La suspensión inminente de Puigdemont y 6 diputados amenaza la mayoría soberanista

La suspensión para el ejercicio de cargo público de los diputados procesados por rebelión en la causa por el 'procés' que instruye el juez Pablo Llarena está a la vuelta de la esquina. El magistrado abordará a partir de mañana la respuesta a los recursos presentados contra su auto de procesamiento. Una vez sea firme, la suspensión es automática y todo apunta a que puede coincidir con el tramo final de la cuenta atrás para la fecha límite que marca la repetición de las elecciones, el 22 de mayo. La medida obligará a los diputados afectados a renunciar a sus actas para no alterar la estrecha mayoría independentista del Parlament.

La firmeza de la decisión sobrevuela sobre los acusados con escaño desde el viernes 23 de marzo, cuando el juez procesó a 25 personas por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, y envió a la cárcel de forma preventiva a cinco de ellos. Elevó de este modo a ocho el número total de presos en el procedimiento. Conservan el escaño cinco personas: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva. También son diputados Carles Puigdemont, pendiente de la entrega por parte de Alemania, y Toni Comín, inmerso en otro procedimiento de entrega, en este caso por parte de Bélgica. Una vez el instructor se pronuncie sobre su decisión en reforma, debe hacerlo también la Sala de Apelaciones.

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Según explican fuentes jurídicas, la suspensión se hará efectiva en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en que se recoge este supuesto para aquellos presos o huidos contra los que pese orden de ingreso en la cárcel y que estén procesados por rebelión, es decir, las siete personas mencionadas. No obstante, en el caso del expresident y el exconseller que se encuentran fuera del territorio español la cuestión lleva aparejada un plus de complejidad.

Deben ser entregados por la rebelión para que esta separación de cargo público sea efectiva hasta el juicio. Si la extradición sólo se tramita por la malversación perdería el efecto en sólo unas semanas. La cuestión está siendo estudiada por el juez Llarena, informan las fuentes consultadas por El Confidencial. Las opciones son dos en este caso. El Supremo puede optar por procesarles por rebelión en firme con todas las consecuencias aunque no estén a disposición de la Justicia española o bien puede aguardar al criterio final de Alemania que, en caso de cerrar la puerta a la rebelión, evitaría esta 'inhabilitación preventiva'.

Sea como sea, el hecho es que las fuerzas constitucionalistas suman, con los 36 diputados de Ciudadanos, los 17 del PSC, los ocho de los comunes y los cuatro del PP, un total de 65 escaños frente a los 66 de JxCAT y ERC. La investidura de cualquier candidato sin el apoyo de los cuatro de la CUP es imposible en la primera vuelta, que requiere mayoría absoluta, pero lo sería también en la segunda, donde se necesita una mayoría simple, si los afectados ya no pueden ejercer sus cargos. Cada voto es imprescindible y cualquier maniobra para retener el acta abocaría al fracaso la designación de un candidato independentista.

El magistrado del Supremo ha practicado durante las últimas semanas las declaraciones indagatorias de todos los procesados y cerrará este trámite este mismo martes con las últimas comparecencias previstas, las de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, además de Mireia Boya. Los tres primeros no han declarado mientras que la última ha aprovechado la comparecencia para reprochar al juez la "politización" del procedimiento. "La sentencia ya está dictada", ha dicho y añadido que el juicio real se llevará a cabo "en las instancias internacionales".

El procedimiento

Una vez Llarena responda a los recursos y la Sala lo haga también, la suspensión será comunicada por el juez al Parlament. Una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia del magistrado informará de forma oficial a la cámara que Puigdemont y los otros seis diputados están suspendidos para el ejercicio de sus cargos. El juez Llarena no entrará en la aplicación práctica de este efecto, que queda en manos de la cámara y de los partidos a los que pertenecen los diputados: ERC y JxCAT.

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La suspensión no equivale a una pérdida del acta, pero sí a la imposibilidad de ejercer las funciones públicas aparejadas al cargo público, como por ejemplo la votación de iniciativas, incluyendo futuras investiduras. Las dos formaciones y los afectados tendrán que decidir si priorizan que los políticos encarcelados o que se encuentran fuera de España conserven el escaño pero queden congelados para la acción parlamentaria o prefieren una renuncia que propiciaría que se mantenga la mayoría de 66 frente a 65.

Esta decisión personal de cada acusado será esencial para determinar el equilibrio final de fuerzas. Hay que tener en cuenta que tanto Puigdemont como Comín se han resistido desde el 21-D a entregar el acta, pese a que su decisión ha obligado a depender del voto favorable o abstención de los cuatro diputados de la CUP. Este hecho desembocó, por ejemplo, en el fracaso de la investidura de Jordi Turull.

Las fuentes jurídicas consultadas insisten en que el modo de aplicar la suspensión de funciones dependerá de la cámara parlamentaria, que es la que debe decidir como procede ante este hecho sin precedentes. Además, destacan que en ningún caso impide que los afectados por la medida puedan presentarse a nuevas elecciones, pese a que no podrán desempeñar cargo alguno en caso de ser elegidos. La situación se prolongará hasta que haya sentencia, una vez se celebre el juicio. Entonces, y siempre que la sentencia sea condenatoria, a la suspensión le sucederá una previsible inhabilitación que, en el caso del delito de rebelión, puede llegar hasta los 20 años.