No solo el PNV es clave para los PGE: UPN logra que no haya mesa por los presos

El foco ha estado puesto casi en exclusividad en el sentido del voto de los cinco representantes del PNV en el Congreso y apenas se ha prestado atención a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), tan imprescindibles para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como los de la formación nacionalista. Se ha dado por hecho en todo momento su apoyo, dadas las históricas afinidades entre la formación regionalista y el PP, pero el partido presidido por Javier Esparza ha venido vendiendo caro su apoyo. Su advertencia de que no aprobarían las cuentas si no se les garantizaba por escrito que no iba a haber beneficios para los presos de ETA tras la disolución de la banda terrorista apenas había provocado ruido a pesar de que era una línea roja para UPN.

Ahora, la formación regionalista cuenta ya con la garantía por escrito de Mariano Rajoy de que "no habrá compensaciones" para los etarras encarcelados tras el acuerdo rubricado con el presidente del Gobierno para avalar los presupuestos. Y la primera consecuencia práctica de este pacto es que no habrá un grupo de trabajo para abordar cambios en la política penitenciaria tal y como habían demandado los gobiernos vasco y navarro una vez consumada la disolución de ETA.

Urkullu y Barkos habían presionado al Ejecutivo de Rajoy nada más consumarse el adiós de ETA con un foro de trabajo para el acercamiento de los presos

El documento rubricado en la mañana de este martes por Esparza entierra las pretensiones del lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, de crear un foro junto con el Gobierno español para abordar a corto plazo el acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de residencia, entre otras cuestiones, al determinar que el Pacto Antiterrorista “no podrá ser sustituido por otros foros o mesas de diálogo que no recojan el sentir mayoritario de la sociedad española expresado a través de sus legítimos representantes en las Cortes Generales". Los líderes del País Vasco y Navarra habían presionado al Ejecutivo de Rajoy nada más consumarse la defunción de ETA para constituir una mesa por los presos de la banda terrorista en respuesta a esta “nueva etapa”.

Pero la respuesta llegó por parte de UPN, que puso como “condición sine qua non” para apoyar los presupuestos de 2018 que este grupo de trabajo nunca vea la luz por “respeto a las víctimas del terrorismo de ETA”, según ha puesto de manifiesto el presidente de la formación regionalista en una comparecencia para dar cuenta de los acuerdos alcanzados con Rajoy. De este modo, el Ejecutivo español se ha comprometido por escrito a “seguir trabajando para mantener la unidad política de los demócratas tras la derrota de ETA en el marco del Pacto Antiterrorista”, en el que no participan los nacionalistas, y que se convierte en el único foro para abordar este tipo de cuestiones. Esto en la práctica, según expone el diputado de UPN Iñigo Alli, implica que no haya modificaciones en la política penitenciaria, que los presos sigan cumpliendo sus condenas de acuerdo a la legislación vigente, que los crímenes de ETA se continúen investigando y juzgando, y que no desaparezca la "responsabilidad penal" de los etarras.

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Este compromiso, arrancado con “gran esfuerzo” por parte de UPN, garantiza el apoyo de los dos diputados regionalistas a los PGE, cuya aprobación en todo caso está todavía en el aire después de que el PNV se haya planteado retirar su aval a las cuentas al mantener el Ejecutivo de Rajoy el artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de nombrar 'consellers' de su nuevo gobierno a cuatro personas que se encuentran presas o huidas en Bélgica. La formación de Andoni Ortuzar, que había condicionado su apoyo al fin de la intervención del Estado en Cataluña, ha decidido apurar hasta “el último minuto”, hasta la votación final de la tarde del miércoles en el Congreso, para decidir si mantiene o da marcha atrás en el acuerdo económico alcanzado con el Gobierno y que reportará inversiones millonarias para el País Vasco.

El acuerdo alcanzado por UPN y el Gobierno supone un impulso al desarrollo de la alta velocidad, para lo que el Estado invertirá 2.523 millones hasta 2023

De momento, el acuerdo de UPN con el Ejecutivo de Rajoy, más allá del compromiso político de que el fin de ETA no supondrá “la desaparición de la responsabilidad penal de los criminales” y “el comienzo de la impunidad”, también contempla cuantiosas inversiones para la Comunidad Foral. En especial, para el desarrollo de la alta velocidad, para lo que invertirá 2.523 millones de euros hasta 2023. La llegada del tren de alta velocidad divide al cuatripartito de Barkos, donde EH Bildu abandera el rechazo a este proyecto que acomete el Gobierno español.

Ahora, el pacto suscrito entre UPN y el Ejecutivo de Rajoy da continuidad a los proyectos que se pusieron en marcha el pasado año para acometer varios tramos con vistas a que en 2023 la línea Zaragoza-Pamplona-País Vasco esté operativa. “UPN sí quiere y decide apostar por la alta velocidad. El Gobierno de Navarra hubiera podido firmar un convenido parecido con el Estado pero Barkos no quiso”, ha aseverado Esparza, quien ha puesto de manifiesto que “las grandes inversiones” que se van a hacer a futuro en la Comunidad Foral, y que van a reportar “empleo, bienestar y competitividad” para el territorio, “no se hace con el apoyo de Barkos sino que van a ser gracias al impulso” de su partido.

“Este acuerdo va a beneficiar a mucha gente”, ha remarcado el presidente regionalista, que ha confrontado la actitud de UPN para promover el bienestar de la comunidad, frente a un Gobierno foral “obsesionado con las cuestiones identitarias y en todo lo que tenga que ver con los nacionalismos”.

El pacto contempla la gratuidad de la AP-15 para trayectos de día o la inversión de 80 millones en 5 años para rejuvenecer la plantilla de Volkswagen

El acuerdo alcanzado con el Ejecutivo español también contempla importantes medidas como la gratuidad de la AP-15, el corredor que conecta Pamplona con Guipúzcoa y Álava, para trayectos de ida y vuelta en el mismo día -el Estado consignará 12 millones de euros para su aplicación-, la construcción del demandado tercer carril en la N-121-A en el norte del territorio, o la inversión de 80 millones de euros en los próximos cinco años para favorecer el rejuvenecimiento de la plantilla de Volkswagen en Navarra con la creación de 800 nuevos empleos para jóvenes. A este respecto, la multinacional y los sindicatos están trabajando en un acuerdo para concretar cómo hacer efectivo una medida encaminada al relevo generacional -conllevará la prejubilación de parte de la plantilla- que contará con el acompañamiento presupuestario del Estado entre 2018 y 2022.

En su conjunto, el pacto supone una inversión de 2.667 millones para los próximos cinco años. Las cifras son importantes, destaca UPN, pero más allá de los números la formación regionalista incide que es igualmente relevante el compromiso político que ha adoptado el Gobierno de Rajoy con las víctimas del terrorismo ahora que el nacionalismo reclama beneficios para los presos de ETA. Y más aún cuando se acaba de conocer que el Ejecutivo ha solicitado información a las prisiones sobre etarras clasificados en segundo grado penitenciario y que padecen enfermedades graves, lo que puede abrir la puerta a un acercamiento a cárceles del País Vasco a unos 40 etarras. Interior ha negado que esta medida responda a este fin y que implique un cambio en la política penitenciaria. A este respecto, UPN señala que el acuerdo es “claro” y cierra la puerta a este tipo de “concesiones” a los miembros de ETA encarcelados.