El referéndum que negaron a Soto del Real y otras 76 consultas vetadas en democracia

La primera vez que un municipio solicitó celebrar un referéndum fue una década después de que España abandonase definitivamente la dictadura. Ocurrió en el pueblo gironés de Arbúcies en 1986, cuando se permitió a los vecinos decidir qué hacer con la estrecha carretera que cruzaba la localidad y por donde los camiones y autobuses que iban camino a Ripoll tenían que plegar sus retrovisores para no chocar contra las casas. "El alcalde de entonces, que tenía una panadería en uno de los lados, pensó que lo mejor era un referéndum para que no pareciese que tomaba una decisión en su beneficio", explica Pere Garriga, el primer edil que era entonces uno de los periodistas que cubrían la noticia. De hecho, la opción elegida finalmente (hacer un soportal en uno de los lados y reducir la fachada del otro) fue la que más perjudicaba al exalcalde, pero se acató lo que habían dicho, por primera vez en España, las urnas municipales.

Hasta 170 localidades han intentado desde entonces sacar sus urnas, aunque solo en 56 ocasiones el Gobierno ha dado luz verde para que los ciudadanos opinasen sobre asuntos que afectaban a su entorno. Es decir, tres de cada 10, según los datos aportados por el Senado a una respuesta del representante de EH Bildu, Jon Iñarritu.

Los valencianos de Cheste, por ejemplo, no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre la construcción de un circuito de velocidad en su ciudad, que ahora alberga cada año el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Los de Soto del Real o Morón de la Frontera no pudieron elegir si querían o no a presidiarios como vecinos, y han tenido que compartir el terreno municipal con Luis Bárcenas o Martín Ponce (miembro de los GRAPO). Ugena, Molina de Aragón o Azuqueca de Henares no pudieron preguntar si deseaban el almacén de residuos radioactivos en su entorno y ahora estas plantas ocupan una parte de su paraje.

El modelo español se caracteriza por la doble autonomía de los municipios por parte de la comunidad y del Gobierno

El motivo por el que España no es país de referéndums es doble: unos requisitos muy estrechos combinados con una interpretación muy conservadora de las competencias por parte de los distintos gobiernos. “El modelo español se caracteriza por la doble autonomía de los municipios respecto a la comunidad y el Gobierno. Eso genera una anomalía: que una consulta municipal que versa estrictamente de cuestiones municipales debe ser autorizada por el central”, explica José Manuel Ruano, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. “Y el altísimo porcentaje de consultas no autorizadas lo que revela es una concepción tradicionalmente muy estrecha de lo que debe ser competencia municipal”.

La última palabra: el Consejo de Ministros

Para que una consulta popular pueda tener lugar, tienen que darse una serie de requisitos. En primer lugar, que se consiga que un 20% de los habitantes de los municipios de menos de 5.000 habitantes vote a favor de realizar la consulta. Un 15%, en caso de que sea más grande. Algunas comunidades, como Navarra, han creado normas propias que lo reducen al 10%. Una vez se consiguen las firmas —solo en el caso de que la propuesta surja del vulgo—, ha de ser aprobado por el pleno municipal con mayoría absoluta, y se remite al Consejo de Ministros, que debe aprobar su realización. Y es ahí donde la cosa se complica.

El conjunto de ministros valora entonces cuestiones como que competa a la competencia municipal, su interés público o que no afecte a la Hacienda pública —por ejemplo, al cobro de impuestos—, aunque son cuestiones sujetas a interpretación. “El paso de autovías cercanas al municipio o cuestiones relativas a la educación o sanidad comprometen la calidad de vida de los vecinos o incluso su existencia a medio o largo plazo, y por eso piden una consulta, pero desde el Gobierno central a veces no lo interpretan así”, considera Ruano. “No creo que el Consejo de Ministros deba valorar lo que es o no de interés público para un pueblo porque eso es muy relativo, solo que se cumplan los requisitos formales”, coincide el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona José Luis Martínez-Alonso.

En el caso citado de Soto del Real, no fue suficiente que el pueblo tomase la finca donde finalmente se construyó la prisión, como recuerdan las crónicas de entonces. Fue en 1993 y la policía acabó cargando con pelotas de goma contra los manifestantes que intentaban acercarse a las excavadoras. “No queremos que en la cárcel de Soto haya muertos, aunque ellos sí los quieren", se quejaba un dirigente vecinal en las crónicas de entonces.

Fiestas y escisiones

De todas las consultas presentadas desde 1985, cuando se aprobó la la Ley de Bases de Régimen Local, pueden sacarse varias conclusiones sobre las preocupaciones de los ciudadanos españoles. Después de los proyectos urbanísticos, lo que más ha atraído a las urnas han sido los cambios relacionados con las fiestas patronales. La gran mayoría han recibido el beneplácito del Gobierno de turno, salvo casos como los de Ciempozuelos y San Sebastián, que pedían consultar sobre la continuidad de las corridas de toros en sus municipios, que se les denegó en 2017.

Los casos de inclusión o escisión de un territorio en los límites municipales también han sido controvertidos. El municipio de Hiruerrieta, en Guipúzcoa, se dividió en Icazteguieta, Orendáin y Baliarrain precisamente gracias a una consulta popular después de 24 años de compartir administración bajo un mismo ayuntamiento. Sin embargo, a Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, nunca se les ha permitido votar para unirse y constituir una nueva capital para la provincia, a pesar de tratarse de una reivindicación que se remonta a finales del siglo XIX. El objetivo es robarle peso a Las Palmas de Gran Canaria como capital de las islas e incluso tienen un hipotético —y nada escueto— nombre para la unión: Santa Cruz de La Laguna de Santiago de Tenerife.

Tampoco al condado de Treviño, de Burgos pero emplazado dentro de Álava, se le permitió en 1998 votar su incorporación a la comunidad donde se encuentra. Las tensiones entre las dos administraciones han sido palpables hasta este mismo año, cuando han firmado por fin siete convenios que regulan su anómala situación, después de que una niña muriese de varicela porque no se ponían de acuerdo en qué ambulancia debía llevarla al hospital.

La preocupación de los españoles por los cambios en los terrenos en los que habitan se debe, según Ruano, a una cuestión cultural: “Hay una potente identificación cultural de los vecinos con su núcleo de población, con su municipio, aunque sea incapaz de prestar los servicios básicos o no les beneficie administrativamente. Todas las iniciativas de fusión han fracasado estrepitosamente, algo que coincide con Francia, Italia o Grecia, pero no con países del norte de Europa, mucho más prácticos”.

Procesos eternos

Las peticiones de consultas populares fueron archivadas en 24 ocasiones y desistidas 13 veces. En ello tienen mucho que ver la dilatación del proceso, que puede alargarse años entre que se presenta formalmente, el Consejo de Ministros toma o no la decisión y se recurre. A menudo, los ayuntamientos cambian de Ggobierno durante el proceso, y los nuevos deciden no continuar con la propuesta. “Ese es otro de los problemas. Los gobiernos municipales duran cuatro años, así que si quieren hacer la consulta popular en el tercer año, se quedan sin tiempo”, considera el profesor de Barcelona.

No hay una cultura muy asentada de celebración de consultas populares, la participación es escasa y técnicamente no acaban de funcionar

Según los expertos, la reticencia del Gobierno a celebrar consultas populares no es habitual en países de nuestro entorno, y los requisitos son excesivos si se comparan con los de países como Francia, Canadá o Suiza. “Cuando se trata de asuntos que tengan la más mínima incidencia en competencias de tipo económico, interpreta que ya excede la competencia municipal. Si por ejemplo los ciudadanos plantean un referéndum sobre el paso de una autopista o red eléctrica, aunque afecta a los ciudadanos de ese municipio, el Gobierno suele rechazarlo porque entienden que tiene una dimensión extramunicipal”, defiende Ruano. De hecho, de las ocho veces que distintos municipios han pedido pronunciarse sobre estos temas, ninguna se ha permitido. Sin embargo, en ciudades como Toronto, los ciudadanos sí han podido decidir sobre cuestiones como el cobro de impuestos, algo totalmente vetado en el caso español.

En las consultas relacionadas con proyectos urbanísticos, solo nueve de 59 han conseguido luz verde para realizar una consulta. Y muchas veces ni siquiera son congruentes unas resoluciones con otras. Por ejemplo, Los Alcázares en Murcia no consiguió permiso para un referéndum sobre si construir o no un consultorio médico en unos locales cedidos al ayuntamiento, pero Puerto del Rosario (Las Palmas) pudo decidir si ocupaban un espacio público en el frente marítimo de la ciudad.

Ninguna propuesta sobre el recorrido del tendido eléctrico o de carreteras ha sido nunca aprobada

Otros lugares han preferido utilizar esta herramienta para cambiar el nombre del pueblo. Santa María de Corcó, en Barcelona, pasó a denominarse El Esquirol (la ardilla) en 2014, casi 20 años después de solicitar un referendum para llamarse como la posada que tenía una ardilla enjaulada en el siglo XIX y por lo que el pueblo adquirió ese mote. Teulada, en Alicante, también cambió su nombre por Teulada-Moraira recientemente.

Los que no preguntan

Debido a los largos procesos, y a la tendencia de los distintos gobiernos a no aceptar votaciones locales, muchas administraciones han realizado consultas sin seguir los cauces oficiales, con normativas propias. Fue el caso de Kuartango, en Álava, que en 2013 dijo no al 'fracking' en su localidad con un 98% de votos, aunque el Gobierno no les dejase realizar la consulta. También la votación de Barcelona sobre la Diagonal en 2010 se hizo al margen de la Ley de Bases de Régimen Local. En ella consultaban a los barceloneses qué opciones querían para la remodelación de la capital. El resultado: una ínfima participación del 12,7% que votó, además, por dejarla como estaba, en contra de la propuesta del Gobierno condal, que se vio obligado a destituir a su primer teniente de alcalde.

“No hay una cultura muy asentada de celebración de consultas populares, la participación es escasa y técnicamente no acaba de funcionar”, reflexiona Ruano. “Y al final, cuando un Gobierno decide someter algo a consulta, está el riesgo de que no le salga como quiere, es un instrumento de doble filo: hay que saber utilizarlo y la pregunta tiene que estar muy bien perfilada. Puede convertirse en un arma contra el Gobierno, como el caso del Brexit”.