El juzgado contencioso donde naufragaban las causas contra el 'procés'

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Barcelona comienza a convertirse en la dependencia en la que van a naufragar todas las causas contra el 'procés'. Así lo aseguran fuentes jurídicas que destacan que en los últimos años ha inadmitido o desestimado reclamaciones de distintos recurrentes vinculadas con colisiones entre diversos colectivos y la Administración pública catalana. Ahora tiene en sus manos una cuestión formulada por Sociedad Civil Catalana. Los antecedentes hacen temer a la asociación cívica que su reclamación fracase como las anteriores, pese a que el asunto promovido ha prosperado en casos similares presentados ante otras tres instancias.

El repaso a los antecedentes del juzgado vinculados con el proceso independentista arranca hace tres años, aunque tuvo su desenlace en 2016. En diciembre de ese año, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña enmendó su criterio para determinar que el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Consell dels Collegis d’Advocats de Catalunya (CCAC) no podían permanecer adscritos al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

El ICAB se había adherido en 2013 y apoyó la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir, creada con el objetivo de trabajar para la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña. Bajo el epígrafe del manifiesto 'Por todo esto nos comprometemos', los firmantes asumieron una serie de compromisos que implicaban obligaciones como poner en marcha iniciativas de ámbito sectorial y territorial para "hacer pedagogía" para reclamar el ejercicio del derecho a decidir.

Tres de los abogados colegiados recurrieron al 4 la decisión, pero la magistrada titular, Rosa María Muñoz, inadmitió de plano su demanda para ver cómo meses después el Tribunal Superior regional la obligaba a cursarla. Su respuesta fue admitir la cuestión y, a renglón seguido, desestimarla. Tras el nuevo carpetazo, la sentencia del TSJ contradijo este criterio, al considerar que la decisión del Colegio de Abogados suponía una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación.

Otra inadmisión

No fue este el único caso: la jueza desestimó también el recurso de la Delegación del Gobierno en Cataluña para impugnar los pagos de fondos públicos que hicieron distintos entes locales a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Juzgados de Girona, Barcelona y Tarragona dieron la razón al organismo en reclamaciones similares, pero la presentada en el 4 fue inadmitida. Por la cuantía de asunto, la sentencia no pudo ser recurrida a una instancia superior.

Pese a este precedente, Sociedad Civil Catalana recurrió recientemente algo similar y en el mismo juzgado. Tres sentencias anteriores han declarado nula e ilegal la adhesión a la AMI y la aportación de fondos públicos de los ayuntamientos de Reus, Terrassa y la Diputación de Tarragona. En aplicación de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en que se concreta que las entidades locales no tienen potestad para actuar en defensa de proyectos políticos.

La asociación espera ahora la decisión de ese mismo juzgado, que debe pronunciarse en breve sobre la cooperación económica emprendida con la AMI por el Ayuntamiento de Castelldefels y la Diputación de Barcelona. Fuentes del colectivo temen que, a la vista de las anteriores decisiones, el 4 de lo contencioso cierre también la puerta a la solicitud, que en este caso sí podría ser recurrida.