El Gobierno elude los informes para reformar leyes

El Gobierno está eludiendo en esta legislatura los informes preceptivos aunque no vinculantes de organismos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal para llevar a cabo reformas legales en el Congreso, como consecuencia de trasposiciones de directivas europeas. Lo hace mediante la fórmula insólita de presentar proposiciones de ley del Grupo Popular, en lugar de proyectos de ley del Gobierno que sí requieren esos informe técnicos, que actúan como filtros para evitar errores o incoherencias legislativas. Afectan a asuntos vitales porque, por ejemplo, en el pleno del día 8 de mayo se discute una proposición de ley del PP, de trasposición de una directiva europea, que afecta y modifica el capítulo sobre terrorismo del Código Penal.

Y tiene intención de seguir haciéndolo porque ha contactado con los grupos parlamentarios para buscar apoyo a un "decreto de ley ómnibus" que recoja todas las trasposiciones pendientes y lo haga mediante esa fórmula, si siquiera como proposición de ley. La mayoría de los demás grupos se ha negado a esta opción. En lo que va de legislatura, el Gobierno ya ha aprobado y remitido 30 decretos para trasponer directivas europeas que modifican leyes trascendentes, pero que evitar un trámite parlamentario largo, lo que afecta, según los grupos, a la calidad de las normas.

El Gobierno argumenta que es necesaria esta trasposición porque España está fuera de plazo y puede acarrear sanciones desde Europa

El Gobierno argumenta que es necesaria esta trasposición porque España está fuera de plazo y puede acarrear sanciones desde Europa. La iniciativa para trasponerlas y la responsabilidad de haberlo retrasado es del propio Gobierno, que ha ido aplazando su tramitación. Para la portavoz socialista, Margarita Robles, este procedimiento legislativo va contra la calidad de las normas, porque evita pasar por filtros necesarios. Los informes de los órganos consultivos suelen tener razonamientos técnicos, no políticos, que mejoran la actividad legislativa. El contenido de la directiva puede ser compartida por los grupos y es de obligado cumplimiento, pero puede plasmarse en la ley de diferentes maneras, especialmente, lo que se refiere a aspectos técnicos, según la portavoz del PSOE.

Un recurso para todo

En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a esta fórmula para legislar sobre infraestructuras, sobre ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y sobre reforma del Código Penal, materias que, según el PSOE, requerirían informes técnicos para, por ejemplo, evitar contradicciones legales o incoherencias con otras normas.

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El martes 8 de mayo se debatirá en el pleno una proposición de ley del PP que traspone varias directivas y que afecta a varios apartados del Código Penal, todos ellos importantes. Por ejemplo, en lo que se refiere al mercado financiero, la exposición de motivos elaborada por el Gobierno, pero tramitada por el PP, señala que "la modificación que se efectúa en el artículo 284 del Código Penal incorpora, en los medios comisivos, la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información para la alteración de precios; en el objeto de protección, los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos financieros y los índices de referencia y, en la punición, un incremento de las sanciones para cumplir con las exigencias de la directiva. Además, se prevé una agravación específica para los supuestos en que el autor del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito una autoridad supervisora o reguladora, o una entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación".

El 8 de mayo se debatirá en el pleno una proposición de ley del PP que traspone varias directivas y que afecta al Código Penal

"Se incorporan en el Código Penal tres nuevos preceptos: el artículo 285 bis para tipificar la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores; el artículo 285 ter para remitir, con pleno respeto del principio de legalidad, los contenidos conceptuales (instrumentos financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes previstos) a la normativa europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros y el artículo 285 quater para establecer de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación a los tres delitos mencionados. También se reordena el reproche a los actos cometidos por una persona jurídica, cuando se declare la responsabilidad penal de ésta, en consonancia con la gravedad de las conductas de la persona física", añade, sin que pase por filtros de informes y afectando a la proporcionalidad de penas de todo el Código Penal.

Y en el apartado de terrorismo, "se impone una pena máxima a los dirigentes de una organización o grupo terrorista superior a la regulación actual" y "el viaje con fines terroristas tiene una regulación mucho más amplia al no exigir que el viaje tenga por destino un territorio controlado por terroristas. Por último, se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo, que sólo se preveía hasta ahora para los delitos de financiación del terrorismo.". Es decir, son reformas legales de calado que tienen escaso eco y, sobre todo, escaso debate y filtro técnico. Y, por cierto, sin consultar a los firmantes del pacto antiterrorista que acordaron toda la reacción del capítulo del Código Penal sobre la materia.