Primer frente para Marlaska: la llegada de pateras se duplica y colapsa los CIE

Fernando Grande-Marlaska no va a tener mucho tiempo para aclimatarse al Ministerio del Interior. Su llegada coincide con un nuevo pico de la presión migratoria que ya ha disparado en los primeros meses de 2018 la entrada de inmigrantes irregulares por vía marítima. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año (datos de 6 de junio) ya han pisado las costas españolas 8.309 extranjeros no documentados, una cifra que duplica los registros de 2017 (un 99,6% más), cuando el dato en este mismo momento del ejercicio se quedó en 4.161 inmigrantes rescatados. Y la previsión de los expertos es que la situación se agrave aún más este verano, por las condiciones meteorológicas más favorables para surcar las aguas del Estrecho.

Grande-Marlaska tendrá que tomar pronto decisiones. Los registros de 2018 superan ya todas las entradas por barco de 2016, que cerró diciembre con un balance de 8.162 inmigrantes rescatados. El foco mediático se ha desplazado en las últimas horas hacia los 629 ocupantes del Aquarius que navegan a la deriva entre Malta y Sicilia y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido acoger ante el rechazo de Italia. Pero en las últimas horas se han producido rescates a mucha menos distancia. Desde el jueves se han interceptado en aguas del Mediterráneo a más de 500 irregulares que aún están fuera de la estadística de la OIM. En una de estas intervenciones, la Guardia Civil tuvo que actuar este lunes para evitar que cinco ocupantes de una patera se ahogaran cuando ya habían conseguido alcanzar una playa de Tarifa.

El nuevo ministro se encontrará con series dificultades para gestionar esta crisis. Los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España están al borde del colapso. No caben más inmigrantes en estos centros policiales no penitenciarios utilizados para poder ejecutar las expulsiones a los países de origen. La devolución solo funciona, además, con marroquíes y argelinos. Con el resto de nacionalidades, los trámites son eternos y las tasas de retorno muy bajas. En 2017, el 65,5% de los inmigrantes internados en un CIE fueron puestos en libertad ante la imposibilidad de efectuar la orden de expulsión.

Al contrario que gran parte de la izquierda, Grande-Marlaska no cuestiona la utilidad de los CIE para hacer frente a la inmigración irregular. En octubre de 2016 opinó que en ellos “no hay vulneración de los derechos fundamentales, sino todo lo contrario, una tutela de los mismos”. Pero los recursos que tendrá a su disposición son limitados. Su antecesor, Juan Ignacio Zoido, impulsó la construcción de un nuevo CIE en Algeciras con 705 plazas. Sin embargo, las obras no estarán terminadas hasta 2020. El objetivo de Interior era impulsar un segundo centro de este tipo junto al puerto de Almería, pero los planes no llegaron a concretarse.

Interior también optó hace unas semanas por aprovechar unas instalaciones abandonadas de Defensa en Motril (Granada) del antiguo Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 como solución de emergencia. Reservó tres millones de euros para reformar las edificaciones y convertirlas en un centro de recepción provisional de los inmigrantes que llegaran a este punto de la costa, uno de los más frecuentados por las mafias. Las obras debían durar solo cuatro meses para que pudiera ser utilizado este verano. Sin embargo, el Ayuntamiento de Motril se opuso al proyecto y ha forzado la paralización de las obras.

No hay otro plan B. La situación es tan crítica que el equipo de Zoido se vio obligado a recurrir el pasado noviembre a una cárcel sin estrenar, la de Archidona (Málaga), para acoger provisionalmente a 572 argelinos que habían llegado a las costas de Cartagena en un solo fin de semana. Durante su estancia, los internos arrancaron porterías, destrozaron el mobiliario, atacaron los sistemas de videovigilancia y protagonizaron reyertas. El 10 de enero abandonaron las instalaciones los últimos 67 internos. Fueron redistribuidos a instalaciones de otros puntos de la Península.

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Juanma Romero

Pedro Sánchez ha hecho promesas que pueden complicar aún más la tarea que tiene por delante Grande-Marlaska. El Gobierno de Mariano Rajoy aprovechó la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana en 2015 para introducir una disposición adicional décima que regula el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla, también conocido como devolución en caliente. El PSOE incluyó ese punto en su recurso de inconstitucionalidad de la llamada ley mordaza y el propio Sánchez aseguró durante la moción de censura que su objetivo es suprimir esa fórmula legal que permite retornar automáticamente a los inmigrantes que se interceptan cuando están saltando la valla. Ahora está en el poder y tiene vía libre para lograr ese objetivo sin tener que esperar al Tribunal Constitucional.

El ministro del Interior será el encargado de gestionar las consecuencias. El Gobierno de Melilla, del Partido Popular, consideró que la eliminación del artículo producirá un efecto llamada y facilitará que puedan “asaltarse a la fuerza fronteras”. Las estadísticas indican que, frente al incremento del 99% en el número de entradas por vía marítima, por vía terrestre solo se ha producido un aumento en lo que va de año del 6%.