La justicia rectifica y libra al rey de la expropiación de la condena por negligencia

José Manuel Serrano Alberca, letrado de las Cortes que a la vez ha hecho fortuna contra el Estado defendiendo a clientes expropiados, se ha salvado de la condena por negligencia. La Audiencia Provincial de Madrid ha rectificado la sentencia inicial que le obligaba a indemnizar a unos clientes que denunciaban no haber logrado, como sí hicieron otros despachos, la máxima tasación para ellos. La sentencia señala que "no hubo negligencia profesional" y llega después de quejas a la comisión deontológica del colegio de abogados de por medio.

Serrano Alberca es un nombre que no dice mucho a quien no está en el ajo. Pero en los pasillos del poder económico y financiero de la capital, de los ministerios a la judicatura y los despachos de abogados, es muy conocido. Serrano Alberca es sinónimo de expropiaciones. Heredero de una gran bolsa de suelo en Alcobendas, al norte de Madrid, este letrado de las Cortes pronto compaginó su trabajo como funcionario con la abogacía por lo privado. Él fue el letrado que asesoró a la comisión constitucional que en 1978 alumbró la Constitución. Así que si no es uno de los padres fundadores sí es un tío del régimen del 78.

Las monjas de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús cobran 80 millones por una finca de secano junto al aeropuerto

Con esas credenciales movió libros, congresos, jornadas, conferencias... siempre sobre derecho urbanístico. En 1992 publicó uno de los manuales de referencia, 'El Derecho de Propiedad, la expropiación y la valoración del suelo'. "Desde 1992, Serrano Alberca & Conde ha prestado asesoramiento jurídico a propietarios con más de 15,5 millones de metros cuadrados de suelo afectado en procesos expropiatorios, llegando a obtener justiprecios muy superiores a los propuestos por las administraciones públicas expropiatorias, alcanzando incluso a multiplicar por 27, 35 o 70 veces el valor inicial", explica el despacho en su web.

Simplificando, la idea que desarrolló Serrano Alberca y que consiguió que calara en los tribunales es que aunque el suelo fuese un secarral sin valor, al ser expropiado para una infraestructura y quedarse por ejemplo al lado de un aeropuerto debía valorarse en mucho más. Es decir, que ese aeropuerto, "crea ciudad" y revaloriza el terreno expropiado. Así, todo lo que quedaba dentro de la M-50 debía ser valorado como urbanizable precisamente porque esa circunvalación hacía inmediatamente que valiera más. Un círculo vicioso que hacía imposible expropiar nada para el Estado o empresas como AENA si no era a precio de oro. El sistema acabó con una ley de 2007, pero para entonces esas expropiaciones ya habían contribuido a quebrar las radiales y encarecieron la ampliación de Barajas de 390 millones previstos inicialmente a más de 2.000 millones. En medio hubo un formidable negocio para Serrano Alberca. Odiado en el Ministerio de Fomento por encarecer para sus clientes las expropiaciones y funcionario en las Cortes a la vez que machacaba al Estado en los tribunales, el bufete acumuló a la mayoría de los dueños del suelo.

"Lo conseguido por el despacho en el justiprecio de las expropiaciones fue un éxito rotundo"

Pero algo se torció momentáneamente para el despacho. En 2016, una familia dueña de un terreno afectado por la ampliación de Barajas demandó al despacho. Le reclamaban 7.187.313 euros más intereses. Desde 1999, Serrano Alberca había defendido a los dueños en la expropiación de 21 fincas en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas para las obras del aeropuerto. La justicia les dio un precio de 95,67 euros por metro cuadrado, lo que en total hacía unos 12 millones de euros. A tenor de lo que consiguieron otros despachos, denunciaron podrían haber sacado bastante más si hubieran pedido en plazo la retasación, la fórmula que en los años de la burbuja permitía elevar el precio del suelo si, como era habitual, la Administración no pagaba en dos años.

La demanda consideraba que el despacho había incurrido en una negligencia por "no formular la solicitud de retasación de las fincas" antes de que pasaran dos años y por recibir el dinero sin tener "la cautela de hacer protesta alguna o reserva de su derecho en el momento del cobro". La juez consideró que había incurrido en "una actuación negligente de los demandados desde el punto de vista de la 'lex artis' profesional, por no informarles y aconsejar a los actores que al efectuar el cobro del justiprecio e intereses estos no manifestaran su reserva a su derecho de retasación". La primera sentencia calculó que de haber pedido la nueva valoración al alza del suelo podrían haber conseguido un precio de 171,06 euros por metro cuadrado (lo que obtuvieron en las únicas dos fincas donde hubo retasación) y cifra que el despacho debía pagar la diferencia: 7,187 millones de euros más intereses.

"No resulta acreditada la negligencia de los demandados ni la relación de causalidad de su actuación con la no obtención de un precio mayor"

Eso abría un boquete enorme a Serrano Alberca. No solo por la reputación, sino porque otros muchos propietarios podían seguir ese camino. Los propietarios pedían incluso llegar a los 271 euros por metro cuadrado, lo que permitió a las monjas de la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús cobrar hasta 80 millones por una finca de secano junto al aeropuerto. Los Serrano Alberca, un despacho familiar en el que están ahora al frente sus hijos, recurrieron a la Audiencia Provincial. Era una revisión a todo o nada, que planteó representado por el despacho CMS Albñana y Suárez de Lezo. Serrano Alberca es una persona muy bien relacionada, amigo del ex fiscal general del Estado y de otros personajes relevantes del mundo judicial. Al poco de tomar posesión este, el despacho presentó una queja contra la comisión deontológica contra uno de sus exempleados —familia política, además— que había declarado como testigo contra ellos en el juicio.

Un tribunal de la Audiencia Provincial se reunió el pasado 30 de abril. Pero en esa fecha, y sin notificarlo a las partes, cambió la composición del tribunal. José González Olleros dejó paso a Miriam Iglesias García-Villar, aunque fuentes de la Audiencia consideran que es algo normal y que solo deben notificar el cambio de ponente. La sentencia no admite los primeros motivos de recurso del despacho, que alegaba que con el encargo de las expropiaciones no se incluía la retasación. Pero sí acepta los siguientes. Considera que la declaración de un abogado que dejó el despacho y que hizo de testigo contra Serrano Alberca tiene un interés "escaso o casi inexistente" por sus enfrentamientos profesionales con el bufete.

La sentencia sí admite otros motivos de la apelación. "No resulta acreditada la negligencia de los demandados ni la relación de causalidad de su actuación con la no obtención de un justiprecio superior de la expropiación de las fincas", concluye el tribunal, que señala que con los clientes les unía un contrato que garantizaba el trabajo, no los resultados en los tribunales. "La responsabilidad contractual definida en el Código Civil requiere, para ser apreciada, la concurrencia de una conducta culposa o negligente", algo que consideran que no concurre en este caso. Señalan que si cambió todo el sistema fue por una orden ministerial de 2008 que no era previsible.

En un correo, Serrano Alberca muestra su satisfacción por haber ganado el pleito: "Como ya manifesté en el momento de salir la sentencia de primera instancia, lo conseguido por el despacho en el justiprecio de las expropiaciones fue un éxito rotundo, gracias a muchísimo trabajo durante muchísimos años por parte de los profesionales de Serrano Alberca, que permitió a los propietarios de suelo rústico expropiados conseguir unos justiprecios muy elevados".

Contra el fallo cabe recurso de casación al Supremo, que de admitirlo a trámite dirimiría un tema de enorme importancia para la abogacía: ¿dónde empieza la negligencia en caso de no ganar un pleito o no conseguir el mejor resultado posible? Es un asunto capital para los despachos, con muchos intereses en juego, y en el que los médicos —ya acostumbrados a verse acusados de negligencia por errores médicos— conocen bien lo que pueden llegar a perder.