Urdangarin utilizó su matrimonio con la infanta como "trampolín" para delinquir

La sentencia del Tribunal Supremo considera acreditado que el exduque de Palma utilizó su "situación de privilegio" para cometer los delitos que se le atribuyen, entre ellos el de tráfico de influencias. El alto tribunal indica en la sentencia de 353 folios que está acreditado que el acusado, desde la posición que disfrutaba "como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces Jefe del Estado", consiguió mover voluntades para obtener contratos de forma irregular.

Consiguió, además, que se llevasen a cabo las adjudicaciones "orillando toda concurrencia, y los condicionantes que podrían derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad". "Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio", dice .

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Beatriz Parera

Más aún -agrega la sentencia- su influencia fue respondida con una disciplinada actitud de acatamiento a todas sus propuestas de, por ejemplo, el presidente de Palma, que aceptó precios e impuso decisiones "sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas". Este hecho pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición", agrega.

La sentencia excluye a Urdangarín y su socio Diego Torres de un delito, el de falsedad, por el que venían condenados en combinación con delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. Considera que no se ha dado como probada una intervención de ninguno de los dos en la documentación falsa elaborada por los funcionarios para plasmar y justificar las resoluciones arbitrarias analizadas.

La Sala entiende así que no se les atribuye un conocimiento ni participación en maniobras falsarias que habrían llevado a cabo exclusivamente por quienes a efectos penales tienen la consideración de funcionarios o autoridad. Esto se traduce en un descenso mínimo, en este caso malversación y prevaricación. De hecho, a Torres se le mantiene la misma pena de prisión (3 años, la máxima posible) que cuando tenía también falsedad, mientras que a Urdangarin le supone una reducción de 5 meses por la aplicación de la atenuante de reparación del daño que observó la Audiencia de Palma, al haber consignado antes del juicio fondos suficientes para hacer frente a todas las responsabilidades civiles e indemnizaciones a las que debía hacer frente.