Expertos constitucionalistas: "La Infanta debería renunciar a sus derechos sucesorios"

La condena de cinco años y diez meses de prisión para Iñaki Urdangarin confirmada esta semana por el Tribunal Supremo es el último capítulo de un largo procedimiento judicial que ha supuesto un antes y un después en España y que ha perjudicado de forma significativa la imagen de la monarquía. El hecho (ya probado) de que el marido de la infanta Cristina, entonces yerno del Rey, utilizara su posición y su matrimonio como "trampolín" para delinquir —se le atribuyen, entre otros, un delito de tráfico de influencias— es probablemente el golpe más duro que ha enfrentado la Corona. La cuestión es qué supone este fallo (firme) que, además de condenar a Urdangarin, mantiene a Cristina de Borbón como partícipe a título lucrativo, esto es, que se benefició (aunque lo hiciera de forma involuntaria) de los negocios ilícitos de su marido.

Los constitucionalistas y expertos contactados por este diario aseguran que "lo más razonable" sería ya en este momento que la Infanta renunciara a sus derechos dinásticos que le otorgan el sexto lugar en la línea de sucesión. La Casa del Rey nunca ha querido hacer comentarios al respecto, ya que se trata de una decisión personal de doña Cristina y no está en manos de Felipe VI. De hecho, la única decisión que dependía unilateralmente del monarca fue tomada en junio de 2015, antes incluso de que cumpliera un año de reinado. Fue la de retirar a su hermana el ducado de Palma, una cuestión muy significativa dentro de la lógica de la institución. En aquel momento, explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Miguel Ángel Valencia, "había que tomar decisiones, más allá de los gestos, para lanzar un mensaje claro a la sociedad ante la debilidad de la institución". Y el Rey lo hizo.

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D. Fernández

Ese año ya se abrió el debate en torno a si la Infanta renunciaría a sus derechos sucesorios, pero nunca dio el paso. Javier Tajadura, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, insiste en que aquel golpe de efecto de Felipe VI debió completarse con esa decisión de su hermana. Ahora, tras la sentencia firme del Supremo, reconoce que es "inevitable" que la institución "vuelva a aparecer bastante tocada" aunque sea el fin de la polémica que lleva Nóos por nombre. Tajadura insiste en que el Rey no puede privarla de sus derechos sucesorios y, aunque reconoce que el único paso que podía dar fue el relativo al ducado, sí insiste en que en una monarquía parlamentaria pueden existir otras vías que las Cortes no se plantearon cuando Felipe VI tomó aquella decisión.

El catedrático señala en ese sentido al artículo 57.5 de la Constitución, que establece que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica". Por eso, Tajadura plantea la posibilidad de explorar este camino si la Infanta evita renunciar a su lugar en la línea de sucesión.

Se trata de una opción que el resto de expertos consultados no valora por ahora, entendiendo que es doña Cristina la que debería dar el paso. Si lo hiciera, insisten, deberá justificar su decisión con argumentos que no den pie a ninguna tensión dentro de la Familia Real ni en la opinión pública. "Lo razonable sería que renunciara apelando al interés de España y que lo hiciera por el bien de la institución", afirma el profesor Valencia, insistiendo en que las exigencias en la opinión pública son cada vez mayores para sus gobernantes (hay ejemplos muy recientes) y máximos representantes (Jefatura del Estado). Que el Rey saldría reforzado es una opinión compartida por todos, más todavía en un momento en el que sectores de la izquierda (como Unidos Podemos, tercera fuerza en el Congreso) no esconde sus cuestionamientos y críticas a la monarquía y al Rey.

"La ejemplaridad es fundamental", explica Xavier Arbós, catedrático en la Universidad de Barcelona. En esa línea, asegura que "su renuncia sería hacerle un favor a la institución, sobre todo por una cuestión de prestigio". La renuncia de la Infanta a pesar de no estar condenada, dice el constitucionalista, parece necesaria por su vinculación a la jefatura del Estado. "Cuando hablamos de monarquía es muy difícil, por no decir imposible, separar las virtudes y los vicios públicos y privados. La dimensión privada, en este caso, está al servicio de la lógica de la institución", explica, a diferencia de cualquier otro ciudadano en el que Arbós sí considera que habría que ponderar hasta qué punto sale libre de cualquier responsabilidad. Por decirlo de alguna manera, continúa el catedrático, "es un deber no escrito y no jurídico de carácter casi metaconstitucional que la vida pública y privada en la monarquía vayan de la mano, con el objetivo de preservar la institución, y mantener su imagen es también prioritario".

Más allá de la "necesaria ejemplaridad" a la que apelan los distintos expertos, el profesor Valencia también analiza las consecuencias que para doña Cristina tendría en el día a día de su relación con la Casa Real. En realidad, sería ninguna. "Sería un gesto más que necesario y con efectos inexistentes, puesto que ya está alejada por completo de la institución". En efecto, tanto la infanta como su marido fueron apartados por la Casa del Rey de toda actividad institucional a finales de 2011, días antes de que Urdangarin resultara imputado por el juez Castro. Pocos años después, dejaron de ser miembros de la Familia Real tras la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI, en junio de 2014, cuando la infanta pasó de ser hija a hermana del jefe del Estado.