La libertad de La Manada no es excepción: solo el 7% está más de dos años en la cárcel

A días de vencer el plazo máximo de dos años de prisión provisional para La Manada, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes condenados a nueve años por un delito de abuso sexual a una joven durante los Sanfermines de 2016. Los condenados recobrarán la libertad de forma prácticamente inmediata.

Esta excarcelación fue previamente rechazada por el tribunal hasta en tres ocasiones tras alegar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Ahora, el mismo tribunal estima que ya no se dan las circunstancias de riesgo y ha decidido su puesta en libertad provisional a escasas semanas de cumplirse el plazo máximo de dos años.

Sin embargo, esta situación procesal no es una excepción en el sistema judicial de España. Según los datos de Instituciones Penitenciarias proporcionados a El Confidencial a través de la Ley de Transparencia, tan solo el 7% de los condenados se quedan en la cárcel después de cumplir los dos años de prisión preventiva.

A 31 de diciembre de 2017, y sin tener en cuenta las cárceles catalanas por estar transferidas las competencias, la población reclusa en régimen preventivo alcanzaba un total de 7.142 personas. De ellas, tan solo 508 continuaban en la cárcel tras cumplir los dos años del plazo establecido por ley. Este tope de 24 meses se puede superar en determinadas circunstancias y a instancias del tribunal en cuestión. En la mayoría de casos, los encarcelados quedan en libertad antes de cumplir los 22 meses.

De las 58.800 personas que se encontraban encarceladas en prisiones españolas -incluidas las catalanas- a finales de 2017, 8.300 lo estaban de forma preventiva, lo que representa un 14% de la población reclusa total. Esta situación procesal se suele establecer cuando los jueces estiman que existen riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, entre otras causas.

La libertad provisional para La Manada llega después de una ola de indignación social provocada por la imposición de unas penas muy por debajo de las solicitadas por la Fiscalía, que pedía entre 22 y 25 años de prisión. La sentencia fue recurrida por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acciones populares del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Ya se están convocando manifestaciones en Madrid y en Barcelona en contra de la libertad provisional de La Manada.