Crespo, Zaragoza y Gabriela Bravo: Sánchez busca su fiscal general para el 'procés'

Los relevos en la estructura gubernamental ya están en marcha y afectan a todos los cargos de confianza del Ejecutivo que hasta este viernes lideraba Mariano Rajoy. Su elección para dirigir la Fiscalía General del Estado tras el fallecimiento de José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar, ha cesado con el Gobierno y se encuentra ya en funciones. Será sustituido por otra persona en breve. El elegido tiene en sus manos el impulso o la atenuación de la causa por el desarrollo del 'procés' que dirige el juez Pablo Llarena. Las quinielas están en marcha y se barajan varios nombres para ocupar el sillón del Palacio del Marqués de Fontalba.

Así las cosas, queda claro que la elección del cargo no solo es fundamental. La actuación del sustituto de Sánchez Melgar, que el 12 de junio cumpliría seis meses al frente de la Fiscalía, dará la pista más evidente sobre la actitud que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a desarrollar respecto al independentismo catalán. Evidenciará si se le debe la cuenta a ERC y el PdCAT —incluso al PNV— por el apoyo a la moción que le ha convertido en presidente.

TE PUEDE INTERESAR

El ejército de un millar de altos cargos que Sánchez deberá movilizar en escasos días

Iván Gil

Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, ya se manejan candidatos para la sucesión. Suena con fuerza el nombre de Pedro Crespo, actualmente fiscal jefe de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Tras una dilatada carrera que arrancó en la abogacía, se incorporó a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en la etapa de Cándido Conde Pumpido. Cuatro años después pasó a ser teniente fiscal y alcanzó el grado de fiscal de sala en 2011.

Uno de los candidatos más evidentes es el fiscal del Supremo Javier Zaragoza. Tras abandonar la jefatura de la Audiencia Nacional, que ostentó durante diez años —descabalgado precisamente por el Gobierno que ahora ha caído— forma parte del equipo de cuatro fiscales encargados de la causa sobre el 'procés'. Se baraja también la posibilidad de que el cargo lo ocupe una mujer: Gabriela Bravo. Actual consejera de Justicia valenciana, es fiscal de carrera y dirigió la Unión Progresista durante un año hasta su nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bravo está llamada a ocupar responsabilidades en el nuevo Ejecutivo y, si se opta por no colocarla al frente del Ministerio Público, es muy probable que asuma algún otro cargo. Otra posibilidad implica girar la mirada hacia el PSOE andaluz. Por ese lado podría promoverse al catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, Víctor Moreno Catena.

​Puesto clave

El procedimiento que afecta a todo el Govern de Puigdemont se encuentra en plena escalada hacia el juicio oral, que se prevé para el otoño. Los pasos del Ministerio Público serán básicos para cerrar el delito por el que finalmente se siente en el banquillo a Oriol Junqueras y el resto de procesados que se encuentran en España. Nueve de ellos permanecen en la cárcel. El delito de rebelión, por el que Maza presentó sus querellas y en el que se ha sustentado la causa, ha ido abriéndose a una evolución hacia la sedición o la cooperación para la rebelión. Por debajo de esa línea se encuentra la apuesta de los acusados, el delito de desobediencia, que no está penado con prisión sino con posibles penas de multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años.

También quedan pendientes las múltiples cabezas de los procedimientos de entrega de los huidos. Alemania decidirá en las próximas semanas si entrega o no a Puigdemont tras el portazo de Bélgica. En el caso, nada peregrino, de que el criterio de Schleswig-Hostein no se ajuste a lo solicitado por el Tribunal Supremo, el Ministerio Público tiene la llave para proponer cómo afrontar el fracaso. Rendir batalla ante el tribunal de Luxemburgo o desistir de la sucesión de OEDE que tantos disgustos y desgaste internacional están generando.

Los sumarios, de dos velocidades tras la separación en otra pieza de la investigación a los 'ausentes', cuentan en la actualidad con el impulso de acusación de la Fiscalía, cuyos miembros están sometidos al principio de jerarquía que marca el fiscal general, y de Vox, única acusación popular personada. En el caso de que el nuevo inquilino de la calle Fortuny traiga intención de rebajar la línea conducida hasta el momento, el Supremo tiene una opción: tendrá que decidir si procede a petición del partido que dirige Santiago Abascal.