Los letrados tumban la propuesta de concurso de RTVE de la oposición

Un jarro de agua fría. Otro más. Otro obstáculo para la renovación del consejo de administración de RTVE. La propuesta de concurso público que diseñó la oposición contiene "algunos" aspectos contrarios a la ley, por lo que habría que reformularlos. Es lo que estiman los letrados del Congreso, y lo que puede servir de argumento al PP para demorar el relevo en la corporación una vez más, y eso es lo que se dilucidará en la reunión de la Mesa de la Cámara Baja de este jueves. Pero todo indica que esta advertencia de las servicios jurídicos supone un vuelta a empezar. Desandar parte del camino hecho.

Hace casi un mes —fue el 26 de abril— que los populares echaron el freno al borrador de normativa de convocatoria pública para la renovación de la cúpula de RTVE. Lo hicieron en las Mesas conjuntas de Congreso y Senado, alegando que observaban problemas técnicos en esa propuesta de concurso exprés y que debían ser estudiados por los servicios jurídicos parlamentarios. En concreto, el PP entendía que ese modelo que pactó la oposición antes de Semana Santa, en marzo, era un "bodrio" jurídico, por sus imprecisiones, y por tanto no se podía implantar. Pero la oposición apuntaba que esos reparos que ponían los conservadores, con Ana Pastor a la cabeza, obedecían a su voluntad firme de retrasar los cambios en la radio y televisión públicas, acusadas por sus propios trabajadores de "manipulación" y "censura".

Visto el desacuerdo, la Mesa de la Cámara Alta, que controla el PP con su mayoría absoluta, se reunió a continuación y pidió informes a los letrados. Días más tarde, Pastor hizo lo mismo: preguntó a los servicios jurídicos del Congreso si la propuesta impulsada por la oposición cumplía los requisitos legales. La respuesta ya está lista, es la que estudia este jueves el órgano rector de la Cámara Baja, tiene 11 páginas y a ella ha tenido acceso El Confidencial. El documento, fechado este 23 de mayo de 2018, es muy duro con los grupos proponentes y avala la visión que de antemano tenía el PP.

"La propuesta examinada", la que idearon PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y a la que se sumaron posteriormente ERC, PNV y Mixto, "se limita a desarrollar el procedimiento de designación del consejo de administración de la corporación RTVE —dice el texto—, articulándolo en torno a la celebración de un concurso público, lo que, en principio, resulta congruente con la citada ley", la 5/2017, la que se aprobó en septiembre del año pasado por acuerdo y que suponía la vuelta a la necesidad de consensos muy amplios para proceder a la renovación de RTVE. Es decir, que ese documento elevado por los grupos simplemente se limita a articular el mecanismo de concurso público, y eso entra dentro de lo que decía la reforma acordada en 2017.

Los juristas creen que algunos puntos contradicen la ley y otros limitan las facultades de elección de los candidatos por las Cámaras

Pero a renglón seguido los letrados dicen esto: "No obstante lo anterior, algunos aspectos concretos del borrador de norma podrían ser contrarios a las previsiones legales, bien por la dificultad de adaptar tal procedimiento de renovación a dichas previsiones, puesto que estas presentan alguna contradicción; bien porque el procedimiento previsto define con exceso algunos aspectos del mismo, limitando las facultades de elección de las Cámaras en contra de la ley".

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La propuesta es incorrecta, no "ilegal"

¿Qué problemas encuentran los servicios jurídicos al borrador elevado por los grupos? Pues son varios, y algunos "de fondo", sobre los que quieren "advertir". De hecho, los juristas ya dicen que si la reforma aprobada el año pasado era poco menos que una chapuza —es una ley "poco clara" y "abre un gran número de problemas interpretativos de compleja solución"—, la propuesta elevada por la oposición "no hace sino ahondar en las contradicciones" de la propia norma, "diseñando un procedimiento para la designación del consejo de administración de la corporación RTVE de aplicación ciertamente complejo". Sí reconocen que no cabe derivar "una plena ilegalidad" del texto presentado que, no obstante, recuerdan, es una "propuesta que se formula por los grupos parlamentarios" y cuyo valor fundamental es el de servir de "documento base, pero en ningún caso vinculante", a partir del cual se podría elaborar y aprobar un texto definitivo. Por tanto, la idea construida por socialistas, morados y naranjas no es ilegal, pero sí contiene incorrecciones que habría que subsanar.

No gusta a los servicios jurídicos que los grupos distingan entre candidatos a consejero o a presidente, pues eso ha de decidirlo el Congreso

Para empezar, los letrados detectan una "incongruencia" entre lo que decía la ley sobre el procedimiento de renovación y lo que esgrime el borrador pactado por los grupos. La norma señalaba que los miembros del consejo de RTVE deben ser elegidos por el pleno de Congreso y de Senado con mayoría de dos tercios en primera votación y con mayoría absoluta en segunda, siempre y cuando la candidatura hubiera sido planteada por al menos la mitad de los grupos de la Cámara que corresponda. En cambio, en el documento de la oposición la propuesta la hace el comité de expertos, que es el órgano encargado de hacer la criba de aspirantes, comprobando si estos cumplen los requisitos exigidos.

Los servicios jurídicos también destacan que mientras que la ley contempla la renovación de la cúpula de la corporación por mitades cada tres años, el modelo lanzado por PSOE, Unidos Podemos y Cs solo está pensado para el relevo total del consejo de administración, que componen diez miembros —seis de ellos elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado—.

Tampoco gusta a los juristas de la Cámara Baja que el borrador distinga entre candidatos a consejeros y candidatos a presidente de la corporación, y eso "no sería posible de acuerdo con la ley". De la reforma de 2017 se desprende que el Congreso puede elegir, de entre todos los consejeros electos, a quien esté a la cabeza, "sin que quepa limitar esta capacidad con ningún tipo de preselección". En suma, que ha de ser la Cámara Baja la que ha de ser "libre para elegir", entre todos los miembros electos, al que desempeñará el cargo de presidente, "haya o no optado por este cargo desde un principio".

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El proyecto de los aspirantes

Otra cuestión que no se ajustaría como un guante a la ley es que los aspirantes a la jefatura de RTVE deban presentar un "proyecto de gestión vinculante para todo el mandato, que pasaría a formar parte del contrato-programa". Los letrados sí creen que los candidatos pueden llevar bajo el brazo un proyecto, pero este no puede ser vinculante, pues el artículo 4 de la ley de RTVE dice que son las Cortes Generales las que aprueban mandatos-marco —en los que se concretan los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados—, y que están vigentes nueve años, como también estipula que esos objetivos generales son desarrollados cada tres años en los contratos-programa que firman el Gobierno y RTVE.

El texto dice que hay cuestiones que mejorar, para que el concurso se realice con todas las garantías, como afinar los plazos o prever impugnaciones

Más observaciones. En este caso, al comité de expertos, el órgano encargado de evaluar a los aspirantes y de elevar un informe a la comisión parlamentaria que ha de examinarles. De nuevo, los juristas dicen que tampoco queda claro en la misma ley si este comité de expertos ha de hacer una preselección o simplemente ha de evaluar a los candidatos. De cualquier modo, con la redacción que plantean los grupos de la oposición encuentran los letrados que la capacidad decisoria de las Cámaras se hallaría "disminuida". Es decir, que se otorga más peso al comité de expertos que el que le otorga la ley. Además, no se prevé un sistema de impugnación para aquellos que puedan ser descartados, ni se ha programado un plazo de "subsanación para el caso de incumplimiento de los requisitos formales, ni solución para la eventualidad de que no se preseleccione a un número suficiente de candidatos". Tampoco convence, por "impreciso y complejo", el sistema de elección de los miembros del comité de expertos diseñado por la oposición.

Asimismo, se entiende que es escaso el "plazo perentorio de diez días que se prevé para que el comité de expertos se pronuncie" sobre las solicitudes. Tiempo que además habría de ser "susceptible de prórroga".

Los letrados introducen un apartado sobre los aspectos, que sin entrar en "contradicción directa" con la ley, sí que deberían ser objeto de "mejora técnica", para hacer que el procedimiento de selección se realice "con todas las garantías y con un cierto grado de seguridad jurídica". ¿Cuáles? Recomiendan, por ejemplo, que se limite el número de órganos de la Cámara implicados en el procedimiento. Así, creen que no deberían participar la Comisión Mixta de Control de RTVE y la Comisión Consulta de Nombramientos. Juzgan que es "más operativo" que solo intervenga una de ellas, "quizá" la primera pues es la más específica de la materia.

El borrador señalaba que los aspirantes habían de ser mayores de edad y "tener nacionalidad española, de la Unión Europea o con especial arraigo en España". Reprochan los juristas que se exija a los candidatos nacionalidad "de la Unión Europea", que no existe como tal, y por tanto habría de especificarse que se trata de la nacionalidad de "un Estado miembro de la Unión Europea". Y afean que es de "difícil comprobación en la práctica" concretar ese "especial arraigo en España" que se pide. Entienden que surge la duda de si la titulación que se exige ha de tener relación o no con el sector de la comunicación, y que la "reconocida competencia profesional" demandada "es un concepto de difícil determinación". Los servicios jurídicos advierten de que no se indica quién y cómo se anuncia la apertura de la convocatoria, si se computa o no según días hábiles, dónde se publicitan los informes de evaluación...

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Protestas de los trabajadores

Con este informe en la mano, la salida previsible es que Pastor obligue a los grupos a rehacer la propuesta de concurso público, corrigiendo todos los fallos encontrados por los letrados del Congreso. Pero tiene una dificultad: ella no controla la Mesa, y ya en la reunión del 3 de mayo la mayoría del órgano —que conforman PSOE, Unidos Podemos y Cs— hizo suyo el borrador preparado por los grupos. Es decir, que el visto bueno ya está dado.

La obligada reformulación del texto retrasará aún más el relevo en la cúspide de RTVE, y eso que hace casi ocho meses que la reforma entró en vigor

Pero el PP puede ejercer el bloqueo en el Senado, donde dispone de una confortable mayoría absoluta. Cuando se constate el parecer discrepante de las dos Mesas, lo esperable es que se produzca la parálisis, y en ese caso o se aparca la renovación de RTVE o se vuelve a empezar. El informe de los servicios jurídicos del Senado aún no ha llegado al órgano rector de la Cámara. No lo hizo, desde luego, en su reunión de este martes.

El resultado, en cualquier caso, es que la renovación se va a retrasar más todavía. La reforma entró en vigor el pasado 1 de octubre, y todavía está muy lejos ese relevo en la cúpula de la radio y televisión públicas. El mandato del actual presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, vence el próximo mes, pero ahora mismo es casi imposible pensar que pueda haber movimientos reales hasta septiembre, toda vez que julio y agosto son meses inhábiles y aún queda reformular todo el concurso y concitar el acuerdo de todos los grupos. La oposición y los trabajadores de la casa encuentran que lo que está detrás es una estrategia dilatoria del PP para asegurarse más tiempo el control de una herramienta fundamenal, la radio y televisión públicas. La plantilla, que ha sido apoyada por los colectivos profesionales de periodistas, que ha llevado su protesta al Parlamento Europeo y que cada viernes se viste de luto para denunciar la parálisis y la "manipulación", aún tendrá que seguir esperando.

TVE, condenada por emitir una información falsa en el 'Telediario' y obligada a rectificar

El informe de los letrados del Congreso llega apenas un día después de que el juzgado de Primera Instancia número 7 de Arganda del Rey condenara a Televisión Española por una información falsa emitida el pasado 13 de marzo en el 'Telediario 1', en el que se informaba que agentes de la Guardia Civil se habían personado en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid), gobernado por IU y Podemos, para requerir "información sobre un contrato municipal en el marco de una operación contra la corrupción". Sin embargo, como luego sí se dijo en el informativo territorial de Madrid, los agentes se personaron en el consistorio para pedir documentación sobre un contrato con una empresa que podría estar relacionada con la macrocausa vinculada a la Federación Española de Fútbol. O sea, nada que ver con el ayuntamiento, que fue el que acabó demandando a TVE. 

ÚLTIMA HORA> Televisión Española, condenada a rectificar la información falsa sobre Rivas difundida el 13 de marzo, que involucraba al Ayuntamiento en una operación anticorrupción. La Justicia falla que TVE debe retractarse y emitir una rectificación https://t.co/bMzVKaQ9PJ pic.twitter.com/yIyX4ks1QV

 

La sentencia [aquí en PDF] señala que en la segunda edición del 'Telediario' no se desmentía la información dada a las 15 horas, sino que solo se añadía la versión de los hechos ofrecida por el equipo de gobierno. El fallo obliga a la cadena pública a rectificar la información, con una relevancia "semejante a aquella en la que se procedió a divulgar" la noticia "inexacta". Se la condena al pago de las costas. No obstante, la sentencia no es firme, sino que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. 

Un tribunal condena a TVE a rectificar una noticia falsa en la que se vinculaba a concejales de @iunida y @ahorapodemos del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con contratos irregulares. El @telediario_tve deberá emitir una nota de rectificación #sosRTVE #DefiendeRTVE #ConsensoRTVE

 

Después, el consejo de informativos de TVE, el órgano profesional que representa a los redactores, difundió un documento en el que demostraba cómo la dirección había vulnerado hasta seis normas deontológicas.