300 taiwaneses perseguidos por Pekín por extorsión vía telefónica piden asilo a España

Buena parte de los 300 ciudadanos asiáticos (la mayoría de ellos, taiwaneses) que fueron detenidos en diciembre de 2016 en el marco de la operación Wall, ejecutada por la policía nacional en colaboración con las autoridades de Pekín, están pidiendo asilo a España para evitar ser extraditados a China, donde consideran que no se respetarán todas sus garantías judiciales, al menos no como en la Audiencia Nacional, que instruía su causa hasta que decidió cederla.

El pasado viernes, de hecho, la policía nacional entregó las evidencias informáticas incautadas durante la intervención de 2016 a los representantes del Ministerio de Seguridad chino. El comisario general de Policía Judicial, Eloy Quirós; el responsable de Ciberdelincuencia, Rafael Pérez, y el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, Pedro Pacheco, en representación de las autoridades españolas, cedieron todo el material a la delegación asiática, encabezada por el director general de Investigación Criminal, Yang Dong.

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El acto político pretendía dar cuenta pública de las buenas relaciones entre ambos cuerpos, deterioradas durante la operación Emperador y la intervención del banco ICBC, y arregladas teóricamente tras el caso Wall. Este último reflejó la primera colaboración institucional entre las policías de ambos países y permitió desarticular una red que defraudó más de 16 millones de euros. Los detenidos formaban parte de una organización dedicada a extorsionar a ciudadanos chinos desde 'call centers' clandestinos ubicados en diferentes localizaciones de España.

Tras una instrucción judicial extraña, marcada por el archivo de la causa el 5 de febrero de 2017 —después de que lo solicitara la Fiscalía—, el ministerio público argumentó que no había pruebas suficientes que demostraran la existencia de delito alguno por parte de los casi 300 ciudadanos asiáticos (chinos y taiwaneses) detenidos. Hizo esta afirmación para evitar la personación en el procedimiento de 36 arrestados. Arguyó que no había evidencias sólidas para concluir que la causa no había culminado con éxito y que solo cabía el sobreseimiento.

Tras este archivo, el pleno de la Sala de lo Penal dio luz verde en julio de 2017 a la extradicion de los arrestados. El tribunal resolvió el primer recurso de súplica presentado por uno de ellos y aprobó esa primera extradición a China. Tras este primer ciudadano remitido a Pekín, fue trasladado un segundo, según informan desde la investigación. Sin embargo, el envío del resto está de momento paralizado, ya que la mayoría están tratando de evitar la entrega pidiendo asilo político a España. Fuentes jurídicas explican que la presentación de una solicitud de asilo conlleva que la entrega de los reclamados por China queda en suspenso hasta que se resuelva la mencionada petición por parte de la Administración, gestión que puede durar varios meses.

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Las decenas de taiwaneses que la han presentado, por lo tanto, ganan sobre todo tiempo, dado que previsiblemente el Gobierno resolverá negativamente su petición con el fin de mantener las buenas relaciones con China y los detenidos tendrán finalmente que viajar a Pekín. De momento, no todos han hecho la reclamación de asilo, aunque es previsible que sea la totalidad la que finalmente lo haga, dado que algunos aún no la han presentado porque no se han enterado de que tienen esa posibilidad, explican las mismas fuentes jurídicas consultadas.

La mayoría de los detenidos se dedicaba a realizar llamadas de sol a sol para estafar a ciudadanos ubicados en China desde los mencionados 'call centers' pirata que los responsables de la trama habían instalado en una veintena de chalés repartidos por toda España. Según la fiscalía asiática, los casi 300 detenidos en España están detrás de al menos 839 casos de estafa, que es el número de timos denunciados y que conllevaron el ingreso en la caja de la organización criminal de los citados más de 16 millones de euros. Uno de los engañados, un profesor de Secundaria que entregó todos sus ahorros a los estafadores (32.800 euros), se ahorcó en la puerta de su piso en la planta 22 del edificio 9 del barrio de Zhongbangshangcheng, en la ciudad de Qin'an. Otra, una empresaria de Zibo (en la provincia de Shandong), abonó 2,2 millones de euros en cuentas de cuatro bancos distintos.