Tensión en el pleno del Consejo del Poder Judicial a cuenta de... La Manada

La sentencia de La Manada y sus repercusiones han vuelto a ocupar el debate en el Consejo General del Poder Judicial. Casi tres semanas después de que se hiciera pública la resolución, la polémica no remite. Varios vocales del órgano de gobierno de los jueces sacaron este miércoles el tema a colación durante la celebración de un pleno en el que la cuestión no estaba incluida en el orden del día.

Según explican a El Confidencial fuentes jurídicas, tres de los miembros del Consejo han aprovechado la cita para evidenciar su malestar por la gestión tras el fallo y por lo que consideran una excesiva tardanza en la reacción del CGPJ a la hora de explicar el contenido de la sentencia. En su opinión, era evidente de antemano que el tema iba a levantar ampollas y, pese a ello, se tardó en exceso en reaccionar. Pese a que la cuestión no se había incluido en la agenda del día, estos miembros de la institución han considerado necesario introducirlo, al valorar que una de las mayores crisis que ha atravesado la institución debía someterse a debate.

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Los vocales críticos también se han referido en la reunión a las sospechas previas sobre el contenido del voto particular que firmó el magistrado Ricardo González que lanzaron altos cargos de la judicatura navarra en conversaciones informales. El tema de los seguimientos a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha sido otro de los asuntos que se han puesto sobre la mesa.

La resolución sigue provocando quebraderos de cabeza que no remiten. A la discrepancia de la opinión pública sobre la condena, siguió el episodio protagonizado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con sus declaraciones sobre un supuesto 'problema singular' que aseguró sufre el juez que optó por defender la absolución en minoría. Las asociaciones de jueces interpretaron la insinuación como un ataque a la independencia de la carrera y pidieron de forma unánime la dimisión.

La herida no se cierra, como evidencia este nuevo episodio. Fuentes del Consejo precisan a El Confidencial, en respuesta a estas críticas, que la primera declaración sobre la resolución se remitió en la tarde del día posterior a la lectura pública del fallo. En ella, el presidente Carlos Lesmes aseguraba ante las masivas críticas que si bien debe respetarse el derecho a la libertad de expresión, las descalificaciones emanadas de personas con responsabilidades públicas no eran admisibles. "Se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos", decía.

Respecto a los seguimientos, se remiten a la aclaración efectuada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, que admitió la pasada semana que la sección que dictó la sentencia se sometió entre enero de 2016 y diciembre de 2017 a un expediente de control por retraso en el señalamiento de siete procedimientos, que fue acordado de oficio.