La Fiscalía pedirá prisión provisional para el Guardia Civil de La Manada

La Fiscalía ha solicitado al tribunal que convoque una nueva comparecencia con el miembro de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, que el lunes intentó renovar el pasaporte pese a tener prohibido abandonar territorio español. En dicha comparecencia la Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión "ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro".

La Fiscalía ha solicitado esta comparecencia tras recibir una comunicación oficial de la Jefatura Superior de Policía en la que informaba del intento del condenado Antonio Manuel Guerrero de obtener dicho documento.

Asimismo, el Ministerio público ha solicitado también a la sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla por si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.

Ya pidió el reingreso en prisión de los cinco

La Fiscalía de Navarra había solicitado antes que se revocara la puesta en libertad provisional de los cinco integrantes de La Manada y se decretara su reingreso en prisión al defender que resulta “más notorio” el riesgo de fuga al estar siendo investigados cuatro de ellos por otro presunto delito de abuso sexual y contra la intimidad por unos hechos sucedidos en Pozoblanco (Córdoba). Este otro procedimiento, según alegó, "incrementa el riesgo de que traten de sustraerse a la acción de la justicia" y, además, “pone de manifiesto un riesgo concreto de reiteración delictiva”.

Así lo expuso en el recurso de súplica que presentó ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra su decisión de ordenar la excarcelación provisional de los cinco jóvenes sevillanos condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento a la espera de que se agote la vía judicial y la sentencia sea firme.

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El recurso en el que el Ministerio Público alerta del riesgo de fuga está fechado este pasado lunes 25 de junio, justo el mismo día que el guardia civil Antonio Miguel Guerrero intentó lograr un pasaporte a pesar de que tanto él como los otros cuatro procesados tienen prohibido salir del territorio. En todo caso, la Fiscalía desconocía esta circunstancia al registrar el recurso de súplica, la cual se ha conocido este jueves. La retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España sin autorización judicial son dos de las medidas que la Audiencia de Navarra impuso a los integrantes de La Manada para poder salir en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros. Los cinco integrantes de La Manada deben comparecer en el juzgado de guardia de Sevilla los lunes, miércoles y viernes, y tienen prohibido acudir a la Comunidad de Madrid, lugar de residencia de su víctima.

El Ministerio Público se muestra muy crítico con los argumentos esgrimidos por los dos magistrados que avalaron la puesta en libertad provisional de La Manada, Raquel Fernandino y Ricardo González, que decantaron la balanza a favor de la excarcelación en contra del criterio del presidente de la Sección Segunda, José Francisco Cobo, que emitió un voto particular para defender la prórroga de la prisión provisional.

La Audiencia de Navarra entiende que ya no concurren los riesgos de fuga y de reiteración delictiva por los que se había mantenido en prisión provisional a los cinco integrantes de La Manada. Sin embargo, la Fiscalía replica que “el riesgo de fuga, no solo no ha desaparecido, sino que resulta más notorio”, ya que, si bien las penas impuestas han sido “sensiblemente inferiores” a las solicitadas –reclamaba 22 años y 10 meses de prisión– “no es menos cierto que, aún no siendo firme, sí pesa ahora sobre ellos una pena grave derivada de la comisión de un delito grave”.

Además, apunta al hecho de que cuatro de los cinco procesados, a excepción de Ángel Boza, “están siendo investigados por sendos delitos de abuso sexual y contra la intimidad, presuntamente ocurridos en Pozoblanco, delitos que, como mínimo, llevan aparejadas penas de uno a tres años de prisión y de dos a cinco respectivamente, lo que incrementa el riesgo de que traten de sustraerse a la acción de la Justicia”. “A nuestro entender el riesgo de fuga se sigue manteniendo y es motivo suficiente para prorrogar la prisión provisional”, asevera.

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La juez que instruye en Pozoblanco el caso de presuntos abusos sexuales a una joven por parte de cuatro miembros de La Manada ha dictado recientemente una orden de alejamiento para proteger a la víctima, de modo que los investigados no pueden acercarse a 500 metros del lugar donde resida la víctima o de su puesto de trabajo. Precisamente, el procedimiento judicial de Pozoblanco es ya de por sí motivo suficiente, a juicio de la Fiscalía, para rechazar que no exista riesgo de reiteración delictiva. Este caso, según señala, hace que “de momento contemos al menos con indicios de que las conductas objeto de este procesamiento [los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016] no son un hecho aislado sino que, por el contrario, ponen de manifiesto un riesgo concreto de reiteración delictiva”.

A este respecto, desacredita el argumento de la Sección Segunda de que la “perdida del anonimato” de los cinco procesados hace “poco menos que impensable” el riesgo de reiteración delictiva. “La alegación de que los procesados no van a reincidir porque han perdido su anonimato, simplemente conduce a excluir el riesgo de reiteración delictiva a cualquier procesado por hechos graves que hayan tenido trascendencia mediática y a hacer innecesaria dicha medida cautelar”, rebate la Fiscalía con contundencia.

"Alegar que los procesados no van a reincidir porque han perdido su anonimato conduce a excluir el riesgo de reiteración delictiva a cualquier procesado por hechos graves que hayan tenido trascendencia mediática"

La posibilidad del riesgo de fuga y de reiteración delictiva ha motivado que a lo largo del proceso la Audiencia de Navarra haya rechazado hasta en tres ocasiones la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes sevillanos con el voto favorable de Cobo y Fernandino y el rechazo de González, que no sólo se ha posicionado en todo momento a favor de la excarcelación provisional de los jóvenes sino que además emitió un polémico voto particular que pedía la absolución de los acusados en la sentencia que les condenó a nueve años de prisión. Pero ahora, Fernandino ha cambiado el criterio que había venido manteniendo para alinearse con González y decantar la balanza a favor de la excarcelación provisional.

La última vez que Fernandino se opuso a la puesta en libertad provisional fue justo nada más el juicio, en noviembre del pasado año. La Fiscalía no pasa por alto este hecho y reprocha que ahora se haya cambiado de criterio cuando las circunstancias entonces “eran las mismas que concurren en la actualidad”. “No acertamos a entender entonces por qué no se acordó la libertad de los procesados una vez celebrada la vista oral en noviembre de 2017, tal y como se solicitó por las defensas, si las circunstancias en ese momento en cuanto a riesgo de fuga, arraigo familiar, capacidad económica o la pérdida de su anonimato y facilidad para ser localizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ausencia de riesgo de reiteración delictiva eran las mismas que concurren en la actualidad”, asevera.

"Nos resulta manifiestamente injusto que sea la víctima quien sufra una mayor limitación de sus derechos", reprocha la Fiscalía en su recurso

En sus argumentos, la Fiscalía censura que se limiten más los derechos de la víctima, una joven de Madrid que en el momento de los hechos tenía 18 años, que los de los acusados, circunstancia en la que ya incidió el presidente de la sala para oponerse a la decisión de su puesta en libertad provisional. “Atendiendo a las circunstancias expuestas por la acusación particular, que es quien mejor conoce la situación que ha vivido y está viviendo la víctima, las medidas acordadas en al auto nos resultan claramente insuficientes”, expone.

Así, precisa que “es de reseñar especialmente el hecho de que a los procesados se les imponga respecto al alejamiento de la víctima únicamente la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid y se justifique que no haya mayor riesgo por residir a más de 500 kilómetros de distancia”. Esta distancia, según alega, “no es especialmente importante en la actualidad con los medios de transporte existentes, que permiten recorrerla en poco tiempo, por lo que no es un motivo que pueda justificar la ausencia de riesgo”. Por otra parte, señala que la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid “supone una mayor limitación deambulatoria por el territorio nacional para la víctima que para los propios acusados, ya que si la víctima sale del territorio de su comunidad, ya sea de viaje o para desarrollar una actividad laboral o estudiar, no contará con ninguna medida específica de prohibición de acercamiento de los procesados, lo que nos resulta manifiestamente injusto, que sea la víctima quien sufra una mayor limitación de sus derechos”.

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La Fiscalía "comparte" las alegaciones formuladas en su voto particular por el presidente de la Sección Segunda, que alertaba de que las medidas ordenadas para decretar la libertad de los integrantes de La Manada “se pueden revelar ineficaces”. Cobo sostiene que la estabilidad domiciliaria de los procesados, la disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida o la integración en su contexto familiar y convivencial extenso “no permiten, en mi consideración, conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia".

“Corresponde a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, siendo ambas la esencia de la función jurisdiccional y ambas necesarias para que la justicia sea real y eficaz. De nada sirve juzgar si no se ejecutan las resoluciones judiciales y, por tanto, la ejecución no es una fase aislada. Es una fase más del proceso y cuando una persona puede sustraerse de la acción de la justicia en cualquiera de sus fases, es preciso acordar las medidas necesarias para que ello no ocurra”, refleja la Fiscalía en su recurso de súplica para solicitar el reingreso en prisión provisional de los miembros de La Manada.

Está por ver qué efectos puede tener que Guerrero intentara obtener un pasaporte tras salir de prisión y si la Audiencia de Navarra adopta alguna medida

La acusación particular que representa a la víctima también ha recurrido el auto de la Sección Segunda que decretó la puesta en libertad de los integrantes de La Manada. También ha formalizado este paso el Ayuntamiento de Pamplona, que ejerce de acción popular en el caso junto al Gobierno de Navarra, que igualmente va a presentar un recurso de súplica ante la Audiencia de Navarra para reclamar el regreso a la cárcel de los cinco jóvenes andaluces. En todo caso, a priori, resulta bastante improbable que la misma sala que ordenó la libertad provisional de los procesados cambie de criterio en apenas unos días y corrija una decisión que ha vuelto a provocar una ola de indignación social. Sin embargo, el intento de uno de los integrantes de La Manada de lograr un pasaporte el primer día hábil tras su puesta en libertad provisional podría llevar a un cambio de criterio si el tribunal determina que ha tratado de burlar las medidas impuestas. De este modo, está por ver qué efectos puede tener la actuación de Guerrero y si la Audiencia de Navarra adopta alguna medida.