El Gobierno anuncia que restituirá la sanidad universal en todo el Estado

El Gobierno recuperará la sanidad universal por una cuestión de "decencia política". Y lo hará pronto, en apenas seis semanas. Para entonces, el Consejo de Ministros aprobará el real decreto ley, que tendrá que ser convalidado en un plazo de 30 días por el Congreso. Así revertirá una de las medidas más contestadas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, aprobada en 2012, y devolverá un derecho básico a los miles de inmigrantes sin papeles que lo perdieron en aquella fecha.

El de este viernes era el segundo Consejo de Ministras y Ministros de Pedro Sánchez, y el primero tras la caída del responsable de Cultura, Màxim Huerta, por haber defraudado a Hacienda cuando era presentador de televisión. El primero con su sustituto, José Guirao, y el primero también sin el titular de Exteriores, Josep Borrell, de viaje con los Reyes en Estados Unidos. En la reunión del Gabinete se aprobó la primera gran cascada de nombramientos —secretarios de Estado y subsecretarios, y también delegados del Gobierno, además de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra—, pero se quiso hacer el primer guiño de calado social.

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Y ese era una de las promesas estrella de Pedro Sánchez. "Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado", aseguró la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Ese proceso de consulta llevará unas seis semanas. Al final de ese periodo, el real decreto ley, que derogará el 16/2012, retornará al Consejo de Ministros para su aprobación, y se enviará al Congreso para su convalidación.

Celaá se dice convencida de que no habrá "ninguna comunidad" que incumpla el nuevo real decreto y defiende que es una cuestión de "decencia"

La también ministra de Educación aventuró que cuando ya esté en marcha el nuevo texto, "no habrá ninguna comunidad autónoma que lo incumpla", como sí ocurrió con el promovido por el PP. Varios Gobiernos regionales se 'rebelaron' contra esa norma impulsada por la titular de Sanidad en aquel año, Ana Mato, y pusieron en pie medidas para aumentar la protección de los sin papeles. "Incluso las comunidades más afectas al Gobierno anterior estaban muy incómodas con ese real decreto. Este será cumplido en todos sus términos". "Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política. Esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el real decreto [de 2012] fue publicado", argumentó Celaá.

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El operativo de llegada del Aquarius

Aquel texto de 2012 dejó sin tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes. El Gobierno del PP justificó que con esa medida pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud más de 7.000 millones en gasto sanitario, con el objetivo de preservar la "sostenibilidad" y la "universalidad" de uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, y poner fin a los "abusos" en las prestaciones, informa EFE. Ese real decreto ley 16/2012 también impuso el copago farmacéutico en función de la renta de los ciudadanos, lo que incluía también, por primera vez, a los pensionistas. Celaá no se refirió durante su comparecencia en La Moncloa a ese extremo.

El ministro Marlaska pide un informe para estudiar las alternativas a las concertinas, que garanticen la seguridad fronteriza con métodos menos "cruentos"

La segunda medida de impacto social anunciada por la portavoz tiene que ver con la política de inmigración. La ministra adelantó que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado un informe para estudiar qué alternativas hay a las concertinas instaladas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. El objetivo, dijo, es garantizar la "seguridad fronteriza", pero utilizando métodos "menos cruentos". Ayer, el propio Marlaska ya apuntaba su interés por hallar vías alternativas a las cuchillas que provocan heridas a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera entre Marruecos y España. Con esta medida, el Gobierno también quiere lanzar una "llamada" a Europa. A juicio del Ejecutivo, la Unión ha de ser consciente de que Ceuta y Melilla también son fronteras comunitarias, por lo que el problema no solo afecta a España. "El control de las fronteras y la seguridad debe estar ligado a la solidaridad, al respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos", subrayó.

Ese mensaje hilaba con la crisis humanitaria del Aquarius, que llegará al puerto de Valencia este próximo domingo. La rápida reacción de Sánchez de abrir España a los refugiados, frente a la negativa rotunda de Italia y Malta a acoger a los 629 migrantes que fueron rescatados por la ONG SOS Méditerranée —630, según el último recuento—, ha sido un "símbolo", un "aldabonazo", con el fin de que Europa "tome cartas en el asunto", porque no se trata de un problema "español, italiano o griego". "Somos Europa. Hemos dado puerto seguro porque las personas estaban en peligro".

No hay 'efecto llamada'

El operativo de acogida ha supuesto la movilización de varios ministerios, coordinados por la vicepresidenta, Carmen Calvo. En cuanto el Aquarius y las dos fragatas italianas atraquen en el puerto de Valencia, los migrantes serán "visados" por el servicio sanitario que acudirá a las embarcaciones, y a continuación se estudiará caso por caso la situación de cada uno para ver "dónde se acomodan" y proveer sus necesidades, con especial atención a los niños y las mujeres embarazadas. Como ayer hiciera Calvo, Celaá indicó que no se puede "descartar" que algunos ocupantes del Aquarius puedan ser expulsados. "La única excepcionalidad es que ha habido un acto solemne y profundo de solidaridad de prestación de auxilio a 629 personsas que estaban zozobrando en el Mediterráneo". El tratamiento, pues, será individualizado.

El Ejecutivo presume de su "fuerza y determinación" para abordar la "crisis" con Huerta y subraya que Planas no tiene "cuentas pendientes" con el juez

El Gobierno, como ya venía trasladando desde que el lunes Sánchez determinó abrir las puertas de España al Aquarius, no cree que esta decisión, así como la retirada de las concertinas en Ceuta y Melilla pueda generar un efecto llamada. "No hay tal efecto, es una cuestión de democracia y de recursos económicos. Y, cuando se vive de manera muy pobre, las personas se arriesgan y cruzan el mar para poder vivir mejor". Según indicó la ministra de Educación, los ciudadanos de los países de origen tienen información más que suficiente de cómo se vive en Europa y por tanto no cree el Ejecutivo no cree que su política más flexible se traduzca en más presión migratoria.

Asimismo, Celaá dio cuenta de la "crisis" política vivida en el seno del Ejecutivo tras la exclusiva publicada por El Confidencial y el fraude a Hacienda del ya exministro de Cultura Màxim Huerta. Celaá destacó "la fuerza y determinación" aplicada "a la hora de resolver la crisis del relevo en Cultura. Se ha hecho en 12 horas [sic, aunque fueron en realidad 11]. No se han tardado meses o años en asumir responsabilidades". "Esta es una buena noticia para la ciudadanía española, que ve cómo sus representantes políticos dan cuenta ante la sociedad. Es un ejercicio de pedagogía y transparencia, al nivel de las sociedades más exigentes en esta materia", presumió.

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Víctor Romero. Valencia

Préstamo para las pensiones

Por otro lado, el Consejo de Ministros también acordó renovar el préstamo del Tesoro Público a la Tesorería General de la Seguridad Social por 10.192 millones de euros, contemplado en los Presupuestos prorrogados de 2017, para afrontar la paga extra de verano que los pensionistas empezarán a cobrar la próxima semana. Celaá explicó en la rueda de prensa que de ese préstamo se librarán 7.500 millones que complementan los ingresos propios del sistema, procedentes de las cotizaciones sociales, para poder completar el doble pago de la nómina de este mes.

En total, la Seguridad Social deberá desembolsar 17.727 millones para el pago de 9,6 millones de pensiones, de los que algo más de 10.000 millones procederán de los ingresos por cotizaciones sociales del organismo. Esto quiere decir que para abonar la paga extra de verano no se recurre al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada 'hucha de las pensiones', que se ha venido usando en anteriores ocasiones y en el que quedan poco más de 8.000 millones. El PSOE siempre había criticado que el Ejecutivo del PP tirase de ella hasta casi dejarla vacía.