La Policía registra Mediapro y la consejería de Economía por la organización del 1-O

La Policía Nacional ha iniciado a primera hora de este martes un operativo para avanzar en la investigación sobre los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. Se están realizando registros en un edificio de la productora audiovisual Mediapro y también en dependencias del Departamento de Economía de la Generalitat y del Centro de Telecomunicación y Tecnologías de la Información (CTTI), el ente público que se encargó de desarrollar las aplicaciones informáticas utilizadas en la consulta.

La operación se ha saldado con dos detenidos. Se trata del director del gabinete técnico del Departamento de Economía y Hacienda, Daniel Gimeno, y el director del Instituto de Estadística de Cataluña, Frederic Udina. El grueso del despliegue lo forman agentes de la Brigada Provincial de Información de Barcelona, con apoyo de expertos en ciberdelincuencia de las comisarías generales de Policía Judicial e Información.

Uno de los lugares que se están registrando es el despacho del propio Gimeno. La Guardia Civil ya apuntó el pasado abril, tras analizar los correos de Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras, que el detenido ahora se habría encargado de gestionar el registro de catalanes en el exterior y la última actualización del registro de población de Cataluña para generar el censo empleado en la consulta.

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El dispositivo está coordinado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que centraliza las pesquisas sobre la organización del 1-O y también sobre la presunta malversación de caudales públicos en la que habrían incurrido los altos cargos del Govern que autorizaron el pago de gastos relacionados con la convocatoria. Se estima que la Generalitat habría dedicado al menos 3,2 millones de euros de fondos públicos, según un último informe de la Guardia Civil.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las actuaciones que está realizando la Policía Nacional tienen su origen en la documentación encontrada el pasado 5 de diciembre en el registro del Idescat. Este organismo habría sido utilizado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont para centralizar diferentes bases de datos que permitieron obtener los datos necesarios para elaborar el censo del referéndum. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) han matizado que, aunque uno de los registros tiene lugar en un edificio de Mediapro, la investigación no afectaría a esta compañía.