Rajoy y el PNV pactaron sacar los presos etarras del acuerdo presupuestario

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y Andoni Ortuzar, presidente del PNV, hablaron en La Moncloa el pasado 24 de abril sobre la situación de los presos de ETA, una vez que la banda terrorista había anunciado que se iba a disolver. Pero lo hicieron brevemente, para acordar que el fin de la dispersión de los presos de ETA quedaba fuera del acuerdo y las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Fuentes del Gobierno y de los nacionalistas vascos coinciden en esta versión y en que lo mismo ocurrirá con las transferencias que reclama el País Vasco, 37 según el Gobierno de Vitoria. El Ejecutivo sí ha transmitido que no es partidario de poner fin a la política de dispersión de los presos, incluso tras la disolución.

Una vez disuelta ETA, la situación de los presos (no su libertad) es la única decisión política que queda en manos del Ejecutivo central, puesto que la ley le deja margen suficiente para el traslado de los reclusos. De hecho, el Gobierno de José María Aznar utilizó estos traslados como arma o contrapartida para facilitar sus negociaciones con ETA, cuando la banda terrorista aún estaba plenamente activa.

Sin embargo, esa decisión estrictamente política está sujeta en este momento a la circunstancia de la debilidad política del Ejecutivo, condicionada por el ascenso de Ciudadanos, siempre según esas fuentes. Aznar, explican, no tuvo en su momento obstáculos políticos porque no había ningún partido en su espectro ideológico y el PSOE aceptó esos traslados limitados.

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El partido de Albert Rivera ya expresó públicamente su rechazo a poner fin a la política de dispersión, lo que deja poco margen de maniobra a Rajoy en las circunstancias actuales. Y el PNV admite que incluirlo en el acuerdo presupuestario puede ponerlo en dificultades, también por la presión de Ciudadanos. A su vez, si no hubiera Presupuestos, podría facilitar el fin de la legislatura, lo que permitiría una victoria electoral de Ciudadanos que al PNV no le interesa en absoluto, según admiten sus diputados. Es el mismo argumento que llevó al PNV a firmar el pacto sobre las cuentas: mejor Rajoy debilitado que Rivera fortalecido.

Eso no quiere decir que el PNV renuncie a la petición de acabar con la dispersión, pero sí que intentará llevarlo por otra vía, la institucional del Gobierno y el Parlamento vasco. En este momento hay 245 presos de ETA distribuidos en casi 50 cárceles de toda España, solo cuatro están en prisiones vascas y 30 están en Cádiz. En Francia hay 53 presos que recientemente han sido acercados al País Vasco por decisión del actual Gobierno francés.

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La política de dispersión se puso en marcha a finales de los años ochenta por el Gobierno de Felipe González, con apoyo activo del PNV, que se encargaba del seguimiento de cada uno de los reclusos. Hasta ese momento, los presos de ETA se concentraban en grandes prisiones como Herrera de la Mancha, donde se mantenía una disciplina férrea de la banda, con una jerarquía reconocida que impedía que se acogieran a beneficios penitenciarios y, por supuesto, que hubiera casos de reinserción o arrepentimiento.

El entonces responsable de instituciones penitenciarias, Antonio Asunción, y el ministro de Justicia, Enrique Múgica, pusieron en marcha ese plan con el PNV para romper ese bloque homogéneo en las prisiones y facilitar casos de reinserción, con seguimientos personalizados. La contraindicación es que obligaba a las familias a largos desplazamientos para las visitas y, por eso, ha sido una reivindicación permanente de la izquierda 'abertzale'.

Cuando ETA puso fin a la actividad terrorista, el PNV exigió reiteradamente el fin de la política de dispersión, pero el Gobierno de Rajoy siempre se ha negado.

Este mismo miércoles, en vísperas de la disolución de ETA, el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, ha insistido en que el fin de la banda no llevará contrapartidas, sin mención expresa a la dispersión.

Varios partidos están estudiando la posibilidad de presentar iniciativas en el Congreso instando al Gobierno a cambiar esta política.

Legalmente, es un asunto controvertido y no resuelto definitivamente por ninguna instancia judicial, y el Gobierno siempre se ha amparado en su competencia para decidir en qué prisión cumplen condena los reclusos.