Batería de leyes de igualdad: primera pueba de fuego para la suma PSOE, Podemos y Cs

Que la igualdad es un asunto prioritario para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado claro. Empezando por el histórico nombramiento de 11 ministras frente a seis ministros y continuando por decantarse por una sola vicepresidencia, que además incluye la cartera de Igualdad. Dicho de otra manera: la coordinación de todos los ministerios y cada decisión que tome el Ejecutivo contará con ese punto de vista bajo la batuta de Carmen Calvo. Unidos Podemos se apresuró a celebrar públicamente la llegada de Sánchez a La Moncloa y esa determinación en concreto. No tardaron tampoco en encomendar al socialista algunos deberes: urge aprobar leyes en ese sentido y que desde la política se aseguren medidas por la igualdad real y efectiva. También Ciudadanos recogió el guante del nuevo Gobierno y, entre otras cosas, presentó el pasado jueves una ambiciosa ley en la misma línea.

La cuestión es si las tareas legislativas progresarán o no, teniendo en cuenta la necesidad de pactos entre varios partidos para dar cualquier paso en el Congreso. Es decir, está por ver si esas leyes "tan urgentes" para España, como dicen distintos representantes, verán o no la luz para que los ciudadanos disfruten de sus avances. Sobre la mesa hay ya una importante batería de medidas registradas que en próximos meses deberán debatirse. ¿Qué propone cada partido? Hay muchos puntos en común entre estas tres fuerzas (PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos), los socios en los que el Gobierno (solo 84 escaños) quiere apoyarse el resto de legislatura.

El principal es el aumento de los permisos de paternidad para responder a un consenso social mayoritario que llama ya a cuidar a los hijos en igualdad. Esta medida también daría solución a uno de los grandes problemas que se encuentran las mujeres en la vida laboral: estar consideradas como mano de obra 'de alto riesgo'. Las tres formaciones creen que si los hombres tienen el mismo derecho a la baja, las empresas dejarán de ver inconvenientes en contratar a potenciales madres. Sin embargo, los partidos chocan en la cuantía de las semanas y el principio de intransferibilidad.

Unidos Podemos registró una ley sobre permisos igualitarios que se debatirá próximamente en el Congreso después de que el Gobierno de Sánchez no vetara el texto la pasada semana (como sí hizo el del PP en dos ocasiones, alegando que supondría un gasto de 3.500 millones de euros). La iniciativa de la formación morada —promovida por la plataforma PPiiNA— plantea una ampliación hasta las 16 semanas del permiso de paternidad, que se equipararía al que tienen las madres. Además, Podemos apuesta por que no sean transferibles y que sean los progenitores los que decidan si las disfrutan de forma simultánea o no. También contemplan dos semanas obligatorias al nacer el niño, manteniendo las otras cuatro para la madre. Por otra parte, añaden otras 10 semanas para cada uno (siempre intransferibles) que podrán repartir como quieran en los primeros 12 meses.

Los socialistas, en cambio, apuestan por igualar las seis semanas obligatorias tras el nacimiento del hijo al segundo progenitor, con el objetivo de que se compartan las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. Eso sí, la propuesta del PSOE —a diferencia de la de Podemos— sí recoge la obligatoriedad de que las tomen de forma simultánea, entendiendo que es la forma de que sea realmente igualitario. Por otro lado, añaden otras 10 para cada uno, que podrán disfrutar a lo largo del primer año. También intransferibles. Por último, plantean un incentivo para aquellas parejas que se cojan la baja completa: podrán contar con una semana extra cada uno. Esta ley fue presentada un día antes del 8 de marzo, el histórico Día de la Mujer.

En el caso de Ciudadanos, que registró su ley el pasado viernes en el Congreso, se amplían y equiparan los permisos a 10 semanas intransferibles para cada miembro de la pareja, más otras 10 semanas que podrán compartirse entre ambos: 30 en total. La formación de Rivera también establece un 'bonus' por corresponsabilidad parental, una especie de incentivo para aquellas parejas que disfruten de la baja de forma igualitaria, que se traduciría en dos semanas más para cada uno, 17 para cada progenitor y 34 en total. En linea con los socialistas, Ciudadanos es partidario de incentivos que ayuden tanto a familias como a empresas a favorecer la conciliación. Sin embargo, les distancia de PSOE y Unidos Podemos la intransferibilidad: el partido naranja considera que la vía no es obligar a que los permisos sean cien por cien intransferibles, sino dejar una parte a disposición de las necesidades de la pareja y, sobre todo, apostar por ese bonus para aquellas que decidan compartir los cuidados equitativamente.

Legislar contra la brecha salarial

A pesar de las diferencias, resulta evidente que existen puntos de unión. Está por ver, en todo caso, cómo se articulan los apoyos en el Congreso para que, al menos, alguna de estas iniciativas salga adelante. Con todo, los permisos de maternidad y paternidad no son los únicos componentes de las leyes. PSOE y Ciudadanos introducen otras muchas claves, aunque combatir la brecha salarial en las empresas juega un rol de gran importancia.

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Paloma Esteban

Los socialistas anunciaron en la presentación de su proyecto (meses antes de llegar al Gobierno fruto de la moción de censura) la inclusión de un régimen sancionador para aquellas administraciones y empresas que incumplan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. En concreto, la ley prevé multas de entre 6.251 y 50.000 euros, siendo infracciones muy graves, entre otros supuestos, impedir el ejercicio corresponsable del derecho de conciliación o despedir a una empleada víctima de violencia machista.

En el caso de Ciudadanos, su ley contempla que la aplicación de planes de igualdad para empresas prevista en la ley orgánica de Igualdad efectiva de 2007 sea obligatoria ahora en las compañías de más de 100 trabajadores (hasta el momento, lo es en aquellas de más de 250 empleados). También se recoge la obligación de que esas empresas establezcan objetivos concretos de presencia de mujeres en sus consejos de administración.