más de 100 investigados

Lezo, Púnica, Taula, Erial... El largo calvario judicial que espera al sucesor de Rajoy

Las restantes piezas de Gürtel, los papeles de Bárcenas, Lezo, Púnica, Taula, Erial... la nueva cúpula del PP que se elija en julio tendrá que lidiar con un rosario de juicios que dañará la marca, todavía más

Foto: Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)
Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

El PP quiere renovar su liderazgo en un congreso extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio de Madrid. Un cónclave que servirá para elegir al sustituto de Mariano Rajoy al frente del partido y al candidato para las próximas generales. La sentencia del caso Gürtel hecha pública el pasado 24 de mayo no solo finiquitó el Gobierno del PP, sino que provocó un devastador terremoto que ha dañado los cimientos de Génova. Lo malo es que no se trata de un punto y final. Todo lo contrario. A los populares aún les espera una largo calvario judicial que ensombrece su futuro e hipotecará al sucesor de Rajoy.

Las restantes piezas de Gürtel, los papeles de Bárcenas, Lezo, Púnica, Taula, Acuamed, Erial... la lista es larga. Así será complicado que el PP pueda desligar su marca de los casos de corrupción que la erosionan. Sin contar los casos ya juzgados, los populares tiene actualmente procesados casi un centenar de exmiembros. Y eso solo contando los casos más grandes y mediáticos. El último torpedo en la línea de flotación de Génova lo lanzaron los tribunales este lunes, cuando la Audiencia Nacional condenó a 18 de los 20 acusados en la pieza que investigaba la financiación de las campañas electorales del PP valenciano en 2007 (autonómica) y 2008 (generales), cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat.

"El PP de la Comunidad Valenciana financió sus campañas electorales de los años contemplados de manera tan absolutamente irregular que fue delictiva", señala el tribunal en la sentencia. Entre los condenados están Ricardo Costa, el exsecretario general de los populares valenciano (cuatro años de cárcel); y David Serra, exvicesecretario del PP valenciano (tres años y ocho meses). Valencia es el talón de Aquiles del PP. Demasiadas causas señalan a los exdirigentes valencianos, aquellos que en 2008 fueron clave para aupar a Rajoy como presidente del partido.

Francisco Camps, por ejemplo, acaba de ser imputado por el Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del circuito de Fórmula 1. La Fiscalía Anticorrupción también ha solicitado su imputación por otra causa diferente (caso Valmor), pero que también investiga la organización del Gran Premio de Fórmula 1. La Generalitat utilizó a una empresa privada, Valmor Sports, para eludir presuntamente la aplicación de las normas de contratación del sector público. No es el único frente judicial de Camps. El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia también le ha imputado por irregularidades en algunos de los actos vinculados a la visita del Papa en 2006.

Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana, cuando fue detenido por la Guardia Civil.
Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana, cuando fue detenido por la Guardia Civil.

Eduardo Zaplana, otro nombre ilustre, es el principal investigado en la operación Erial. Anticorrupción le atribuye el intento de repatriar desde el extranjero de manera ilegal unos 10 millones de euros, fondos obtenidos de comisiones a cambio de contratos públicos durante su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002). En este caso también está imputado Juan Cotino, expresidente de las Cortes Valencianas, que además está pendiente de juicio por la pieza de Gürtel relativa a la visita del Papa Benedicto XVI en 2006. Gürtel ha dejado en Valencia seis piezas, dos de ellas ya juzgadas.

Otro nombre que supondrá un quebradero de cabeza para el PP será el de Taula, que ya ha dejado más de 50 imputados, entre ellos Alfonso Rus (expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente provincial del PP). Los tribunales investigan si los populares aprovecharon las elecciones municipales de 2015 para blanquear fondos. Rafael Blasco, 'exconseller' de Zaplana y de Camps, que ya está en la cárcel por malversar fondos destinados a la cooperación internacional, tiene pendiente también otro juicio por malversación cuando su departamento construyó un hospital en Haití.

Aunque los grandes casos de corrupción se juzgan en Madrid, en la Audiencia Nacional. Si la primera gran sentencia de la Gürtel acabó con Rajoy, los juicios que están por venir pueden acabar de hundir electoralmente a los populares. Ese el hándicap del PP: intentar vender a la ciudadanía un proyecto nuevo, un proyecto vinculado a la regeneración cuando el desfile de exmiembros del partido va a ser continuo en los juzgados. La pieza de Boadilla del Monte y Arganda del Rey ha dejado ya 27 procesados, de los que cinco son importantes excargos municipales del PP. El caso Púnica también deja ya una treintena de investigados vinculados al PP, entre ellos Francisco Granados, exsecretario general de los populares madrileños.

La lista crece con la operación Lezo y el desfalco del Canal de Isabel II, con otra treintena de investigados del PP, entre ellos nada más y nada menos que dos expresidentes madrileños: Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González. En Púnica y Lezo los investigadores están acreditando que el PP de Madrid se financió ilegalmente en varias de sus campañas electorales. Aunque el principal problema mediático que se va a encontrar el 'nuevo PP' es la investigación de los 'papeles de Bárcenas', reabierta después de las declaraciones de Paco Correa en sede judicial. Donaciones de empresarios a cambio de contratos públicos.

Francisco Granados (izquierda) e Ignacio González. (EFE)
Francisco Granados (izquierda) e Ignacio González. (EFE)

Pero el calvario judicial del PP es largo. No hay que olvidar tampoco el caso Acuamed, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. La Audiencia Nacional investiga la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas entre 2007 y 2014, así como la falsificación de certificaciones y facturas para aumentar las cantidades a abonar a las adjudicatarias. El exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Aristegui también están siendo investigados en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones.

Los tentáculos de la corrupción también han agarrado al PP andaluz. El Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar (Almería) investiga al presidente de la diputación, Gabriel Amat, y ya ha abierto 27 piezas. El ya exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, está siendo investigado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad por pagos de dinero público durante su etapa como alcalde de la ciudad de Jaén. El caso Serrallo salpica al exalcalde de Granada. La fiscal Sara Muñoz Cobo ha solicitado hasta 8 años de cárcel, 36 de inhabilitación para ejercer cargo público y más de medio millón de euros en multas contra el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, al que la Fiscalía ya ha acusado de prevaricación urbanística, fraude en la contratación y tráfico de influencias.

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