sería un traslado de solo unas semanas

Los presos no irán a Cataluña (salvo orden política): el juicio empieza tras la instrucción

Un cambio de prisión sería fugaz y abarcaría únicamente la fase intermedia que va desde la conclusión del sumario hasta el arranque de la vista oral

Foto: Concentración de apoyo a los presos en Barcelona. (EFE)
Concentración de apoyo a los presos en Barcelona. (EFE)

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha cumplido tres semanas y ya tiene un tema recurrente sobre la mesa. El traslado de los presos catalanes a cárceles cercanas a su entorno familiar, exigencia clave de los partidos independentistas PDeCAT y ERC que dieron su apoyo al nuevo Gobierno en la moción de censura, se ha convertido en una patata caliente que todos tratan de sortear.

Desde la Moncloa y el Ministerio del Interior, la consigna es muy clara: no habrá cambio de prisión a una catalana hasta que no finalice la instrucción. Fuentes jurídicas señalan a El Confidencial que, tras esa fase, cuya conclusión está ya cercana, el juicio estará más próximo y avisan que es precisamente entonces cuando la permanencia de los procesados en la causa que sigue el Tribunal Supremo sobre el desarrollo del 'procés' en prisiones a cientos de kilómetros del lugar donde se celebrará la vista oral es imposible.

Siguiendo el discurso que ya ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha reiterado en varias ocasiones que no se procederá a trasladar a cárceles del territorio catalán a los líderes independentistas presos mientras que la fase de instrucción no concluya. Durante este periodo, el juez del caso, Pablo Llarena, puede requerirlos para alguna diligencia, ha dicho. También lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista concedida a El Confidencial donde admitió la posibilidad de que Junqueras y el resto de encarcelados sean transferidos a prisiones de Cataluña para regresar a tiempo para la vista oral.

Contando con que el juicio se prevé para el otoño, noviembre máximo, según las últimas previsiones, solo una decisión política generará el cambio de ubicación penitenciaria de Oriol Junqueras y los otros siete preventivos. Un cambio que, en todo caso, será fugaz y abarcaría únicamente la fase intermedia que va desde la conclusión del sumario hasta el arranque de la vista que debe celebrar el Supremo ante un tribunal de siete magistrados. Los trámites de ese intervalo del procedimiento ordinario pueden alargarse dos o tres meses.

Contando con que el juicio se prevé para el otoño, noviembre máximo, solo una decisión política generará el cambio de ubicación

Después solo quedará la vista oral que será maratoniana y se prolongará durante semanas, más si no se fijan sesiones de mañana y tarde. Los acusados, 25, sí deben estar para entonces a disposición permanente del Alto Tribunal y asistir a todas las sesiones, previsiblemente diarias. Así, el Ejecutivo de Sánchez tendría que valorar la reubicación de nueve personas para un periodo tan corto.

Avisan también de que las competencias penitenciarias están transferidas en Cataluña y que será la Generalitat, en última instancia, quien debe atender la orden de regreso a Madrid si se presenta este escenario. También que decisiones como la progresión en grado o los permisos dependerían del Gobierno autonómico una vez haya contra ellos sentencia firme. Por todo ello, las fuentes consultadas apuntan que la lógica indica que tendría más sentido un cambio de prisión al término del procedimiento completo y tras la sentencia.

Riesgos de seguridad

Existe otro factor que puede condicionar la decisión: el evidente riesgo de seguridad que un traslado así implica. El mismo juez Llarena ya lo apuntó en distintos autos en los que negaba a los presos acudir al Parlament de forma puntual. Entonces aseguraba, por ejemplo, que afrontar unas conducciones de salida y de retomo del centro penitenciario, en fecha y horas pautadas y con un lugar de recogida de los reos conocido, y con la garantía de que "se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional". Este criterio es aplicable a mayores si se valora una estancia permanente en un punto conocido por todos los ciudadanos.

Llegada de Junqueras a la Audiencia Nacional antes de su entrada en prisión. (EFE)
Llegada de Junqueras a la Audiencia Nacional antes de su entrada en prisión. (EFE)

La cuestión de los presos se ha convertido en un tira y afloja entre el poder ejecutivo y judicial desde el estreno del Gobierno socialista. Tras el desembarco de los de Sánchez, voces del entorno gubernamental avisaban de forma recurrente que la decisión no era suya sino del juez Llarena. El magistrado se apresuró a desmentir este extremo en un auto en que recalcó que la competencia en esta área es exclusiva de Interior.

Distintos representantes gubernamentales han matizado en sus últimas declaraciones sus primeras afirmaciones al respecto. Ha dicho ahora que, aunque el Ejecutivo no necesita la "autorización del juez competente" para trasladar a un preso de cárcel, si requiere "su visto bueno", ya que mientras no termine la fase de instrucción de una causa el recluso puede ser llamado en cualquier momento al juzgado. Si el juez no pone objeciones, como ya ha avanzado, los presos serán trasladados.

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