La condena de La Manada por abusos ahonda el divorcio entre la calle y los jueces

¿Se puede obligar a una mujer a mantener sexo sin consentimiento y a la vez sin violencia ni miedo? Para muchos juristas, la respuesta es no. La sentencia de La Manada ha evidenciado, en su opinión, el divorcio entre la percepción mayoritaria de la calle sobre lo que constituye una violación y lo que no lo es y la que refleja la ley y la jurisprudencia. La ausencia de intimidación que aprecian los jueces en su resolución, basándose en el criterio de instancias superiores, ha provocado un rechazo social mayoritario y también las críticas de juristas que apuntan que las 371 páginas que han condenado a 9 años por abuso sexual a los cinco acusados están sembradas de contradicciones.

Lo cierto es que la sentencia describe con detalle unos hechos que se corresponden con una agresión sexual, aprecian los expertos. Los magistrados admiten que la víctima, de solo 18 años, no quería tener relaciones sexuales con los cinco jóvenes sevillanos acusados de la violación grupal en los Sanfermines de 2016. Si lo hizo fue porque La Manada ejerció sobre ella su fuerza "desde una posición privilegiada de superioridad". "No prestó su consentimiento libremente sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación", aseguran.

Hasta aquí, los expertos consultados coinciden en que no hay nada que chirríe. No obstante, esta valoración de la resolución choca frontalmente con el criterio que ha pesado en la decisión final y descabalgado el delito de mayor gravedad a favor del más leve, eso sí, agravado hasta alcanzar los nueve años de prisión. No ha quedado probado que los condenados usaran "un medio físico" para doblegar la voluntad de la joven. "Golpes o desgarros", "una agresión real más o menos violenta", "fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad y obligarla a realizar actos de naturaleza sexual", dice el polémico escrito. Y vuelve entonces la pregunta inicial: "¿Se puede obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales de la dureza de las descritas sin que ella quiera y sin que tenga miedo?".

La valoración jurídica que han adoptado como suya dos de los tres jueces -un tercero ni siquiera vio el abuso y habla de relaciones consentidas como si lo sucedido en el portal de madrugada fuera una orgía pactada entre los seis- no es exclusiva de ellos. Los magistrados han adoptado la decisión en vista de la jurisprudencia existente que determina lo que es intimidación y lo que no, lo que es violencia sexual y lo que no.

Es ese concepto base el que está errado, asegura una de las fiscales consultadas. "La Justicia ha sido territorio masculino durante años y carece de visión de género", explica. Pone como ejemplo decisiones en las que el Supremo ha confirmado penas de cárcel menores por el abuso sexual de hombres de más de 50 años a niñas de corta edad al no quedar probada la resistencia. En uno de los casos citados, la agredida tenía 5 años, destaca. En otro, entre 8 y 10. Los hombres que las violaron solían atraerlas con chucherías y pequeños regalos. "¿Cómo se espera que se resistieran?", destaca.

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Desde luego, señala otra de las fuentes -en este caso un juez-, la señal más evidente de la ruptura entre la apreciación social y la jurídica ha venido de la reacción en la calle. La misma tarde de la sentencia se convocaron multitudinarias manifestaciones en muchos puntos de España. Al grito de "No es abuso, es violación", las mujeres se echaron a la calle para defender que esta postura judicial las deja sin defensa. "¿Qué hay que explicar a nuestras hijas? ¿Que si las violan deben defenderse y arriesgarse incluso a morir para evidenciar que no quieren someterse?", se pregunta un abogado especializado en violencia de género.

Pese a apreciar esta falta de unión en el relato que formula el escrito, todos los consultados critican también las duras descalificaciones a los tres magistrados. Han actuado siguiendo lo que dicta la ley, avisan. "Es la norma la que hay que cambiar. No sirve de nada apedrear a un tribunal que ha actuado en aplicación de la jurisprudencia y con imparcialidad", dicen.

El ejemplo del robo

Otra fiscala, también curtida en la investigación de casos de esta índole, pone tras la lectura de la resolución un ejemplo muy gráfico. Imaginemos que lo sucedido no fuese una violación en un portal sino un robo. No habría discusión posible sobre si fue con intimidación o fue, por contra, al descuido, al estilo del hurto. "Cinco hombres te meten en un portal y te roban la cartera sin sacarte una navaja", en ese caso la calificación no revestiría duda alguna y la condena subiría automáticamente.

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La experta destaca, además, que en el caso concreto del caso de La Manada, la resolución resulta visualmente más sangrante a la vista de las pruebas con las que se contaba. Frente a los cinco agresores, uno de ellos militar y otro guardia civil, una mujer recién entrada en la mayoría de edad y de complexión delgada. Tras lo sucedido en el portal -"el portal del que nos avisaban nuestras madres, nuestro lobo feroz más familiar", destaca- no ocurre en este caso lo habitual en las agresiones.

Es decir, la víctima no se va a su casa, se ducha para borrar el asco y tira o destruye su ropa interior sino que sale llorando y en evidente 'shock' según innumerables testigos. Además, existe un vídeo, imágenes de lo sucedido y los acusados tienen antecedentes por hechos similares. "No podía estar mejor armado y aun así, nada, no es agresión", pone de manifiesto.

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Muchas de las fuentes consultadas destacan pese a lo explicado que la condena no carece de dureza y que los nueve años impuestos están muy cerca de los diez y medio que se aplican en caso de agresión sexual que, eso sí, sube hasta 15 si la agresión es en grupo. "Más allá del debate de si es agresión o es abuso por el tema de la intimidación, creo que se trata de una pena bastante proporcional a los hechos enjuiciados. Nueve años de prisión es un periodo de tiempo considerable en la vida de una persona y quizás estamos perdiendo un poco la perspectiva respecto de la duración de las penas", asegura.

También recuerdan que el fallo no es definitivo y que cabe recurso ante dos instancias superiores: el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo. El caso de La Manada no acaba aquí pero es indudable que refleja una ruptura de la Justicia con la sociedad y que sentará precedente. "Esperemos que la revisión en casación resuelva este evidente divorcio y se aproveche para fijar nuevas bases", resume otro de los expertos.