Aquarius, Franco o tarjeta sanitaria: el PSOE resitúa el debate en el eje izquierda-derecha

Durante meses, la dirección del PSOE observaba con cierta resignación cómo el debate público se situaba en unas coordenadas adversas. Cataluña. Todo giraba en torno al pulso soberanista. El referéndum del 1-O, la declaración unilateral de independencia, el 155, las elecciones autonómicas, la búsqueda de un nuevo Ejecutivo, los avances del caso en los tribunales, la huida de Carles Puigdemont y de medio ex Govern. El 'procés' sumía España en una crisis inédita y grave, jamás vista en los últimos 40 años, y forzaba a los partidos constitucionalistas a responder de manera excepcional. Aquellas semanas y meses sirvieron a Pedro Sánchez para reforzar su papel de hombre de Estado, pero también para desdibujar la iniciativa política de su partido. A la vuelta de las vacaciones de Navidad, el PSOE intentó que su agenda propia aflorase (pensiones, igualdad...), pero no siempre era sencillo. Pero ahora todo ha cambiado. Radicalmente. Con Sánchez en el Gobierno, el control de la agenda y el impulso político son suyos. Y el presidente ha hecho todo lo posible para ubicar el debate en otras claves. En el eje izquierda-derecha, que los socialistas creen explotar mejor porque los recoloca ante su electorado.

Sánchez ha cumplido dos semanas en La Moncloa, aunque su Gobierno acumula aún menos días. En ese corto tiempo se puede encontrar un hilo conductor en sus primeras decisiones y anuncios: la prioridad de la agenda social, además de la estrategia de distensión con Cataluña. Ese camino achica el espacio a su potencial socio, Unidos Podemos, ayuda a escorar al PP y descoloca a Ciudadanos, cuyo repunte en la mayoría de las encuestas previas a la moción de censura tenía mucho que ver con el auge del debate identitario, zona menos confortable para el PSOE.

La primera gran decisión de calado del presidente Sánchez llegó hace una semana, cuando dio instrucciones a su número dos, Carmen Calvo, para que coordinase el operativo de acogida de los 629 —finalmente fueron 630— migrantes rescatados de aguas libias por el Aquarius, el buque operado por la ONG francesa SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras. La rápida acción solidaria de España, que llegaba tras el rechazo de abrir sus puertos del Gobierno xenófobo y populista de Italia, y también de Malta, fue celebrada por la Unión Europea, organismos internacionales y ONG. El Ejecutivo socialista pretendía lanzar un mensaje contundente a Bruselas, "sacudir" las conciencias en el corazón del Viejo Continente, como dijo el titular de Exteriores, llamar a la reflexión, a que se ponga sobre la mesa, y "de una vez por todas", el abordaje del problema migratorio, y de una forma común.

Hay un hilo conductor en las primeras decisiones y anuncios del presidente: la prioridad de la agenda social, además de la distensión con Cataluña

Pero Sánchez, puertas para dentro, conseguía lucir su contraste con el Ejecutivo saliente de Mariano Rajoy, y acentuar el perfil progresista de su Gabinete y de sus políticas. Entroncaba con la posición tradicional del PSOE de humanizar el drama de la inmigración, de atender una crisis de refugiados. Apenas cosechó críticas. Incluso el PP decía compartir el "gesto bienintencionado" del presidente, aunque pedía una política "seria".

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Casi la mitad pide asilo en Francia

La operación Esperanza del Mediterráneo culminaba este domingo, con la llegada a puerto de la flotilla del Aquarius, sin complicaciones sanitarias graves. Los migrantes (541 hombres, 88 mujeres, más un bebé de pocos días) dispondrán de un permiso especial por motivos humanitarios de 45 días de estancia en España, tras los cuales tendrán que regularizar su situación. Y se aplicará la ley "sin excepciones", como se ha encargado de recalcar el Gobierno. El operativo funcionó sin problemas: 700 periodistas acreditados de 140 medios nacionales y extranjeros fueron testigos de una logística que necesitó la participación de un millar de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja, cerca de 450 agentes de la Policía Nacional, un centenar de guardias civiles, 400 traductores, 70 traductores jurados y unas 150 personas del departamento autonómico de Sanidad. La maquinaria marchó como un reloj.

El Gobierno calcula que en seis semanas podrá aprobar el decreto de restitución de la sanidad universal, que deroga el del PP de 2012

El Ejecutivo esperó a este lunes para hacer balance concreto de un dispositivo que ha implicado a ocho ministerios, liderados por la vicepresidenta, Carmen Calvo, y por Fomento. En las tres embarcaciones viajaban 140 menores, de los cuales 123 no están acompañadas. Son migrantes de 26 nacionalidades, los más numerosos de Sudán, Nigeria, Eritrea y Sudán del Sur. Casi la mitad de ellos, afirmó La Moncloa, manifestaron su deseo de pedir asilo en Francia, el país que el sábado ofreció ayuda a Sánchez. El Gobierno subraya que España "es un país solidario y de acogida". "Nuestro país cumple con sus responsabilidades con coherencia ante una crisis humanitaria, de la misma manera que lo hace en el Estrecho de Gibraltar", aseguraba en un comunicado Calvo.

No obstante, el Gabinete socialista destacaba que la cuestión migratoria "es responsabilidad de la UE". "Europa tiene que hacer una revisión de su política respecto a los migrantes. En cuanto a la política del Gobierno, tenemos que hacer las fronteras seguras, pero haciéndolo compatible con los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. La seguridad de las fronteras debe ser siempre conforme al cumplimiento estricto de nuestras obligaciones en materia de derechos humanos". Equilibrio, pues, entre humanidad y control de fronteras. Anoche miembros del Gabinete y también en el PSOE, en conversación con este periódico, no podían ocultar su satisfacción. La lectura es que España ha dado una lección al mundo con una operación solidaria que concluyó sin contratiempos.

Pero el Aquarius no ha sido un hecho aislado en estos primeros días del Gobierno socialista. Hay que conectarlo con otros pasos. El viernes pasado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, informaba de que el Ejecutivo aprobará en seis semanas un real decreto ley que restituirá la sanidad universal, que devolverá a los 'sin papeles' el derecho a una cobertura sanitaria pública y gratuita. Los inmigrantes indocumentados, pues, podrán tener tarjeta sanitaria, la que les arrebató otro real decreto ley, el de 2012, impulsado por la entonces ministra, Ana Mato. No podía pillar por sorpresa, porque era una de las propuestas largamente ofertadas por los socialistas a través de sus programas electorales e iniciativas parlamentarias. Era una cuestión de "decencia política y de justicia", y también se obedecía al mandato de organismos internacionales o del defensor del pueblo.

Esa mayor sensibilización hacia los inmigrantes se completaba el mismo viernes con el anuncio de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había reclamado un informe para estudiar vías alternativas a las concertinas instaladas en las vallas de Ceuta y Melilla. Es decir, que sin sacrificar la "seguridad" en los controles fronterizos, se utilizasen métodos menos "cruentos", que no causasen graves heridas a quienes se juegan la vida intentando pasar a España desde suelo marroquí.

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Cambio en pensiones

Celaá adelantaba otra decisión que pudo pasar más desapercibida: la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para afrontar el desembolso de la paga ordinaria y extraordinaria de la nómina de cerca de 9,6 millones de pensiones. Las obligaciones este 2018 alcanzan los 17.727 millones de euros, así que, del crédito aprobado, se librarán 7.500 millones que complementan los ingresos propios del sistema, procedentes de las cotizaciones sociales. La novedad estribaba en que el Gobierno no echaba mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, sino que tiraba de un préstamo. En todos estos años, el PSOE ha venido criticando que el PP "esquilmara" la 'hucha de las pensiones' que Rajoy se encontró con 66.814 millones en 2011 y que dejó a finales de 2017 en 8.095 millones.

A los guiños a la inmigración con las concertinas o el Aquarius, se suma la apuesta por la reforma de la Ley de Memoria y la exhumación del dictador

El paquete de primeras medidas del nuevo Ejecutivo se redondea este lunes con la reactivación prevista de la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Otro proyecto simbólico para la izquierda. Ya lo fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la normativa, en 2007, y lo ha seguido siendo todos estos años de sequía presupuestaria del PP en esta materia. La dirección socialista quiere que el Gobierno impulse los cambios, bien vía proyecto de ley o bien vía real decreto ley, una fórmula más rápida y que permite ahorrar el trámite en el Senado.

En el contenido de la iniciativa, al menos por el momento, no hay novedades. Ya en noviembre de 2011, el Ejecutivo en funciones de Zapatero dio luz verde al informe redactado por un comité de expertos reclutados por el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y que abordaba el futuro del Valle de los Caídos. Se recomendaba en aquel momento que los restos de Francisco Franco fuesen exhumados de la basílica, y que el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de La Falange, fuese enterrado en otro lugar menos preeminente que el actual. Esa reflexión fue recogida en todos los papeles siguientes de primer nivel producidos por el PSOE: en su programa electoral, en la resolución de su 39º Congreso Federal, en iniciativas parlamentarias y en la proposición de ley que registró a finales de 2017 en el Congreso y que ni siquiera pudo ser debatida por el pleno porque el Ejecutivo de Rajoy impuso su veto con el argumento de que incrementaba los gastos.

Paquete de medidas, quizás este viernes

La memoria histórica es una cuestión, siempre lo ha sido, muy sensible para la izquierda. Por eso es muy significativo que el debate vuelva a la mesa en la primera reunión de la permanente de la ejecutiva federal que se celebra tras el acceso de Sánchez al poder. En realidad, como recordaban fuentes de la cúpula, se trataba de un "mero trámite", pues la proposición de ley había decaído tras el frenazo del PP y había que decidir "qué hacer con ella". Esa ventana de oportunidad es la que permitirá este lunes que se reabra el debate.

El PSOE quiere impulsar todas aquellas iniciativas frenadas que suscitan consenso parlamentario. La igualdad también será uno de los puntos claves

Para el próximo Consejo de Ministras y Ministros, el tercero de la era Sánchez, se prevé la aprobación del primer gran paquete de medidas sociales, además de la última gran oleada de nombramientos. El propósito del Ejecutivo es tramitar todas aquellas leyes paralizadas por el PP y que suscitan cierto consenso parlamentario, como la derogación de la ley mordaza o la supresión de las tasas judiciales. De hecho, el pasado viernes, el Gabinete levantó el veto de 18 proposiciones de ley de los grupos, y tiene previsto hacer lo mismo esta semana con otras 40 iniciativas. Las políticas de igualdad son también capitales para el PSOE.

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Con estos primeros pasos —que fueron emborronados por la primera crisis de gobierno, que se saldó con la caída de Màxim Huerta como ministro de Cultura—, el Ejecutivo busca, y así lo reconocen en la dirección del PSOE, no solo impulsar una agenda más favorable, y centrada en aspectos sociales, sino también combatir a la oposición. La estrategia es arrinconar en la derecha a un PP todavía desnortado y sin liderazgo, empequeñecer el espacio de Unidos Podemos y desubicar a Ciudadanos. El anuncio de la reapertura del debate de la memoria histórica fue acogido ayer domingo con cajas destempladas por los populares, mientras que los naranjas se abrían al consenso, aunque sin anticipar su posición final, y eso que hace un año votaron con Unidos Podemos y el PSOE a favor de una moción de Ferraz muy semejante, y que incorporaba el traslado de los restos de Franco y de José Antonio.

Reestructuración de las direcciones parlamentarias y entrevista en TVE

Pedro Sánchez vuelve este lunes a la sede de Ferraz. Preside la reunión de la permanente de la ejecutiva federal del PSOE. En la cita, se procederá a la remodelación de las cúpulas en Congreso y Senado, motivadas por varias bajas.

En la Cámara Baja, la que era portavoz, Margarita Robles, es ministra de Defensa y ha dejado su escaño, como lo ha abandonado la titular de Política Territorial, Meritxell Batet, que también formaba parte de la dirección del grupo. En la tarde del domingo, distintos dirigentes apuntaban que una posibilidad es que las dos vacantes sean cubiertas por las miembros de la ejecutiva Luz Martínez Seijo (responsable de Educación) o Susana Sumelzo (Política Municipal) y, por la parte que afecta al PSC, que es el que elige al sustituto de Batet, se supla con la entrada o de Mercè Perea o de Marc Lamuà. El puesto de portavoz lo ejerce la número dos del PSOE, Adriana Lastra. En principio, no se espera relevo del resto de integrantes de la cúpula en el Congreso (Rafa Simancas, Felipe Sicilia, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz, además de Lastra). 

En el Senado, el hueco lo deja la secretaria general del grupo, la asturiana Luisa Carcedo, desde el viernes responsable del Alta Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Tras la renuncia a sus escaños de Margarita Robles, Meritxell Batet y José Luis Ábalos (que no estaba en la dirección), lo lógico es que hagan lo mismo los diputados Pedro Saura y Ana Botella, nuevos secretarios de Estado de Infraestructuras y Seguridad. 

En la noche de este lunes, a las 22 horas, Sánchez concede su primera entrevista tras ser investido presidente del Gobierno. Ha elegido, no por casualidad, que sea en TVE. Se hará desde La Moncloa. Desde su acceso al poder, el líder socialista no ha contestado a ni una pregunta de los medios, aunque en su entorno aseguran que esta dinámica se comenzará a romper con la entrevista de este 18 de junio.