el conocido como 'nivel 33'

Más de 140 cargos con el PP tienen derecho a un sobresueldo vitalicio en la Administración

Con el cambio de Gobierno, los funcionarios de carrera que han ocupado altos cargos pueden volver a su nivel inicial y cobrar un plus instaurado en 1990

Foto: Seis miembros del último Gobierno de Mariano Rajoy son funcionarios. (EFE)
Seis miembros del último Gobierno de Mariano Rajoy son funcionarios. (EFE)

Al menos 142 funcionarios de carrera que han ostentado altos cargos durante el Gobierno de Mariano Rajoy tendrán derecho a un complemento salarial si vuelven al rango que ocupaban antes de entrar en política. El sobresueldo, vitalicio, está garantizado gracias a la Ley de Presupuestos aprobada por el PSOE en 1990 y nunca modificada por los gobiernos siguientes. En su artículo 33, la norma garantizó esta paga para los funcionarios de carrera que, tras haber ocupado cargos de dirección en un Gobierno (sea nacional, regional o local) durante al menos dos años, volvieran a su nivel inicial. No es una retribución fija, sino que se adapta para cubrir la diferencia entre el puesto como alto cargo y el nivel menor al que volvería.

Este complemento, conocido como 'nivel 33', una denominación informal que deja de manifiesto que el complemento va más allá de los 30 niveles previstos para los funcionarios, ha sido declarado "discriminatorio" por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Esta comunidad autónoma lo ha eliminado desde enero de 2016, gracias a un acuerdo entre PSOE, Podemos y nacionalistas.

Los expolíticos de cada ministerio

De los 149 altos cargos del reciente Gobierno de Rajoy que pertenecen a algún cuerpo funcionarial del Estado, siete son diputados, incluido el hoy expresidente del Gobierno, registrador de la propiedad desde 1974. Por eso, volverán a su escaño y no a su puesto como empleados públicos 'rasos'. Los otros 142 sí podrán decidirlo y, en el caso de volver a su puesto, contarán con las ventajas del 'nivel 33'. En 2017, estos complementos suponían unos dos millones de euros anuales para las arcas públicas.

En el Ejecutivo saliente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública es el que cuenta con más funcionarios de carrera. De los 33 altos cargos, solo el ministro, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado, Enrique Fernández de Moya, no lo son. En el de Exteriores lo son 15 de 22, por la abundancia de miembros del cuerpo diplomático. El mismo Alfonso Dastis, que no es diputado, contaría con el complemento si volviera a sus funciones. Por otro lado, en Presidencia abunda el personal ajeno a la carrera pública y solo tres (Rajoy incluido) de sus 11 altos cargos pertenecen a algún cuerpo de trabajadores del Estado.

Los funcionarios del Cuerpo de Administradores Civiles son mayoría entre los altos cargos que abandonan ahora el Gobierno (22), seguidos por los abogados del Estado (12).

'Ilegalizado' en Baleares

El 'nivel 33' de los altos cargos de la Administración supone un gasto de unos dos millones de euros anuales para las arcas públicas, según los datos que este periódico consiguió a través de una petición de Transparencia y referidos al segundo semestre de 2017. En ese momento, unos 500 ex altos cargos estaban cobrando este plus, con una media de 180 euros al mes. Este complemento vitalicio, poco conocido fuera de la Administración, nunca ha sido excluido de los Presupuestos desde su creación hace casi 30 años.

Es un privilegio que la clase política se ha concedido a sí misma mediante una legislación hecha a medida

El primer paso en este sentido lo dio el Gobierno de las Islas Baleares en junio de 2016. Con una modificación legislativa, eliminó lo que quedó plasmado en el Boletín Oficial regional como "un privilegio que la clase política se ha concedido a sí misma mediante una legislación hecha a medida". En las Islas, 152 ex altos cargos cobraban ese complemento, y a final de 2015, con la salida del PP de los puestos de poder, otros 17 lo tenían solicitado. Eso da una media de un complemento de 453 euros brutos al mes en 14 pagas. El plus es mayor para aquellos funcionarios con menor categoría y viceversa, no todos cobran lo mismo. En algunos casos, llegaba a rondar los 1.000 euros brutos al mes. El criterio del Gobierno Balear fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo local basó su legislación sobre todo en el agravio comparativo que conlleva este plus. Premia a los funcionarios que llegan a direcciones generales sin seguir procesos de promoción interna, excluye a los ciudadanos que acceden a la política desde la empresa privada y supone una "importante carga" sobre el ciudadano de a pie. Como informó El Confidencial, para los ciudadanos baleares suponían 964.367 euros anuales de dinero público.

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