Policía Nacional, frente al Ayuntamiento de Teruel, uno de los registrados en la operación Enredadera. (EFE)
Agentes de la Policía Nacional, frente al Ayuntamiento de Teruel, uno de los registrados en la operación Enredadera. (EFE)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes una macrooperación contra una trama que presuntamente amañó adjudicaciones públicas en más de 40 ciudades de toda España para favorecer a una filial del grupo Sacyr. Las pesquisas apuntan a ayuntamientos gobernados por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Se trataría del primer caso de corrupción municipal que afecta a dirigentes del partido de Albert Rivera.

Más de 600 efectivos de la Policía Nacional participan en el operativo. Los agentes tienen órdenes de detención contra más de 40 supuestos implicados, entre ellos, varios jefes de policías municipales, y está programado casi un centenar de registros en organismos, empresas privadas y domicilios. Uno de los puntos que se están inspeccionando es el Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), gobernado por Ciudadanos desde 2015. De hecho, su alcalde, Carlos Ruipérez, es uno de los arrestados en la operación. También está prevista la entrada y registro en los consistorios de Alcobendas, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Asimismo, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación en la Diputación de Alicante y en las localidades de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Rapeig y Vitoria.

Según ha podido saber El Confidencial, entre los detenidos se encuentra Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y uno de los cargos del partido naranja con más peso en esa demarcación. En 2016 tuvo que renunciar al cargo de coordinador provincial por la publicación de varios tuits de contenido machista y descubrirse que había incluido en su currículo una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que no tenía. Ciudadanos ha reaccionado suspendiéndolo automáticamente de militancia y lo expulsará si se confirma su imputación.

Un segundo cargo de Ciudadanos detenido es el concejal portavoz de la formación en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández, confirman fuentes próximas al caso. La alcaldesa de esta localidad, María Eugenia Gancedo, del PSOE, también ha sido detenida.

José Luis Ulibarri, detenido por la UDEF. (EFE)
José Luis Ulibarri, detenido por la UDEF. (EFE)

Entre los arrestados figura el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, propietario de la constructora Begar e imputado ya por su implicación en la trama Gürtel. Se le acusa de ser uno de los presuntos cabecillas de esta red corrupta. Junto a Ulibarri ha sido detenido uno de colaboradores más estrechos, Miguel Hernán Manovel García, secretario del consejo de administración de Begar.

Asimismo, entre los detenidos destaca José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Políticas para la Gestión de la Diversidad Social de Unijepol, la asociación que agrupa a los jefes y directivos de las policías municipales de toda España.

La investigación, que ha recibido el nombre de operación Enredadera, se centra en la supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, una firma con sede en Barcelona que fue adquirida por el grupo Sacyr en octubre de 2016 y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado y la colocación de radares, entre otros servicios.

La compañía habría conseguido decenas de adjudicaciones mediante la presunta manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones. Para ello, habría contado con la connivencia de alcaldes, concejales, policías municipales y otros funcionarios de consistorios gobernados por PSOE, PP y Ciudadanos. Los hechos que se investigan podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Macrooperación en decenas de municipios de PSOE, PP y Cs por amaños al grupo Sacyr

El caso arrancó hace dos años en Cataluña, aunque pronto se detectaron ramificaciones que obligaron a ampliar las diligencias al resto de España. El dispositivo lo dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Además de agentes de la UDEF, también participan otros efectivos de Policía Judicial y de jefaturas superiores, sobre todo de Cataluña, donde se desarrollan los registros en las oficinas de la compañia.

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