La eutanasia que lanza el PSOE: gratis y para enfermos incurables o discapacitados graves

"Un paso adelante" que hasta ahora el PSOE no había dado. La regulación de la eutanasia como un derecho cubierto por el Sistema Nacional de Salud, dirigido a aquellos enfermos incurables que padecen un gran sufrimiento o para aquellos con una discapacidad grave crónica. Los socialistas no habían plasmado antes sobre el papel una proposición de ley para legalizar esta práctica médica para ayudar a morir a los pacientes que lo soliciten y que cumplan todos los requisitos, y que a la vez se haga con "todas las garantías" posibles. Pero ahora ese papel ya existe, y se registró este jueves en el Congreso.

"El Estado ya no puede mirar para otro lado" hacia una realidad que cuenta, esgrimen desde la dirección del PSOE, con un alto respaldo social y profesional. Ha llegado el momento. Esa es la razón de ser de la propuesta, que emana del 39º Congreso Federal del partido, a la que se comprometió el propio Pedro Sánchez ante Izquierda Unida hace casi un año, y que este jueves explicaron en rueda de prensa en Ferraz el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, el exeurodiputado y abogado valenciano Andrés Perelló, y la responsable de Sanidad y Consumo, la senadora y médica asturiana Luisa Carcedo. Se trata de dar vida a "un nuevo derecho efectivo e individual", al que creen que no deberían poner pegas los grupos parlamentarios que no son democristianos, por lo que estiman que Ciudadanos, cuyo concurso sería necesario —se trata de una proposición de ley orgánica, que necesita de la mayoría absoluta de las Cortes—, no tiene motivos para oponerse.

La cúpula de Sánchez esgrime que hace tiempo que se asiste a un amplio debate político y social sobre los derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria al final de sus vidas, que respete su autonomía y su derecho a un fallecimiento sin sufrimiento. A esto es a lo que se llama muerte digna, que está regulada o en trámite de regulación en 10 comunidades autónomas y que de hecho está analizando el Congreso, a través de una propuesta presentada por Cs y que fue tomada en consideración con el apoyo de casi todo el hemiciclo (315 votos a favor, incluido el PP; cinco en contra, del PNV, y 17 abstenciones).

[Consulte aquí en PDF la proposición de ley de regulación de la eutanasia del PSOE, aquí un resumen de la norma y aquí las claves]

Pero a ese debate se une otro sobre el derecho de las personas que, sin estar abocadas a una muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o gran sufrimiento, solicitar ayuda para morir antes. Y eso es la eutanasia. El ejemplo paradigmático es el del gallego Ramón Sampedro, que permaneció postrado en su cama durante 30 años, aquejado de tetraplejia, que decidió quitarse la vida en 1998 y cuya lucha por su derecho a morir fue llevada al cine en 2004 por Alejandro Amenábar en 'Mar adentro'.

El PSOE subraya que los debates sobre la muerte digna y la eutanasia son "bien diferentes" y por tanto deben tener una tramitación diferenciada

Muerte digna y eutanasia son dos cuestiones que para el PSOE han de ser reguladas pero que a la vez son dos debates "bien diferentes". Por eso, consideran que la tramitación de las dos proposiciones de ley —la de Cs y la suya— no son incompatibles, sino complementarias. Es más, como la legalización de la eutanasia requiere reformar el artículo 143 del Código Penal, ha de sustanciarse vía ley orgánica. Y ese es el texto, "muy garantista", que los socialistas registraron este jueves.

"Se confunden los dos términos —dijo Perelló—. La muerte digna sirve para aquellos que van a morir y que desean morir con dignidad, pero hay gente que quiere que la muerte le llegue antes, porque sin saber exactamente cuándo va a morir sabe que va a ser terrible por el diagnóstico de la enfermedad que padecen". No se trata de una "muerte a la carta", especificó Carcedo, porque en la propuesta socialista se recogen requisitos claros y exigentes, pero esta ley, como ocurre con el aborto o el matrimonio homosexual, "no obliga a nadie". Da "derechos para aquellos que quieren morir y cobertura legal". ¿Cómo? Bien administrando una sustancia a la persona que lo haya requerido y que cause su fallecimiento o bien prescribiendo o suministrando esa sustancia a quien lo haya solicitando, de forma que sea ella misma la que se la pueda tomar para que cause su muerte.

Los requisitos

La prestación de la ayuda para morir precisa de varias condiciones. Uno, que los solicitantes tengan la nacionalidad española o residencia legal en España, sean mayores de edad —estaría prohibida por tanto para los menores— y sean "capaces y conscientes en el momento de la solicitud". Dos, que dispongan de toda la información que exista sobre su proceso. Tres, que formulen su petición por escrito y de forma voluntaria y que esta se repita al menos en una ocasión con una separación de 15 días naturales. Cuatro, que sufran una enfermedad grave e incurable —la que origina "sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio que el paciente considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva"— o que padezcan una discapacidad grave crónica (invalidez generalizada y sin opciones de curación). Y cinco, prestar consentimiento informado previamente a que les sea aplicada la eutanasia.

En la prestación de la ayuda a morir intervienen un médico actuante, otro facultativo consultado y una comisión de control que vigila todo el proceso

Según el texto del PSOE, quien solicite la ayuda para morir tendrá que hacerlo por escrito, fechando y firmando esa petición. Y si estuviera impedido físicamente para hacerlo, otro mayor de edad y con sus facultades al cien por cien podrá fechar y suscribir esa solicitud en su presencia y ante un profesional sanitario que lo rubrique. La persona que lo pida podrá revocar esa petición en cualquier momento. O aplazar su administración.

El médico actuante —el encargado de aplicar la eutanasia— deberá comprobar que la instancia cumple todos los requisitos y consultar a otro facultativo que no forme parte de su equipo para que ratifique que el paciente reúne todas las condiciones y emita un informe en el plazo de 10 días. Antes de prestar la ayuda a morir, el médico lo pondrá en conocimiento del presidente de la comisión de evaluación y control —un órgano autonómico encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de examinar cada caso— para que dé su visto bueno de forma previa, salvo casos excepcionales. Todo el proceso "no debe durar menos de 32 días", aclaró Carcedo.

Incluso si se practica en el domicilio

Una vez que se haya aplicado la eutanasia, y en un tiempo máximo de cinco días, el médico actuante deberá remitir a esa comisión de control dos documentos: uno, con sus datos personales, los de los facultativos consultados y los del paciente, y otro, con el detalle del proceso y la descripción de la patología del enfermo. El objetivo es preservar la confidencialidad y también que si este órgano detecta alguna irregularidad, se la comunique al centro o, si aprecia algún delito, a la Fiscalía.

El texto del PSOE recoge la posibilidad de que los profesionales médicos se acojan a su derecho a la objeción de conciencia

El PSOE quiere que la prestación de ayuda para morir esté incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Sería de financiación pública "incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante". La dirección no acompaña su propuesta de una memoria económica pues cree que, en realidad, se trataría de un "ahorro" —aunque no resulte cómodo reconocerlo, advertía— para las arcas públicas, ya que se pondría fin, probablemente, a tratamientos costosos.

La proposición de ley del PSOE recoge la posibilidad de que los profesionales médicos se acojan a su derecho a la objeción de conciencia. Las comunidades autónomas, eso sí, crearán un registro de sanitarios objetores, para que así la Administración pueda garantizar la "adecuada gestión de la prestación".

La dirección ha dado muchas vueltas a su texto en los últimos meses, y lo ha trabajado con colectivos y compartido con Unidos Podemos, aunque la redacción final es puramente suya. Para ello, ha estudiado las legislaciones en otros países. La suya se aproxima más a la de estados como Bélgica, que plantean la regulación, y por tanto la despenalización de la eutanasia, actuar para producir la muerte del enfermo a demanda de este en determinadas condiciones, muy tasadas. Pero no llega al techo que marcan otros países, como Holanda o Luxemburgo, donde se permiten la eutanasia y el suicidio asistido en más situaciones. Por ejemplo, con la propuesta del PSOE no se podría tolerar la eutanasia en casos de depresión severa, puesto que solo se autoriza para las enfermedades muy graves e irreversibles. No cree que la cúpula contravenga en modo alguno la Constitución, que en su artículo 15 protege el derecho a la vida, puesto que la muerte "es una parte de la vida", en palabras de Perelló.

Consenso social

La propuesta piensa en casos como la tetraplejia que padecía Sampedro, o la ELA u otro tipo de enfermedades o discapacidades que generan un gran dolor y no tienen cura. Pero no está previsto para situaciones como el alzhéimer, puesto que aunque hay una "desconexión" del paciente con la realidad, "no está claro" que haya sufrimiento, ni tampoco de un largo coma, porque en estos casos tendría más sentido garantizar la muerte digna, que no haya encarnizamiento terapéutico. El texto deja margen para el desarrollo legislativo de las comunidades autónomas, que son las que, por ejemplo, tendrían que poner en marcha las comisiones de control y evaluación respectivas, que podrían ser coordinadas a través del Consejo Interterritorial de Sanidad.

En 2009, según una encuesta del CIS en la que se apoya el PSOE, el 58,4% de los sondeados se mostraba a favor de regular por ley la eutanasia

Los socialistas creen que no debería haber problema en el Congreso para regular esta práctica, porque sí cuenta con apoyo social. Citan, por ejemplo, una encuesta de mayo-junio de 2009 del CIS, en la que el 58,4% de los encuestados se muestra radicalmente a favor de regular la eutanasia, y otro 15,2% aseguraba que era partidario, aunque no estaba del todo seguro. En aquel año, el 71,2% de los votantes del PSOE y el 53,7% de los del PP aseguraban que veían bien que una ley permitiera que los médicos pudieran poner fin a la vida de una persona que tiene una enfermedad en fase terminal, que le causa grandes sufrimientos y la muerte en poco tiempo.

Este mismo jueves, durante unas jornadas en el Congreso montadas para reclamar la despenalización de la eutanasia, la asociación Derecho a Morir Dignamente señalaba que el 84% de los españoles está a favor de la regulación de esta práctica, informa EFE. "La libertad del individuo para disponer de su vida no se va a poder reprimir", indicaba el presidente del colectivo y médico paliativista Fernando Marín.

A favor de la iniciativa que llega del Parlament de Cataluña

La próxima semana previsiblemente se debatirá en el pleno del Congreso una proposición de ley llegada del Parlament de Cataluña [aquí en PDF] con una finalidad semejante al texto del PSOE: la despenalización de la eutanasia. La iniciativa se aprobó en la Cámara el pasado 25 de julio y fue presentada conjuntamente por cuatro grupos: Junts pel Sí (la coalición de PDeCAT y ERC de la pasada legislatura), el PSC, Catalunya Sí que es Pot (los comunes) y la CUP. Votó en contra el PP y Ciudadanos se abstuvo. 

Los socialistas votarán a favor de la toma en consideración de la proposición catalana, e intentarán que la suya, cuando sea admitida a trámite por el pleno, confluya con aquella. Es decir, que se estudien conjuntamente para alumbrar un único texto. El PSOE ha redactado su proposición porque la del Parlament es de artículo único y se ciñe únicamente a despenalizar la eutanasia, pero no profundiza en el proceso de solicitud de la práctica por el enfermo, el control médico y todas las garantías necesarias para que se lleve a término. Cree que no debería tener problemas para su estudio. Respecto a Cs, entiende que un partido aconfesional, aunque en todo caso Andrés Perelló reclamó que se permita la libertad de voto. 

Cuando se tramitó la propuesta de Cs sobre muerte digna, Unidos Podemos presentó una enmienda de totalidad en la que pedía despenalizar la eutanasia. El PSOE votó en contra porque consideraba que había que regular esta práctica de forma separada a la muerte digna, puesto que son dos debates distintos. La iniciativa de Cs sigue tramitándose: una vez registradas las enmiendas parciales, la ponencia está trabajando en ella, aunque no hay fecha aún para que el informe se eleve a la Comisión de Sanidad del Congreso y de ahí vaya al pleno. 

El PSOE no admite la comparación con la prisión permanente revisable cuando se alega, para defender esta medida penal, que hay consenso social. "Todo el mundo no va a ser reo, pero todo el mundo sí va a morir", resumió Andrés Perelló para descartar ese argumento.