"No podíamos permitir que Puigdemont se paseara por Europa sin hacer nada"

Ha sido el fiscal general más breve de la historia de España. Julián Sánchez Melgar bromea con la duración de su corta etapa al frente de una de las instituciones más complicadas del Estado, que ha dirigido durante apenas seis meses desde el fallecimiento de Juan Manuel Maza hasta el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez. "Si hay que entrar por esto en el libro Guinness, pues se entra", dice con una sonrisa. Afronta su vuelta al Tribunal Supremo con sentimientos encontrados: pesar por las cosas que deja por hacer y alegría por el regreso a la Sala Penal del Alto Tribunal, que considera su casa. Ahora se encuentra en funciones a la espera de la designación, por parte del nuevo Gobierno, de su sucesor.

De la entrevista que ha concedido a este diario se trasluce su evidente preocupación con la causa penal sobre Cataluña, que ha sido el centro de su fugaz mandato. Defiende la decisión de perseguir a Carles Puigdemont y al resto de huidos a nivel internacional -no se podía "permitir" otra cosa- pero deja abierta la puerta a un cambio de criterio sobre el delito de rebelión en un punto más avanzado del procedimiento. También evidencia el deseo urgente de que la institución que ha conocido desde dentro en estos meses, alcance una total desvinculación del poder Ejecutivo. Juez entre fiscales, defiende firmemente la necesidad de que la instrucción pase a depender del Ministerio Público, eso sí, habilitando mecanismos reforzados de independencia.

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Cuando se le pide que repase el tiempo transcurrido desde que tomara posesión, reconoce que ha habido momentos "duros, muy duros" compensados por otros satisfactorios. "Ha sido una etapa de un intensidad inesperada", explica y se refiere inmediatamente a "las incidencias internacionales y nacionales en los procedimientos relativos al desafío en Cataluña", sobre todo en Alemania y Bélgica. En este plazo se han concentrado también tres comparecencias ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las elecciones al Consejo Fiscal y multitud de nombramientos de fiscales jefes provinciales y fiscales superiores.

"Considero que es una actividad a la vez que trepidante, apasionante. Me llevo una enriquecedora experiencia personal, y considero un honor haber estado, aunque haya sido poco tiempo, al frente del Ministerio Fiscal", dice. Respecto a su sucesor o sucesora confía en que actuará "de forma serena, rigurosa y proporcionada, guiado solo por la ley". De cara al futuro, defiende un mandato de al menos cinco años que rompa la estrecha relación entre los Gobiernos sucesivos y la figura del máximo jefe de la Fiscalía.

PREGUNTA. Buena parte del esfuerzo en los últimos meses se ha centrado en el trabajo conjunto con las Fiscalías de Bélgica y Alemania tras las solicitudes de entrega de los huidos. ¿Qué opina de la decisión belga? ¿Confía en que Alemania acceda a la entrega de Puigdemont? ¿En qué términos?

RESPUESTA. La decisión belga, aunque a mi juicio es muy rigurosa, hay que respetarla, como todas las resoluciones judiciales. Nosotros hemos dejado planteada la posibilidad, si llegara el caso, de su reproducción, aunque creo que eso es decisión del magistrado instructor del Supremo. En cualquier caso, creo que procede la admisión de la OEDE planteada a Alemania y espero que la entrega se realice en los términos en los que se ha solicitado, por ese motivo se ha hecho. Estoy muy satisfecho de nuestras relaciones con la Fiscalía alemana y del trabajo que han desempeñado en la activación de este mecanismo de cooperación internacional. Lo dije públicamente hace pocas fechas y lo repito ahora. La Fiscalía española persiguió desde el primer momento, como es sobradamente conocido, la activación de las euroórdenes. No podíamos consentir que una, o varias personas, implicadas en graves delitos, pudieran pasearse por Europa sin que la Fiscalía hiciese nada.

P. Respecto a los procesados en España, nueve personas permanecen en la cárcel y han reclamado en distintas ocasiones un acercamiento a prisiones catalanas. ¿Ve posible que se acceda a sus demandas?

R. Ni es algo sobre lo que yo en este momento deba opinar, ni es una cuestión que sea competencia de la Fiscalía.

"No podíamos consentir que una, o varias personas, implicadas en graves delitos, pudieran pasearse por Europa sin que la Fiscalía hiciese nada"

P. Según su criterio, ¿los procesados cometieron un delito de rebelión? ¿Cree que se les juzgará por esto o por otros delitos como la sedición o la cooperación?

R. La instrucción se inicia por unos hechos y el sentido de la instrucción es precisamente el acopio de pruebas para luego, en el juicio oral, defender la postura de la acusación. Aún no ha concluido la instrucción sumarial y ya no estaré aquí cuando eso suceda. Por lo que en estos momentos no es posible tratar este tema.

P. En unos días habrá un nuevo fiscal general a propuesta de un Gobierno socialista, ¿espera cambios en el criterio para dirigir la Fiscalía? ¿Y respecto a la causa catalana?

R. La situación en Cataluña ha venido siendo un tema de gran trascendencia en la Fiscalía General del Estado durante los últimos tiempos. Ha de tenerse en cuenta que cuando hablamos del planteamiento jurídico tenemos que considerar los supuestos de hecho que afectan a no aforados y se desarrollan en el territorio de Cataluña, estos procedimientos se llevan adelante en la Fiscalía Superior o en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Luego están los que tienen que ver con delitos para los que está prevista una competencia especializada, como son los delitos contra altos organismos. En este caso, estamos en la Audiencia Nacional. Y, por último, aquellos en los que se investiga a personas aforadas que es competencia del Tribunal Supremo y en el que la Fiscalía del Tribunal Supremo -cuatro fiscales-, está haciendo igualmente una labor magnífica.

De manera que estamos hablando de un despliegue de fiscales en distintos órganos. En esta situación, la Fiscalía General coordina las actuaciones. Me pregunta por la actuación que va a tener el próximo Fiscal General, comprenderá que razones elementales de prudencia aconsejan esperar a que sea la persona designada quien evidencie su postura. Por mi parte, siempre he dicho que entre la oportunidad y la procedencia, siempre íbamos a hacer lo que fuera legalmente procedente. La Fiscalía, como es natural, continuará actuando de forma serena, rigurosa y proporcionada, guiada solo por la ley.

P. ¿Cuál es la postura de la Fiscalía en relación a Hervé Falciani?

R. La Fiscalía española siempre ha mantenido una actitud de colaboración con las peticiones de auxilio internacional. En el momento en que se procede a su detención, en virtud a una orden de arresto y extradición emitida por las autoridades de Suiza, se desconocía exactamente si los hechos por los que fue reclamado hace años eran los mismos que por los que era actualmente reclamado. Una vez que se compruebe si existe el “non bis in idem”, actuaremos en consecuencia. Quiero que quede claro que nuestra postura siempre ha sido la colaboración con las autoridades judiciales de otros Estados; en otras palabras, si demandamos colaboración, hemos de prestar colaboración. Ésta es una máxima necesariamente observable.

"Las consecuencias que pueda tener una sentencia como la de Gürtel es algo que la Fiscalía no contempla porque excede del ámbito jurídico"

P. La labor de Anticorrupción ha sido fundamental en el desarrollo de la trama Gürtel y en la sentencia que ha tenido las consecuencias que todos conocemos...

R. Me gustaría dar un dato que me parece relevante en relación a una de las actividades más importantes de la Fiscalía Anticorrupción que es su capacidad investigadora, en diligencias propias de tal Fiscalía: A lo largo de 2016 se incoaron 37 Diligencias de Investigación. A tal cifra hay que añadir las 39 Diligencias de Investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2015, lo que implica que durante el 2016 se estuvieron tramitando un total de 76 Diligencias de Investigación. Estas Diligencias son de una extraordinaria complejidad. Son causas que solo se conocen una vez se hacen públicas y entonces suele hablarse del Juzgado que va a instruir la causa, en el caso de que la investigación se judicialice. Pero debe saberse que llegan a los Juzgados con la investigación prácticamente concluida o, al menos, muy avanzada.

Pero la Fiscalía Anticorrupción actúa siempre a partir de unos hechos presuntamente delictivos. Las consecuencias que luego pueda tener una sentencia es algo que la Fiscalía no contempla porque excede del ámbito jurídico.

P. ¿Cree que en el futuro el fiscal será el encargado de la instrucción en España?

R. Lo creo así, desde luego. Y por varias razones. Cuando nuestros colegas extranjeros nos preguntan por quién instruye en España, tenemos necesariamente que responderles, con un "depende". Esto es, que el investigado sea menor o mayor de edad penal; si es menor, el fiscal, y si es mayor, el juez. Este sistema no es coherente. La apuesta por el fiscal investigador es ineludible en estos tiempos, dejando el papel del juez, como de garantías, tanto para medidas cautelares personales, como diligencias de investigación que afecten a derechos fundamentales.

P. ¿Qué ventajas cree que tendrá?

R. Desde mi punto de vista, muchas. Primero, será más eficaz, pues el Ministerio Fiscal actúa a base de equipos, y el juez instructor, es uno. De manera que ante delitos cometidos por organizaciones criminales, o complejas estructuras delictuales, una organización de la ley, como es el Ministerio Fiscal, estará en condiciones de vencer al delito más fácilmente que un solo juez de instrucción, por más que tenga a su cargo una amplia dotación policial, que por cierto, también tendrá el fiscal. Ello contribuirá a disminuir los tiempos de la instrucción, que creo que es algo imprescindible.

"Hay que establecer mecanismos para que la autonomía del Ministerio Fiscal, respecto del Gobierno, sea completa".

P. ¿Las fiscalías europeas se ocupan igualmente de esta materia?

R. En efecto, quedan poco países que sigan aun el modelo de juez investigador. Los sistemas europeos y, prácticamente, en muchos lugares del mundo, la fiscalía instruye las causas y luego presenta los cargos ante el juez para su condena. Por eso, la comunicación entre los sistemas de investigación entre varios países es más sencilla, porque se lleva a cabo entre fiscalías. Por lo demás, ya practicamos diligencias de investigación preprocesales, por lo que estamos perfectamente capacitados para esa tarea, si en el futuro se modifica la ley en este sentido, que yo creo que así será.

P. Ese fiscal investigador, ¿será independiente?

R. Ese es precisamente el mayor problema que debemos solventar. Hay que establecer mecanismos para que la autonomía del Ministerio Fiscal, respecto del Gobierno, sea completa.

P. ¿Y cómo puede conseguirse eso?

Yo creo que partiendo del diseño del propio Fiscal General del Estado. Cuanto más independiente sea el Fiscal General, más lo serán los demás miembros de la Fiscalía, puesto que su estructura es piramidal.

"Por ello, debería avanzarse por el camino de un mandato más largo que, además, posibilitase que los proyectos pudieran desarrollarse"

P. ¿Está bien diseñada la figura del Fiscal General del Estado a efectos de independencia?

R. Yo creo que se ha avanzado mucho en esta materia. Hemos pasado de un nombramiento y cese discrecionales y en cualquier momento del Fiscal General, a un sistema, inaugurado tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el año 2007, en que se ha avanzado mucho, tras la instauración de un mandato de cuatro años y unas causas regladas de cese. Pero el avance inicial, con ser muy importante, creo que debe corregirse en el futuro, para establecer un mandato más largo, cinco años por ejemplo, como tienen los jueces, o el CGPJ, o los propios fiscales que son nombrados mediante nombramiento discrecional, porque no es lógico que todos los fiscales jefes tengan un mandato de cinco años y el Fiscal General, de cuatro. Si además, el cese de este, se vincula con el cese del Gobierno que lo nombró, la sensación de dependencia se acentúa en detrimento de la institución. Por ello, debería avanzarse por el camino de un mandato más largo que, además, posibilitase que los proyectos pudieran desarrollarse. Obviamente, esto lo digo para el futuro, pues en mi caso el marco de actuación es el vigente. Y para el futuro, creo que habría que ir pensando en que el nombramiento fuese del legislativo con mayoría cualificada. En suma, todos los mecanismos que proporcionen independencia al desempeño del cargo de Fiscal General, sean bienvenidos. Ello redundará en el prestigio de la institución, que tiene que funcionar bajo el principio de unidad de actuación.

P. ¿Qué significa esa unidad de actuación?

R. Significa que el Ministerio Fiscal es uno, y que se rige por el principio de unidad de actuación, de modo que no puede postular una cosa en una instancia, y la contraria en la siguiente, siempre, claro es, que no exista una regla jurídica que explique la modificación de su planteamiento. Para conseguir la unidad de actuación, partimos de distintos instrumentos, sustancialmente circulares, instrucciones y consultas. La Fiscalía está trabajando en una instrucción precisamente sobre la unidad de actuación. Este principio además confiere seguridad jurídica, que es además un saludable aire fresco en la configuración jurídica de nuestra actuación.

P. ¿Con qué objetivo asumió este cargo?

R. A esta responsabilidad se viene a servir a la sociedad. No solamente persiguiendo a delincuentes, que fue siempre el secular papel del Ministerio Fiscal, sino también, y esta faceta es muy importante, a defender a los más desfavorecidos: menores, extranjeros, ausentes, discapacitados, mayores, personas en riesgo de exclusión social. Se trata, en suma, de una magistratura de amparo.

P. ¿Es necesaria la apertura del Ministerio Fiscal a la sociedad?

R. Absolutamente. En la apertura a la sociedad, se han dejado sentadas las bases para la edición en el BOE de un Código Electrónico del Ministerio Fiscal cuya puesta en marcha se vislumbra próxima, y permitirá el conocimiento actualizado de nuestra doctrina, a través de un instrumento gratuito y de fácil acceso.

P. ¿Y un sistema de comunicación profesionalizado?.

R. Creo que la comunicación es esencial en los tiempos que vivimos. Es imprescindible igualmente la transparencia en la comunicación como vía de aproximar nuestro trabajo a todos. El día 7 de marzo pasado, con ocasión de mi segunda comparecencia parlamentaria, se abrió nuestro Twitter, y con él, la inmediatez informativa entró en la Fiscalía General del Estado. En este tiempo, 210 tuits han ilustrado la actividad de la Fiscalía General, se han publicado artículos y entrevistas de compañeros y notas de prensa tanto de la Fiscalía General como de las Provinciales.

He dicho con frecuencia que todo lo que hagamos lo vamos a explicar, y que no vamos a hacer nada que no podamos explicarlo públicamente. He procurado mantener esta máxima a lo largo de mi mandato. Para mí fue muy ilustrativa, la línea de explicación a la opinión pública por parte de la Fiscalía de Marsella, en el año 2015, con ocasión de una tragedia aérea. Este ejemplo de comunicación pública, debe presidir también nuestra comunicación, y avanzar en este modo de proceder, fortaleciendo el gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado. Quiero llamar la atención de que, así como en todos los Tribunales Superiores de Justicia existen gabinetes de comunicación, muy pocas Fiscalías Superiores lo poseen, y esto es algo que debería cambiar.