Idea de Fraga para el Plan galicia

La autovía de la Costa da Morte no remonta: 630 millones para 7.000 coches al día

La infraestructura que impulsó la Xunta para hacer olvidar los efectos del Prestige en la zona se confirma como una obra que 16 años después continúa siendo infrautilizada

Foto: Feijóo visita las obras de la autovía en 2016. (EFE)
Feijóo visita las obras de la autovía en 2016. (EFE)

Es una de esas obras que se imaginaron en los tiempos de bonanza y que se ejecutaron en claro desafío a la crisis: una lujosa autovía en medio de la despoblada Costa da Morte. La idea de dotar de una comunicación de lujo a una de las comarcas más aisladas de la comunidad autónoma partió de Manuel Fraga, que consiguió plasmarla en aquel Plan Galicia que nació a modo de compensación por el hundimiento del Prestige. Pero mientras la mayoría de las promesas de aquel documento decaían, la AG-55 se llevó adelante contra viento y marea, después de tres licitaciones y entre mutuas acusaciones de irregularidades de socialistas y populares. Costará más de 600 millones de euros. En su primer año, la utilizaron apenas 7.000 vehículos diarios.

El propio Alberto Núñez Feijóo lo reconoció en un arranque de sinceridad. Preguntado en 2012 acerca de la necesidad de ejecutar esa obra en medio de una fiebre de recortes, el presidente de la Xunta reconoció que él compartía esas dudas. Pero apeló a las promesas realizadas a los alcaldes de la zona y no solo la ejecutó, sino que además rompió la licitación que había hecho el breve Gobierno bipartito que le antecedió por considerarlo excesivo, lo que acabó encareciendo el proyecto. No sería la última licitación de una autovía de azarosa tramitación, que se llevó por delante a un alto cargo del Ejecutivo de Feijóo, la directora de Infraestructuras Isabel Vila, y que provocó una denuncia empresarial ante la fiscalía.

La autovía estuvo siempre rodeada de polémica por sus sucesivas licitaciones y por los recortes realizados a la medida de las concesionarias, que demoraron ocho años su ejecución, pero nunca por las bajas expectativas de tráfico. Pero ya se ha confirmado como la segunda autopista de la red autonómica con peores datos, de acuerdo con la Memoria de Tráfico de 2017 de la Xunta, la primera que se publica desde la inauguración de la autopista el 29 de junio de 2016. En ese primer año entero en funcionamiento, el vial tuvo una media de 7.300 usuarios al día en su punto de mayor tráfico, en Carballo; en otros, apenas supera los 5.200. Los usuarios durante el verano salvan las cifras de la catástrofe, porque la mayor parte de los meses está por debajo de los 7.000 vehículos diarios y en febrero cayó incluso a 6.200.

Son datos que solo empeora la autovía Ourense-Celanova, con 5.713. Incluso la AG-53, que une Santiago y Ourense, cuestionada por su escaso tráfico, rebasa los 8.000 y tiene tramos con 13.800. La de la Costa da Morte está también por debajo de la mayor parte de los corredores, vías rápidas y carreteras convencionales. Son datos que contrastan con otras autovías abandonadas por la Administración, como los 63.000 coches diarios de la entrada a Vigo por la A-55, cuyas obras de reforma están abandonadas desde hace más de dos años.

La autovía de la Costa da Morte vino a compensar el mal que provocó el hundimiento del Prestige. (EFE)
La autovía de la Costa da Morte vino a compensar el mal que provocó el hundimiento del Prestige. (EFE)

La Xunta temía que los datos fuesen peores. De ahí que la 'conselleira' de Infraestructuras, Ethel Vázquez, asumiera como "muy positivos" los avances de tráfico que ofreció el verano pasado, similares a los ahora confirmados. "La verdad es que son cifras muy positivas para ser el primer año, pero creo que hay margen de mejora", declaró Vázquez, que reconoció hablar también como "vecina de la comarca". "No es que me lo digan los amigos o los conductores, me lo dicen los vecinos y los familiares. Todos ellos me trasladan que esta autovía supuso un antes y un después para la Costa da Morte", afirmó. La 'conselleira' anunciaba ese mismo día la ampliación de la autopista hasta Vimianzo, otros 5,5 kilómetros con cinco viaductos incluidos, que encarecerán la obra en 25 millones de euros.

La AG-55 fue una de las promesas que el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, hizo tras el hundimiento del petrolero Prestige a finales de 2002 para acallar las protestas en una Costa da Morte castigada por la marea negra. Los cálculos iniciales estimaban un coste de en torno a 200 millones de euros, pero el modelo de colaboración público-privada elegido para su ejecución, por el que la concesionaria financia las obras y cobra después un canon a la Administración, triplicará ese presupuesto. La Autovía de la Costa da Morte estuvo muy presente en la campaña que aupó a Feijóo a la presidencia de la Xunta, en 2009. El bipartito de socialistas y nacionalistas la había licitado dos años antes con un gasto de hasta 1.100 millones de euros que abonaría la concesionaria, que recibiría un canon por ese importe a lo largo de 30 años. Pero la crisis ya hacía estragos y la ganadora del concurso, que propuso hacerla por 584 millones, no tardó en declararse incapaz de construirla si no se incrementaba el gasto en un 30%.

Un sobrecoste de 395 millones

Llegaron Feijóo y el PP a la Xunta entre acusaciones a sus antecesores de favorecer a la concesionaria y se rescindió el contrato. Ahora no sería una vía rápida de un carril en cada sentido para después desdoblarse, sino que sería una autovía desde el principio con una rebaja concesional a 25 años. Y lo que ocurrió es que la oferta mejor valorada arrojaba un gasto de 979 millones de euros, un 67% más cara que la anulada. La Xunta no se decidía a adjudicarla, entre las insistentes acusaciones del PSOE de aplicar un "sobrecoste" de 395 millones. La segunda propuesta mejor valorada, una UTE de Dragados y Puentes, que ofertaba la obra por 200 millones menos, llevó el proceso al juzgado.

En mayo de 2011, la ahora 'conselleira' Ethel Vázquez, entonces directora de Infraestructuras en sustitución de Isaac Vila, optó por no adjudicar la obra y licitarla por tercera vez, para adjudicarla a una UTE formada por Copasa, Taboada y Ramos (una de las empresas que formaban parte de la primera concesión), Covsa (que lo hacía en la del supuesto sobrecoste) y CRC. Pero esa decisión no puso fin a las vicisitudes de la obra, que casi dos años después apenas había cumplido una ejecución del 20%, debido a problemas de financiación de la unión de empresas.

Esta vez no se rescindió el contrato, sino que se le perdonó a la concesionaria la ejecución del último tramo, 15 kilómetros entre Baio y Berdoias, aunque para hacerlo se tuvo que incluir un artículo en la Ley de Presupuestos de la Xunta para 2015, una solución que los socialistas no tardaron en comparar con las modificaciones que negociaba el bipartito tras la primera adjudicación. Desde 2016, la Xunta paga a la concesionaria un canon de 23 millones de euros anuales que se incrementa progresivamente, hasta completar un gasto total de 630 millones entre la inauguración de la autovía y el fin de la concesión en el año 2038.

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