"Perjudica la libre competencia de las empresas", denuncian

Los empresarios navarros alzan la voz contra Barkos por la "discriminación" con el euskera

La Confederación de Empresarios de Navarra se adhiere al manifiesto de la marcha de este sábado en Pamplona en contra de la política lingüística de "imposición" del Ejecutivo nacionalista

Foto: La presidenta de Navarra, Uxue Barkos. (EFE)
La presidenta de Navarra, Uxue Barkos. (EFE)

El Gobierno de Uxue Barkos va a asistir por segunda vez en lo que va de legislatura a una multitudinaria protesta en la calle contra su política de “imposición” nacionalista. Primero fue, hace un año, una manifestación para rechazar su pretensión de oficializar la ikurriña en la Comunidad Foral y ahora, este próximo sábado, una nueva marcha va a recorrer Pamplona para denunciar la política lingüística del Ejecutivo, que “discrimina a gran parte de la ciudadanía” al “imponer” el euskera en diferentes ámbitos, como el económico, educativo o administrativo.

La manifestación, convocada por los mismos colectivos de la sociedad civil que el pasado año llevaron a la calle la defensa de la bandera de Navarra frente al intento de Barkos de implantar la ikurriña —Asociación Cultural Doble 12, Desolvidar y Vecinos de Paz—, no deja de sumar adhesiones a las puertas de su celebración. El último en sumarse a esta protesta ha sido el empresariado navarro. Y lo ha hecho con contundencia, con un discurso muy duro contra el Ejecutivo foral, a quien acusa de “perjudicar la libre competencia de las empresas navarras” debido a una “utilización excesiva del euskera con fines políticos” que va “más allá de la satisfacción real de los ciudadanos” y “no atiende a la realidad” de la Comunidad Foral y de sus empresas.

La CEN denuncia que la "utilización excesiva del euskera con fines políticos no atiende a la realidad de la Comunidad Foral y de sus empresas"

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) ha acordado adherirse al manifiesto ‘Por un futuro de todos en igualdad’ que sustenta la manifestación, a la que ya se han sumado los grupos que conforman la oposición en el Parlamento de Navarra (UPN, PSN y PP), Ciudadanos, varios sindicatos, diferentes ayuntamientos, como el de Tudela —gobernado por Izquierda Ezkerra, una de las cuatro patas que sustentan el Gobierno de Barkos— y destacados intelectuales del mundo de la cultura y las universidades.

Los empresarios han decidido unirse a la denuncia contra la política lingüística del Gobierno como “reflejo del compromiso de los empresarios navarros por la igualdad de condiciones y la libre competencia de las empresas”. El Ejecutivo de Barkos ha puesto al empresariado navarro en su contra con la reciente aprobación de la Ley Foral de Contratos Públicos, que exige a las empresas disponer de un plan de euskera para poder acceder a contratos de la Administración pública cuando se requiera de un servicio de atención ciudadana. Esta exigencia, según denuncia la CEN, supone una “imposición” que “crea más dificultades” a las empresas navarras a la hora de acceder a contratos públicos, ya que la normativa está articulada para beneficiar a las empresas vascas, especialmente en las zonas mixta y no vascófona, donde el uso del euskera llega a ser residual en algunos casos.

La política lingüística de Barkos "está provocando situaciones de discriminación, especialmente en las empresas de la zona mixta y no vascófona"

La CEN habla abiertamente de “discriminación”, especialmente hacia las empresas de estas zonas mixta y no vascófona. Por ello, advierte del “riesgo” que conlleva que “las adjudicaciones públicas condicionadas por la política lingüística de la Administración no atiendan a la realidad” de las empresas de la Comunidad Foral, donde es previsible que se produzca un desembarco de empresas vascas al contar con ventajas de antemano para hacerse con contratos públicos. “El uso del euskera es un derecho que debe ejercerse desde la libertad, pero no a costa de unas políticas públicas que perjudiquen la libre competencia de las empresas navarras”, denuncia la Confederación de Empresarios, que alerta igualmente de que la política lingüística del Ejecutivo conlleva “un mayor coste público para todos los contribuyentes”.

Los empresarios fundamentan su denuncia con datos. Así, reflejan que en el 42% de las adjudicaciones públicas del Gobierno foral durante este mes de mayo —excluyendo contratos relativos a obras, suministros o mantenimiento— se beneficia a las empresas que usan el euskera. Este porcentaje, además, se acentúa en el ámbito municipal, caso de Pamplona, donde las adjudicaciones que exigen la utilización de la lengua vasca se elevan hasta el 66% en los dos últimos meses. Estas cifras, según censuran, “no atienden a la realidad del uso del euskera en las empresas navarras”, que, según recuerdan, “crean riqueza y trabajo para una sociedad en la que el uso habitual de la lengua vasca se limita al 6,7% de la población", según los últimos datos publicados por el Cluster Sociolingüístico. “Las políticas de la Administración no están reflejando con proporcionalidad la realidad de la Comunidad Foral”, critica la que es la organización empresarial más representativa de Navarra, que suma a más de 14.000 empresas de la región.

Los impulsores de la marcha, que partirá a las 18:00 frente al Parlamento regional, insisten en que la movilización “no es contra el euskera, sino contra la imposición” de esta lengua. “Ante la actual política lingüística del Gobierno de Navarra de discriminación de gran parte de la ciudadanía, afirmamos que no sentimos ninguna fobia por el vascuence. Creemos firmemente que forma parte de nuestra cultura. No aceptaríamos que los vascoparlantes fueran objeto de algún tipo de discriminación legal, laboral o social (…) Pero no estamos dispuestos a aceptar que en una sociedad mayoritariamente castellanoparlante, abierta y democrática, el euskera se convierta en un permiso de trabajo o en un requisito obligatorio para poder acceder a ayudas públicas en igualdad de condiciones”, sostiene el manifiesto que da cuerpo a la manifestación.

Son varias las “imposiciones” que se denuncian y que afectan a la excesiva valoración del euskera a la hora de acceder a un empleo público con independencia de la realidad sociolingüística de la zona, dejando en algunos casos en un segundo plano las capacitaciones profesionales, o a la citada obligatoriedad de las empresas a contar con un plan de euskera para poder ser contratadas por la Administración. A este respecto, la primera OPE que planteó Educación se echó para atrás por unos perfiles lingüísticos del euskera que eran “discriminatorios”, según deja constancia la oposición. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló los cambios de la oferta educativa llevados a cabo por el Ayuntamiento de Pamplona en dos escuelas infantiles para implantar el euskera.

En esta línea, Fernando Aranguren, representante de la Asociación Cultural Doble 12, asegura que el Gobierno foral está destinando "una gran cantidad de dinero a políticas que imponen y discriminan”. “Lo que estamos denunciando es una injusticia de igualdad de oportunidades ante una entrada a un empleo público o en una empresa privada”, incide, para alertar de que la actual política lingüística “está dividiendo a la sociedad navarra, y no lo vamos a permitir”.

La marcha culminará en el Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, donde el pasado 3 de junio miles de personas —más de 25.000, según la organización— salieron en defensa de la bandera de Navarra y en contra de la derogación de la Ley de Símbolos que llevó a cabo el Ejecutivo de Barkos para facultar a las administraciones a colocar la ikurriña en la Comunidad Foral. En todo caso, su pretensión de oficializar la bandera vasca está siendo echada por tierra por los tribunales, que están declarando sistemáticamente ilegal la colocación de la ikurriña por parte de ayuntamientos navarros gobernados por el nacionalismo. La Justicia también intervendrá ante esta política de euskera, ya que los socialistas navarros están presentando recursos ante el Tribunal Administrativo de Navarra contra los perfiles lingüísticos de las plantillas que están decretando algunos ayuntamientos para "favorecer la lengua vasca".

La manifestación ha elevado estos días el enfrentamiento entre el cuatripartito y los grupos de la oposición. Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra, ha censurado que “organizaciones políticas democráticas” se sumen a una movilización que "no tiene ningún motivo fundamentado”. A este respecto, ha acusado a UPN, PSN y PPN de “manipular la realidad” e impulsar acuerdos que “van en contra del ordenamiento jurídico y de los derechos de los navarros”. Por su parte, la oposición insiste en su argumentación de que la movilización “no es en contra del euskera sino de la política lingüística de imposición” del Gobierno, y denuncia la “falta de respeto” del Ejecutivo a esta movilización y hacia quienes no comulgan con sus tesis nacionalistas.

Porque el Gobierno de Barkos no ha dudado en arremeter contra la manifestación por ir “en contra de derechos” que asisten a la ciudadanía. Además, su portavoz, María Solana, ha criticado que algunos ayuntamientos sufraguen autobuses para que los vecinos acudan a la marcha, ya que “muy moral no parece”. Esta confrontación política ha llegado a nivel municipal a toda la comunidad, donde ambas partes han presentado iniciativas en los consistorios navarros para mostrar su respaldo o rechazo a la movilización de este sábado.

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