La jueza revela que la normativa impedía a Casado convalidarse 18 de 22 asignaturas

La jueza que investiga las presuntas irregularidades del máster de Pablo Casado y Cristina Cifuentes sostiene que el candidato a la presidencia del Partido Popular habría recibido un trato de favor que le permitió concluir sus estudios en condiciones claramente ventajosas. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, señaló este jueves durante la declaración en calidad de testigo del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, que la normativa impedía que Casado se convalidara 18 de las 22 asignaturas que integraban el programa académico del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico. A pesar de ello, la universidad le permitió hacerlo, liberándole así de 40 de los 60 créditos totales de los estudios, el 66%.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas, la jueza reveló la existencia de esta limitación mientras estaba declarando Ramos. Aseguró que la normativa que regía cuando Casado se matriculó en el máster (2008-2009) solo autorizaba la convalidación de asignaturas en programas que tuvieran más de 60 créditos, nunca en estudios de menor carga lectiva como el cursado por el dirigente del PP. La magistrada trasladó esa información al rector de la URJC, que llegó al cargo en junio 2017, y le preguntó por qué no se tuvo en cuenta ese dato para rechazar las solicitudes de convalidación de Casado. Ramos respondió admitiendo que desconocía ese punto de la normativa y reconoció que, en ese caso, era evidente que el candidato a liderar al principal partido de la oposición habría conseguido su máster de forma irregular.

La jueza también se detuvo en otro importante detalle relacionado con el máster de Casado. Este ha exhibido varios documentos que demostrarían que obtuvo el visto bueno de la universidad para lograr el reconocimiento de créditos. Uno de ellos, difundido esta misma semana por el propio dirigente en su perfil de Twitter, es el dictamen de la Comisión de Adaptaciones y Convalidaciones de la URJC que oficializó el reconocimiento de las 18 asignaturas. La decisión se produjo el 3 de febrero de 2009 y quedó incorporada al registro general del centro 14 días más tarde.

Se da la circunstancia de que el documento lleva la firma del entonces rector de la URJC, Fernando Suárez. Según las fuentes consultadas por este diario, la magistrada preguntó a Ramos si es habitual que el máximo responsable de la universidad participe en un proceso de convalidación como el que permitió a Casado quitarse de golpe dos terceras partes de los estudios. El actual rector respondió que la implicación de Suárez no tenía sentido y explicó que solo el director del máster puede tomar esa decisión. El rector no tiene ningún papel en el trámite, zanjó Ramos, reforzando las dudas sobre el expediente de Casado.

La declaración de Ramos se prolongó durante casi tres horas en las que ofreció contestaciones vagas sobre cómo se habían desarrollado incluso acontecimientos tan recientes como el escándalo del máster de Cristina Cifuentes. El rector relató que el 21 de marzo, solo unas horas después de que eldiario.es desvelara que la expresidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido su título con al menos dos calificaciones falsificadas, convocó a una reunión a varios de sus colaboradores para decidir cómo iban a enfocar la crisis.

Con continuas imprecisiones que llegaron a irritar a la jueza, Ramos sí admitió que en esa reunión participó una amiga de Cifuentes sin cargo en la URJC, la asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid Maite Feito. También reconoció que ese día conversó en varias ocasiones con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, y con asesores de la presidenta autonómica. Sin embargo, Ramos rechazó que ninguna de esas personas le exigiera fabricar documentos para facilitar una coartada a Cifuentes o que ese tema se tratara durante la reunión en la Universidad Rey Juan Carlos.

Ramos también desmintió que él mismo exigiera la fabricación del acta de defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes al director de estudios, el catedrático Enrique Álvarez Conde, uno de los investigados en la causa. Según afirmó este jueves, se limitó a llamarle para pedirle toda la documentación que tuviera sobre la dirigente del PP con la intención de convocar una rueda de prensa y responder a todas las dudas que ya se habían apoderado de la opinión pública. En ese momento, dijo Ramos, pensaba que la información facilitada por Álvarez Conde era correcta, incluido el acta del trabajo fin de máster. Sin embargo, como desveló este diario el 4 de abril, el documento había sido fabricado la misma mañana en la que saltó el escándalo para simular que Cifuentes había culminado reglamentariamente sus estudios en 2012. Las firmas de dos de las tres profesoras que supuestamente habían integrado ese tribunal imaginario también fueron falsificadas.

Ramos atribuyó la autoría del montaje a Álvarez Conde y aseguró que comenzó a sospechar de su conducta durante la misma rueda de prensa del 21 de marzo. Según afirmó este jueves, fue con las preguntas de los periodistas cuando empezó a tener dudas sobre las pruebas facilitadas por el director del Instituto de Derecho Público (IDP). Ramos alegó que esa tarde ya montó una célula de crisis con colaboradores de su máxima confianza y que, apenas unas horas después, ante la acumulación de indicios de que Cifuentes pudo obtener su máster mediante un fraude, optó por abrir una investigación reservada.