Llarena da dos días a Puigdemont y los otros 13 procesados para depositar 2,1 millones

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado dos días a los catorce miembros del Govern cesado que han sido procesados -entre ellos Puigdemont y Junqueras- para pagar la fianza de responsabilidad civil fijada en 2.135.948 euros. En caso contrario, el juez avisa en su providencia de que procederá a embargar sus bienes para cubrir las cantidades reclamadas.

La decisión del magistrado afecta a los siguientes políticos: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borrás, Clara Ponsatí, Antonio Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluis Puig, Carles Mundo, Dolors Bassa, Santiago Vila y Meritxell Serret.

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En su providencia, el magistrado les insta a pagar de forma solidaria y en un plazo de dos días la cantidad exigida y les advierte de que si no lo hacen embargará sus bienes, por lo que se trata de una medida que ni siquiera los que huyeron al extranjero podrán evitar.

En lo que se refiere a cómo se ha fijado dicha cantidad, Llarena apunta a que en el referéndum del 1 de octubre se gastaron 1,6 millones de euros, a lo que de acuerdo con la ley hay que añadir un tercio más.

Luz verde al traslado de Junqueras y Romeva

En una segunda providencia emitida este viernes por Llarena, el magistrado responde a las peticiones de Raül Romeva y Oriol Junqueras que, "por razones de vinculacion familiar", solicitan abandonar la cárcel de Estremera para ingresar en las prisiones de Barcelona y Brians II.

Al igual que hizo este jueves con los casos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell y Dolors Bassa, quienes también han solicitado su traslado a prisiones catalanas, el juez sostiene que "no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación".

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De esta manera, la decisión queda en manos de los responsables penitenciarios, quienes dependen a su vez del Ministerio del Interior. En este sentido, cabe recordar cómo el ministro Fernando Grande-Marlaska avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción, que está próxima a su final, y recalcó que aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez instructor. Tras la respuesta de esta semana del juez, la decisión está ahora en manos del propio Grande-Marlaska.