La Fiscalía recurre la condena por la agresión de Alsasua e insiste en que es terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante la Sala de Apelaciones de dicho tribunal la condena a los ocho acusados de la agresión de Alsasua (Navarra) para insistir en que se les aplique un delito de tipo terrorista, confirman fuentes fiscales. La Sección Primera dictó hace unos dias penas que oscilan entre los 2 y 13 años de prisión por los delitos de atentado contra los guardias civiles, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Eludía de este modo el tribunal castigar a los procesados por el delito de terrorismo, como reclamaban las acusaciones y la Fiscalía, que pedía penas de hasta 62 años y medio de prisión. La sala entendió que no había quedado acreditada la supuesta finalidad terrorista de la paliza masiva perpetrada contra los dos guardias y sus parejas el 15 de octubre de 2016 así como que tampoco había sido probada la vinculación de los acusados con organización terrorista alguna.

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A pesar de no acceder en este punto a las peticiones del ministerio público, la Audiencia Nacional sí consideró como agravantes el abuso de superioridad y de odio por parte de los agresores, hechos que la sentencia considera muy graves y que el tribunal entiende que se cometieron por motivos ideológicos y animadversión hacia la Guardia Civil. Los magistrados que compenen la sala consideraron probado que Jokin Unamuno, condenado a 12 años de cárcel, comenzó el hostigamiento a los funcionarios y a sus novias, que luego continuaron Ohian Arnanz -castigado a 13 años- y Jon Ander Cob (nueve años). Según la resolución, Adur Ramírez (12 años) e Iñaki Abad (13), por su parte, también participaron en la agresión y merecen ser condenados por los mismos delitos.

El ministerio público no cuestionará previsiblemente los hechos que la sentencia consideró probados, sino únicamente el criterio jurídico que lleva al tribunal a desvincularlos del delito de terrorismo, que la Fiscalía sí observa. Actualmente, con la resolución en la mano, además de las penas de cárcelo, todos los condenados deberán indemnizar al teniente de la Guardia Civil con 9.200 euros por las heridas que le provocaron; al sargento, con 3.750 euros; y a las parejas de ambos con 6.100 euros cada una. Por las secuelas y daños morales, además, todos ellos deben abonar 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 para la del sargento.

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El tribunal dictaminó que todos los agresores se movieron por animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil además de por motivos ideológicos y por eso les impuso las penas más altas que contempla el Código Penal. Explicó que "no puede permitirse que en el siglo XXI y en un estado democrático y de derecho se prive a unas pesonas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua y que solamente puedan acudir a determinados lugares y no salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión". No castigó a ninguno, sin embargo, por delitos terroristas.

"Lo que ocurrió en Alsasua la noche del 14 al 15 de octubre de 2016 no fue una pelea de bar ni una trifulca; fue una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista; con la finalidad de expulsar a los miembros de la Guardia Civil de un territorio que los acusados consideran suyo de una manera excluyente, atemorizando además a una parte de la población que no piensa como ellos", arguye la Fiscalía en su recurso.

"La sentencia declara como hechos probados, en esencia, el relato del escrito de acusación del ministerio fiscal, si bien de los mismos se extraen las referencias a la campaña 'Alde hemendik' / 'Fuera de aquí' como dinámica de la izquierda abertzale y de la organización terrorista ETA, que tenía por finalidad la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del País Vasco y Navarra", argumenta el recurso de la Fiscalía, que añade que la vinculación de los condenados con esta línea coordinada por la banda es lo que les relaciona con el terrorismo.

El ministerio público afirma que hay castigarlos también por el delito de terrorismo porque los hechos se cometieron "de una manera organizada" y estando "los acusados, o al menos algunos de ellos, en la dinámica de la izquierda abertzale radical, liderada por el entramado de ETA, y que tiene una finalidad claramente ideológica, la realización de uno de los cinco puntos de las exigencias de la organización terrorista, la expulsión de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y de Navarra, cometiendo para ello actos generadores de terror en la población o en una parte de ella y alterando la paz pública".

La sentencia relató que los dos guardias civiles y sus parejas fueron durante la madrugada del 15 de octubre de 2016 al bar Koxka de Alsasua para tomar unas consumiciones y que, cuando fue un momento al baño, el teniente fue interceptado por Arnanz, que le increpó llamándole "madero". Desde ese momento, fue incrementándose la tensión en el interior del bar hasta que las cuatro víctimas fueron rodeadas por unas 25 personas que las increpaban con expresiones como "os vamos a matar por ser guardias civiles", "hijos de puta", "pikoletos", "cabrones" o "txakurras". Entonces comenzaron los golpes, que los guardias y sus parejas recibían de todos lados mientras intentaban abandonar el local a través e un "pasillo" que les hicieron los agresores.

A juicio de la Fiscalía, esta resolución, "si bien no aprecia la existencia de un delito de terrorismo, sí reconoce tanto en los hechos probados como en los fundamentos jurídicos que la actuación de los acusados se hallaba impregnada por una motivación ideológica derivada de la dinámica de la izquierda abertzale impulsada en Alsasua por el Movimiento OSPA que era uno de los movimientos a su vez impulsados por el Frente de masas de ETA".