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El Gobierno necesitará hasta 8 plenos para ejecutar y convalidar su decreto de RTVE
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EL FUTURO DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA

El Gobierno necesitará hasta 8 plenos para ejecutar y convalidar su decreto de RTVE

Siete sesiones en Congreso y Senado pueden ser precisas para sacar adelante el nuevo consejo interino de la corporación, y una octava sería obligatoria para aprobar por mayoría el texto

Foto: Pedro Sánchez, durante su reunión con el consejo de informativos de TVE el pasado 1 de febrero en Torrespaña. (Borja Puig | PSOE)
Pedro Sánchez, durante su reunión con el consejo de informativos de TVE el pasado 1 de febrero en Torrespaña. (Borja Puig | PSOE)

La renovación exprés del consejo de administración de RTVE está convirtiéndose en la primera prueba parlamentaria para el Gobierno de Pedro Sánchez. Y nada fácil. Podemos se empeña en que el nuevo presidente de la corporación sea el periodista de eldiario.es Andrés Gil, que no reúne aún el consenso necesario suficiente y cuenta con un rechazo total por parte de los trabajadores de la casa, que se temen que la manipulación informativa proceda de la otra trinchera, la de la izquierda, y no quieren a un profesional que no conozca el mundo audiovisual. Pero el procedimiento tan anómalo elegido por el Ejecutivo y la imposición de una tramitación acelerada, que pilla a las Cámaras oficialmente en vacaciones parlamentarias, puede obligar a la celebración de hasta ocho sesiones plenarias en Congreso y Senado para ejecutar y convalidar el real decreto ley en vigor desde el pasado 23 de junio. Un camino proceloso que evidenciará la debilidad parlamentaria del PSOE y la falta de un consenso a varias bandas, que era uno de los objetivos de los socialistas cuando arrancó esta legislatura como receta para liquidar una etapa negra en la radio y tele públicas.

El embrollo jurídico en el que se ha convertido la renovación de RTVE, tras largos meses de parálisis, hizo incluso que la popular Ana Pastor, la presidenta de la Cámara Baja, encargase el pasado martes un informe urgente a los letrados para que le dijeran cómo tramitar y aprobar el decreto del Ejecutivo de Sánchez. El miércoles la Mesa ya lo tenía en sus manos. Ese documento, de cuatro páginas y al que ha tenido acceso El Confidencial, describe el itinerario que han de seguir las Cámaras en muy poco tiempo. Porque como máximo el 28 de julio todo ha de quedar resuelto. Para bien o para mal.

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¿Qué hay que elegir?

Los diez consejeros de administración de RTVE y, de entre ellos, a su presidente. Según la reforma legal aprobada por consenso en septiembre de 2017, que mantiene el real decreto ley 4/2018 impulsado por el Gobierno de Sánchez, seis miembros de la cúpula de la corporación son votados por el Congreso y cuatro por el Senado.

Las Cámaras tienen hasta el 8 de julio para votar a los 10 consejeros. Si el Senado no lo logra, el Congreso tiene hasta el día 18 para completarlo

La figura clave es el presidente, el que pilota la casa y tiene los poderes ejecutivos de la empresa. El texto del Ejecutivo impone a las Cortes que procedan a la elección de un consejo interino hasta que las Cámaras sean capaces de designar a una nueva cúpula por el mecanismo del concurso público.

¿Cuándo tiene que haber un consejo interino?

El decreto ley entró en vigor el 23 de junio, y obliga a que Congreso y Senado elijan a los diez consejeros de administración en los 15 días naturales siguientes. O sea, hasta el 8 de julio. Pero si en ese plazo la Cámara Alta no hace sus deberes, se conceden diez días extra al Congreso —hasta el 18 de julio— para que designe a los miembros de la dirección de RTVE que falten.

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¿Cuándo se presentan las candidaturas?

Los grupos han de presentar sus candidaturas este lunes 2 de julio como máximo. Tendrán hasta las 12 horas en el Congreso (podrán incluir cada uno de ellos una lista de hasta seis personas) y hasta las 14 horas en el Senado (cuatro nombres). Los letrados de la Cámara Baja alegaron que dado el carácter "excepcional" del procedimiento establecido en el decreto ley y de la "perentoriedad de los plazos", podría "eludirse la convocatoria de la Comisión Consultiva de Nombramientos", encargada de examinar a los candidatos. Y eso sucederá. No habrá audiencia pública. En cambio, el Senado sí escuchará a los aspirantes. Pío García-Escudero ha programado la reunión de la Comisión de Nombramientos para el martes 3 de julio a las 10 de la mañana.

¿Qué plenos se han previsto?

Pastor ha convocado al pleno del Congreso el lunes 2, a las cuatro de la tarde. Y García-Escudero ha citado a sus senadores el martes 3 a las 17 horas. En la primera votación, los consejeros, para salir elegidos, han de obtener una mayoría de dos tercios.

La primera vuelta en el Congreso es el lunes 2, y la segunda, el miércoles 4. En el Senado, la primera sesión es el martes 3, y el jueves 5, la segunda

Pero si, como parece más que previsto, los aspirantes no reciben ese respaldo, hay que proceder a una segunda votación, 48 horas después de la primera. Por eso se ha programado pleno en el Congreso el miércoles 4 y en el Senado el jueves 5. En esta segunda ronda, los candidatos necesitan el aval de una mayoría absoluta y el respaldo de al menos la mitad de los grupos de la Cámara que corresponde. Como en los dos hemiciclos hay un total de siete grupos, el PSOE necesitará, en consecuencia, el respaldo de cuatro de ellos.

Ciudadanos ya ha dicho que no entrará en ninguna negociación, y el PP presentará su propia lista. En caso de que no hubiera consenso con los conservadores, los socialistas necesitarían la alianza de los partidos que apoyaron la moción de censura: Unidos Podemos, ERC, PNV y parte del Mixto (Compromís, PDeCAT, Nueva Canarias y Bildu). Eso, en el Congreso. En el Senado, el PP no podría sacar adelante su candidatura si no pacta: tiene mayoría absoluta por sí mismo, pero precisaría el apoyo de tres grupos más. A la inversa, el PSOE no puede ver prosperar ninguna lista si no se alía con los populares, ya que ni sumando a todos los demás llegaría a la mayoría absoluta. La cuenta, hasta este punto, es de cuatro plenos. Dos en cada Cámara.

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¿Qué pasa si el Senado no actúa?

Si el Senado no elige a los cuatro consejeros que le corresponden, la pelota, según el real decreto ley, vuelve al Congreso. Tendrá hasta el 18 de julio para designarlos. Para cumplir este paso, se procedería del mismo modo, debiendo celebrarse previsiblemente tres sesiones plenarias hasta esa fecha, según especifican los letrados. Una primera votación para elegir cuatro consejeros por mayoría de dos tercios. Si no se obtiene ese respaldo, 48 horas después habrá una segunda votación para la elección por mayoría absoluta y aval de cuatro grupos.

Si la Cámara Alta no elige sus cuatro consejeros, el Congreso tiene 10 días más y tres plenos para culminar la elección y designar al presidente

En esa misma sesión se produciría la primera ronda para la designación del presidente de la corporación por mayoría de dos tercios. Y si no se consigue, habría que ir a un séptimo pleno dos días después para votar al jefe de RTVE por mayoría absoluta. En todas estas sesiones el procedimiento de votación es tedioso. Tras una primera y breve defensa (cinco minutos) por parte de los grupos de sus candidaturas, sus señorías han de escribir los nombres en una papeleta. Serán llamados uno a uno por la Mesa y habrán de depositarla en urna secreta, tras lo cual comenzará el recuento.

¿Y qué pasa si no se elige al consejo interino?

El real decreto ley prevé una válvula de escape si no funciona el procedimiento: el nombramiento de un administrador provisional único de RTVE. ¿Cuándo sucede eso? En dos circunstancias. Uno, cuando el 8 de julio el Congreso no ha elegido a los seis consejeros que le tocan. Y dos, cuando en caso de que el Senado no haya designado a sus cuatro miembros y el Congreso, en los diez días extra que se le conceden (hasta el 18 de julio), no logra consensuar esa parte de la candidatura. Si se da uno de esos dos casos, el Gobierno procede al nombramiento de un administrador único, que deberá ser sometido al refrendo del Congreso. De nuevo, por mayoría de dos tercios en primera vuelta y por mayoría absoluta (176 diputados) en segunda.

¿Cómo se convalida el real decreto ley?

Los reales decretos ley han de ser convalidados por el pleno del Congreso en un plazo de 30 días. Se exige mayoría simple, más votos a favor que en contra. Si en ese plazo no se logra ese respaldo, el texto decae. Muere.

El Ejecutivo tiene hasta el 28 de julio para que su texto pase el filtro del pleno de la Cámara Baja. Si no reúne los apoyos, el decreto decaerá

Los letrados señalan que la Cámara Baja tiene hasta el 28 de julio para proceder a convalidar el decreto. Como el Parlamento se encuentra desde el día 1 en periodo de vacaciones parlamentarias, el pleno se convocará a solicitud del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de la Cámara en la fecha que determine la presidenta, Ana Pastor. Esta sería, pues, la octava sesión plenaria que haría falta señalar (contando aparte los plenos en los que se refrendase al administrador único, si hiciera falta llegar a ese último extremo).

Los servicios jurídicos indican que, como el decreto entra en vigor el mismo día de su publicación, se puede ejecutar primero y convalidarlo después. ¿Qué ocurriría si se elige a los consejeros pero el Gobierno no logra ver respaldado su texto? En teoría, según fuentes parlamentarias, la designación de los miembros de la cúpula no se desharía, pues todo lo que se ejecute en el periodo de vigencia del decreto estará bien hecho.

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¿Qué ocurre con el concurso público?

Una vez se haya aprobado el consejo temporal o el administrador único, las Cámaras han de continuar con el procedimiento de renovación de la cúpula de RTVE por concurso público.

El decreto modifica asimismo la composición del comité de expertos encargado de evaluar a los aspirantes del concurso: deshace el pacto PP-Cs

El decreto ley contiene una disposición final que modifica en un punto la reforma de 2017. Precisa cómo ha de componerse el comité de expertos encargado de evaluar a los candidatos que se presenten a ocupar una plaza de consejero o presidente de RTVE. Se dice que "cada grupo parlamentario con al menos un representante en la Comisión Mixta [de Control de la corporación] podrá designar a una persona para su nombramiento como experto. Adicionalmente, cada miembro de la Comisión Mixta podrá proponer la designación de otra persona, siendo nombradas aquellas que hayan sido propuestas, al menos, por cuatro miembros".

placeholder Los nueve miembros del consejo de administración de RTVE que el pasado 22 de junio cesaron y entraron en funciones. (rtve.es)
Los nueve miembros del consejo de administración de RTVE que el pasado 22 de junio cesaron y entraron en funciones. (rtve.es)

Esta disposición final impone que el comité de expertos esté integrado por entre 15 y 17 miembros. Pero la Mesa del Congreso, en su reunión del 19 de junio, antes de la aprobación del decreto, aprobó, con la mayoría de PP y Cs, que ese órgano se compusiera por 13 personas. De ellas, seis serían elegidas por los populares y una por los naranjas, por lo que tendrían mayoría de bloqueo. Los letrados señalan que como el decreto ley modifica esa distribución, la Mesa la Cámara Baja tendría que readaptar su acuerdo para acoplarse al texto del Gobierno. Una vez rehecho, sería ratificado por la Mesa del Senado. Entonces, el reglamento del concurso público entraría en vigor y arrancaría todo el proceso.

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¿Por qué el Gobierno ha aprobado el decreto?

El Ejecutivo alegó que intentaba atajar una situación "anómala, excepcional y de emergencia". Por dos razones. Una, porque el concurso no acababa de arrancar. El PP accedió a desatascarlo el 19 de junio en el Congreso, pero aliándose con Cs y dejando fuera a Podemos y PSOE, garantizándose una mayoría en el comité de expertos. El Gobierno reacciona modificando ese reparto. Y a la vista de que la renovación por concurso podría embarrancar, obliga a las Cámaras a cambiar la cúpula de la corporación. La segunda razón es que el pasado 22 de junio, el mandato del presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, bestia negra para sus trabajadores, vencía, y con él de los cuatro consejeros que fueron nombrados en 2012. Otros cuatro miembros de la cúpula que comenzaron su periodo en el poder de la radiotelevisión pública en 2007 habían agotado su tiempo a los seis años, en 2013. Por tanto, decía el Gobierno, había que acabar con un periodo de interinidad. Un "vacío de poder". Sin embargo, en 2011, el entonces jefe de la corporación, Alberto Oliart, dimitió, y la dirección decidió que cada uno de los consejeros rotara en la presidencia de forma mensual.

Los consejos de informativos han celebrado que el real decreto ley expulse de RTVE a la actual cúpula de Sánchez, a la que acusan de haber liderado la etapa más oscura de la casa. Pero no creen en el real decreto ley y exigen el concurso. Y quieren que les dirija un profesional independiente, que conozca el mundo de la tele y que no responda a consignas políticas. Por eso rechazan a Andrés Gil, sin experiencia en el sector audiovisual y hombre elegido por Podemos. Si no, amenazan, continuarán con sus #ViernesNegros. Con sus protestas, de luto, en las pantallas.

La renovación exprés del consejo de administración de RTVE está convirtiéndose en la primera prueba parlamentaria para el Gobierno de Pedro Sánchez. Y nada fácil. Podemos se empeña en que el nuevo presidente de la corporación sea el periodista de eldiario.es Andrés Gil, que no reúne aún el consenso necesario suficiente y cuenta con un rechazo total por parte de los trabajadores de la casa, que se temen que la manipulación informativa proceda de la otra trinchera, la de la izquierda, y no quieren a un profesional que no conozca el mundo audiovisual. Pero el procedimiento tan anómalo elegido por el Ejecutivo y la imposición de una tramitación acelerada, que pilla a las Cámaras oficialmente en vacaciones parlamentarias, puede obligar a la celebración de hasta ocho sesiones plenarias en Congreso y Senado para ejecutar y convalidar el real decreto ley en vigor desde el pasado 23 de junio. Un camino proceloso que evidenciará la debilidad parlamentaria del PSOE y la falta de un consenso a varias bandas, que era uno de los objetivos de los socialistas cuando arrancó esta legislatura como receta para liquidar una etapa negra en la radio y tele públicas.

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