"Es difícil suponer una agresión de esta brutalidad si no fueran guardias civiles"

Han sido innumerables los gestos de apoyo de las instituciones del País Vasco y Navarra a los ocho acusados por la brutal agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua al compartir su argumento de que los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de octubre de 2016 obedecieron a una mera "pelea de bar" o a una "trifulca" a altas horas de la noche con alguna copa de más de por medio. Ahora, la Audiencia Nacional ha rechazado de forma tajante esta tesis del altercado de madrugada. La brutal paliza múltiple respondió a un único motivo que "no fue otro que la condición de guardias civiles" de los agredidos "dentro de un objetivo más amplio que es el de expulsar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) del País Vasco y Navarra".

Las sentencia incide en que "no cabe la menor duda" de que la agresión que se inició en el bar Koxka con la participación de 20-25 personas y que continuó en los exteriores del establecimiento obedece a un "plan orquestado y planificado" que "se llevo a cabo en razón a la profesión" de los dos agentes, un teniente y un sargento de la Guardia Civil que en el momento de los hechos se encontraban fuera de servicio. Y para ello se ampara en la "brutalidad" con la que se emplearon los acusados. "Es difícil suponer que se hubieran producido unos hechos de esta naturaleza y gravedad si se trataran de personas que no ostentan la condición de guardias civiles: no hay en los autos ninguna razón al margen de esta circunstancia que justifique la causación de estos hechos", sostiene con contundencia la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional

"No se entiende que se agrediera de esta manera a dos guardias civiles cuando uno de ellos llevaba en la casa cuartel de Alsasua un año y el otro 20 días"

Entre los argumentos, asegura que "no se entiende que se agredieran de esta manera a dos guardias civiles y sus parejas cuando aquellos llevaban trabajando en la casa cuartel, escasamente, uno de ellos un año y el otro apenas veinte días". Además, el fallo no obvia los insultos y amenazas proferidos mientras se sucedían los golpes, como "hijos de puta, perros, pikoletos, txakurras, esto os lo tenéis merecido, teníais que estar muertos por ser guardias civiles", entre otros. "Sin ese conocimiento [de su condición] no hubiera tenido sentido la agresión", remarca el fallo, que condena a los ocho imputados a penas que oscilan entre los dos y los trece años de prisión por los delitos de atentado a los guardias civiles, lesiones, desórdenes públicos y amenazas tras desmontar las tesis de la defensa.

Se trata de las penas más altas previstas para estos delitos porque, tal y como establece la Sala, "no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de guardias civiles y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión".

"No puede permitirse que en el siglo XXI dos guardias civiles solo puedan acudir a determinados lugares y no puedan salir a pasar un rato de ocio"

Para la Audiencia existen numerosas evidencias que demuestran que lo ocurrido no se enmarca en lo que "se dice vulgarmente en una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión" como tratan de hacer ver los imputados con el apoyo del Gobierno de Uxue Barkos, el Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Alsasua. "La actitud de brutalidad adoptada por los acusados, el hecho de que las víctimas no fueran auxiliadas por ninguna persona presente en este momento —tan solo el dueño del bar Koxka salió para ver si los hechos habían sido dentro o fuera y ofrecer su chaqueta a uno de los agredidos—, el clima de violencia verbal de insultos, amenazas directas… Incluso después de que llegara una patrulla de la Policía Foral a auxiliar a los detenidos denota que no se trató sin más de lo que podríamos denominar un simple altercado", defiende. Y refuerza su razonamiento: "Basta para ello ver el número de personas que agredieron, jalearon, animaron, mostraron una actitud pasiva, indiferente, de desprecio… para apreciar que no fue una simple trifulca o un mero altercado".

Los acusados actuaron, según remarca la sentencia, guiados por "su clara animadversión y menosprecio" hacia la Guardia Civil y por "motivos puramente ideológicos, intentando expulsar a dicho estamento de la Alsasua". Y además se "ampararon y aprovecharon de la existencia de un numeroso grupo de personas tanto dentro como fuera del bar" para "en un primer momento intimidarlos e insultarlos y luego agredirlos brutalmente con golpes, patadas y puñetazos" en una actuación que también tuvo como objetivo a las parejas de los dos agentes, quienes, como incide la sentencia, fueron agredidas por el hecho de que "eran las parejas sentimentales" de los dos guardias civiles. A este respecto, constata que alguno de los acusados están "vinculados e implicados activamente y de forma importante" con el movimiento OSPA que "persigue como finalidad la expulsión" de las FSE de Alsasua, organizando actos en contra de la Guardia Civil, caso de comidas populares, bailes, pasacalles, representaciones teatrales o quema de fallas con la imagen de un agente de la benemérita o de un Policía Nacional con cara de una animal, e incluso "increpando" y "amedrentando" a las personas que acuden a actos organizados por el cuerpo en esta localidad.

La Sala apunta entre los motivos a la edad de los acusados: "Ni siquiera eran mayores de edad cuando en 2011 ETA abandonó la lucha armada"

En todo caso, y a pesar de reconocer "la notabilísima gravedad de los hechos", la Sala no comparte el criterio de la Fiscalía y las acusaciones de que los hechos se enmarcan dentro del ámbito del terrorismo y por los que el Ministerio Público reclamaba un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas. Sostiene que no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA. Así, señala que no puede considerarse que los acusados hubieran actuado "siguiendo el ideario que ETA tenía entre sus objetivos". Y entre los motivos para rechazar calificar la agresión "como una acción terrorista", llega a apuntar a la edad de los acusados, quienes "ni siquiera eran mayores de edad cuando en el año 2011 la banda terrorista manifestó que abandonaba la lucha armada y dejó de estar operativo el denominado 'frente armado'".

"Es difícil imaginar que los procesados hubieran asumido este ideario con dicha edad y, manteniéndolo en el tiempo, en octubre de 2016, cuando realizaron los actos que ahora estamos enjuiciando, tuvieran alguno de los propósitos o finalidades que describe el artículo 573 del Código Penal [relativo a los delitos de terrorismo]", refleja la Sala, que estima que "podría darse una descontextualización entre el ideario inicial de ETA y la posterior actuación de los hechos" y que es "importante a los efectos de poder dirimir la intención de los autores" de la brutal agresión.

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Asimismo, también señala que no se puede dar por probado que "exista una vinculación real y verdadera de los procesados con ETA", ya que "no consta que estuvieran integrados (no existe acusación de pertenencia a banda armada) en ninguna organización o grupo terrorismo. En este sentido, aunque en la actual regulación legal de los delitos de terrorismo no es necesario estar integrado formalmente en un grupo u organización terrorista, la Sala dice que es "relevante" en el caso de la paliza de Alsasua esta "falta de integración o, al menos, de vinculación de los acusados con alguna organización terrorista". Esto es, la Audiencia Nacional considera que "falta el ánimo concreto y el dolo necesario en los acusados como para entender que los actos realizados tuvieran una naturaleza terrorista", a pesar de dejar patente que los hechos han de calificarse como "muy graves, pues lo que late en la agresión en un sentimiento de menosprecio y una clara voluntad de rechazo" hacia la Guardia Civil.

A consecuencia de la agresión, el teniente tuvo que ser operado de una fractura de tobillo que le mantuvo de baja más de medio año, mientras que el sargento sufrió policontusiones que le provocaron lesiones que tardaron 53 días en curar. También padecieron lesiones físicas sus parejas, quienes además han sufrido cuadros de ansiedad o trastorno por estrés. Pero también hay secuelas más allá de las físicas y psicológicas. Así, como pone de manifiesto el fallo, la novia del teniente ha tenido que abandonar Alsasua por miedo y el agente se ha visto obligado a cambiar de destino "viendo truncada en cierta forma su carrera profesional".

La sentencia alaba la "actuación significativamente profesional" de los guardias civiles ante las provocaciones y la "valentía y aplomo" de las novias

La sentencia, que estima procedente aplicar la agravante de abuso de superioridad y de discriminación, elogia la actitud que mantuvieron las cuatro personas agredidas. Así, confronta la "actuación significativamente profesional de los guardias civiles" frente al "sentimiento radical y de intolerancia de los acusados", ya que "no se dejaron llevar por la agresividad" pese a las "provocaciones" y a la "violencia" desplegada por los imputados, y "no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva, sino que trataron de evitar en todo momento dicha situación". Por su parte, alaba la "valentía" de las novias y el "aplomo" que demostraron al no contestar a las provocaciones y "tratar de proteger en todo momento" a los agentes a pesar de no ser ayudadas por "ninguna de las personas allí presentes".

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Tras la agresión, el pueblo de Alsasua ha estado volcado de forma mayoritaria en apoyo a los imputados, sometiendo a un acoso permanente al entorno de la pareja del teniente. La sentencia no pasa por alto la "presión" que existe en el municipio a favor de los acusados a partir de la declaración de un testigo que estuvo presente en los hechos y que durante el juicio fue incapaz de identificar a alguno de los agresores. Esta circunstancia, según expone, es un "signo evidente" de la presión a la que ha sido sometido esta persona "por el entorno en el que vive y se mueve" para no inculpar a los autores de la paliza. Los agresores fueron un número "indeterminado" pero solo se ha podido poner rostro a ocho. De ellos, tres permanecen en prisión provisional desde noviembre de 2016: Jokin Unamuno, que ha sido condenado ahora a 12 años de cárcel, Ohian Arnaz (13 años) y Adur Ramírez (12 años). A Jon Ander Cob, Julen Goicoechea y Aratz Urrizola la Audiencia Nacional les ha impuesto nueve años de cárcel, mientras que Iñaki Abad deberá afrontar 13 años y Ainara Urquijo dos (la pena más baja).

Todos los condenados deberán indemnizar al teniente con 9.200 euros por las heridas causadas y 3.750 euros al sargento, así como con 6.100 euros a las parejas de ambos. Por las secuelas y daños morales, además, deberán abonar 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 para la del sargento.