Galicia: tres años de cárcel a dos agentes de la Guardia Civil por chivatazos a narcos

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a unos tres años de prisión a dos agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra por sendos delitos de revelación de secretos tras ser sorprendidos filtrando datos sensibles de investigaciones abiertas a supuestos narcotraficantes.

Uno de los agentes, Javier L.S., miembro del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO Galicia), ha sido condenado a la pena de tres años de prisión, multa de 15 meses a razón de 10 euros al día y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años, según se recoge en el fallo judicial.

Además, la Audiencia de Pontevedra ha condenado a Diego F.C., guardia civil integrante de la Policía Judicial, a la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 17 meses a razón de 10 euros al día y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos años y 6 meses.

Ambos acusados han sido absueltos del delito de integración en grupo criminal, del delito de encubrimiento y de un delito continuado contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de grupo criminal.

Un enlace entre las partes, también procesado

El tercero en sentarse en el banquillo por este caso fue Juan Carlos S., acusado de ser el enlace entre los citados agentes del Instituto Armado y los supuestos narcotraficantes. La Audiencia provincial le ha impuesto una pena de dos años y tres meses de prisión como autor de un delito de revelación de secretos cometido por particular, absolviéndole del delito de integración en grupo criminal.

Las magistradas de la Sección Cuarta consideran probado que los dos agentes condenados, acordaron que "valiéndose de su destino profesional", se harían con diversa "información relevante y sensible" de las distintas investigaciones y operaciones judicializadas llevadas a cabo en su unidad "relativas esencialmente a la materia de narcotráfico" siendo Diego F.C. quien, una vez la tuviera en su poder, "procedería a su revelación y difusión".

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La sentencia concluye que ambos eran "conscientes del perjuicio que tanto para la administración pública como para los particulares afectados causaban con sus acciones así como de las graves consecuencias que para las investigaciones y operaciones generaban".

Las penas impuestas son muy inferiores a las que solicitaba la fiscal del caso, Marta Durántez, que pedía una condena de 11 años y medio de cárcel para cada uno de los guardias civiles, al entender que eran autores de un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal.

La sentencia no es firme y contra ella, cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.