el juez moreno archiva el grueso del procedimiento

Narcís Serra continuará imputado por operaciones inmobiliarias de Catalunya Caixa

La Audiencia Nacional exonera a diez investigados, entre ellos el ex director general Adolf Todó

Foto: Serra tras su declaración judicial. (EFE)
Serra tras su declaración judicial. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado este lunes gran parte del sumario abierto por operaciones irregulares vinculadas con la entidad Catalunya Caixa. En un auto mantiene, sin embargo, la imputación del que fuera su presidente Narcís Serra y otros cuatro antiguos cargos de la entidad, por operaciones inmobiliarias sospechosas.

El magistrado impulsó la instrucción tras la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB. Analizaba una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).

El grueso de los contratos queda apartado, bien por considerarse prescrito o bien por la falta de indicios de la comisión de delito. El magistrado asegura que no es posible apreciar "un plan preconcebido" y ordena el archivo para diez de los investigadores, entre ellos el ex director general Adolf Todó.

Mantien abierta la parte de la investigación que afecta a Torca Procam Polska, a través de la cual qse acordó una inversión global en Polobia el 4 de julio de 2006 en las que se llevaron a cabo "operaciones aparentemente muy irregulares". Algo similar sucede con Vertix Procam, en la que se repitieron las mismas irregularidades en reelación con tres proyectos distintos.

La Fiscalía señalaba en su denuncia que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados"; asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real.

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