Catalá contacta con vocales del CGPJ para intentar cerrar heridas por el "juez singular"

El ministro Rafael Catalá afronta 'la resaca' de sus declaraciones sobre el magistrado del tribunal que juzgó a La Manada Ricardo González. Tres días después de que sus afirmaciones sobre el supuesto "problema singular" —que dijo sufre este juez— desataran la tormenta y levantaran la crítica unánime de las asociaciones de jueces y de fiscales, también las conservadoras, el titular de Justicia ha abierto una ronda de contactos con miembros del Consejo General del Poder Judicial para tratar de reconducir la crisis abierta por sus comentarios.

Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que el ministro ha optado por esta salida en vista de la reacción oficial que desencadenó su aseveración en el órgano de gobierno de los jueces. Mas allá de su mención sobre la vida personal del autor del polémico voto particular en el que se calificaba lo sucedido en los Sanfermines del año 2016 como un "jolgorio", Catalá cuestionó la capacidad del CGPJ para afrontar una presunta disfunción en la labor del magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

Después de que el lunes a primera hora el titular de Justicia asegurara en una entrevista en la COPE que "todos saben" que el juez González "tiene algún problema singular" y que el Poder Judicial "debería haber actuado preventivamente" contra él, el órgano contestó primero dando cuenta de los expedientes disciplinarios que le constan sobre el magistrado, ninguno en los últimos cuatro años, y después emitiendo un nota de prensa aprobada desde la comisión permanente.

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El comunicado trataba de ser conciliador, y al mismo tiempo que afirmaba y reconocía la legitimidad de la crítica a las sentencias, hacía un llamamiento a la prudencia de los responsables públicos para que, con sus manifestaciones, no pusiesen en entredicho la credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos. En definitiva, reprochaba, sin reflejar nombres y evitando un dedo acusador contra el propio Catalá, la falta de "moderación, prudencia y mesura y [apelaba] a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces".

Las intenciones del ministro no se quedan en tratar la fisura, en privado, con vocales del CGPJ para propiciar un acercamiento. Catalá también prevé contactar con las propias asociaciones que le reprochaban ya el lunes su injerencia, en una inusitada —por rápida y unánime— confluencia de criterios entre las agrupaciones que representan a magistrados de todo el espectro ideológico. Todos estos contactos, que aún no se han concretado, se harán al margen de los focos y para intentar cerrar la brecha de forma privada.

Pese a todo, la polémica no tiene visos de detenerse aquí. El órgano de gobierno de los jueces niega haber tenido un conocimiento oficial, al menos bajo la etapa de presidencia de Carlos Lesmes, de ninguna disfunción vinculada con el juez señalado por el ministro, ni a nivel disciplinario ni a través del servicio de riesgos laborales, que se ocupa de valorar las dolencias de los miembros de la carrera y si influyen en el desempeño de su labor.

Otro de los frentes candentes abiertos en la polémica es el de la judicatura navarra, que se ha levantado también contra las desafortunadas declaraciones, que han llegado al propio magistrado. Según confirman fuentes de su entorno, González valora proceder contra el ministro por el daño que ha provocado a su imagen, incluso a través de la presentación de una denuncia por un delito de injurias o calumnias.

Las fuentes consultadas lamentan, además, que este debate haya desviado el foco sobre la cuestión de fondo: la propia sentencia. El voto que ha levantado indignación en gran parte de la opinión pública es eso, un voto, una opinión discrepante de uno de los tres magistrados del tribunal cuyo criterio quedó en minoría. Antes de abrir la caja de los truenos, el ministro anunció el arranque de trabajos para poner los cimientos de una reforma legislativa sobre los delitos sexuales. Ahora esta cuestión ha quedado tapada por la crisis entre poderes.