ENREDO DE INFORMES JURÍDICOS

El PP paraliza el concurso para renovar el consejo de administración de RTVE

Los populares necesitaron una larga y tensa reunión de las Mesas de Congreso y Senado para retrasar el procedimiento. Pastor se empeña en que tiene que haber un informe jurídico previo

Foto: Ana Pastor, con las miembros del PP en la Mesa del Congreso Alicia Sánchez-Camacho y Rosa Romero, en marzo de 2017. (EFE)
Ana Pastor, con las miembros del PP en la Mesa del Congreso Alicia Sánchez-Camacho y Rosa Romero, en marzo de 2017. (EFE)

El guion que se temían los grupos de la oposición se acabó cumpliendo. La renovación del consejo de administración de RTVE tendrá que esperar. Y nadie sabe hasta cuándo. Pero, desde luego, no será inminente. De nada valió que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, más el resto de fuerzas minoritarias —con mayoría más que cualificada en el Congreso, pero no en el Senado— pactaran hace más de un mes el sistema para convocar un concurso público y activar así al relevo en la cúpula de la radiotelevisión pública. El PP no se sumó a esa entente y al final terminó este jueves por imponerse e impedir que se pusiera ya en marcha el mecanismo tras una larga y tensa reunión de las Mesas conjuntas de las dos Cámaras.

La remodelación de RTVE, una casa acusada por la oposición de "manipulación" y a cuyo frente está José Antonio Sánchez, va camino de convertirse en un rompecabezas imposible de resolver. La ley para su reforma, que forzaba al consenso, entró en vigor el pasado 1 de octubre, y preveía un procedimiento de concurso público. Pero solo el 21 de marzo se llegó a un pacto mayoritario. Pero para que ese acuerdo se materializara hacía falta que lo bendijeran las Mesas de Congreso y Senado. Y esa fue la reunión convocada para este jueves, que se prolongó durante más de dos horas y media y que acabó con una victoria del PP, que se agarró a que el papel acordado por la oposición era un "bodrio" que arrojaba serias "dudas legales" y que por tanto requería del informe de los servicios jurídicos antes de ser votado.

Los miembros del PP arguyen que el documento de la oposición es un "bodrio" jurídico que necesita que sea revisado por los letrados del Parlamento


Al encuentro, que comenzó a las 17:30 horas en la Cámara Baja, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y ayudados por el PNV, acudían con un objetivo muy claro: que su borrador de reglamento de concurso público [aquí en PDF] fuese aprobado este mismo jueves y de ahí saliese directo para su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de forma que en dos meses —el periodo que establecen las bases— hubiese un nuevo consejo de administración de RTVE de diez miembros. Pero Ana Pastor, la presidenta de la Cámara Baja, desgranó las "dudas legales" que le suscitaba el documento pactado por la oposición, y que a su juicio necesitaban ser aclaradas por los letrados. Pastor estaba arropada por sus dos compañeras del PP en el Congreso —Alicia Sánchez-Camacho y Rosa Romero— y sus cuatro colegas en el Senado —el presidente, Pío García-Escudero, más Pedro Sanz, Luis Aznar y Adelaida Pedrosa—, en el que los conservadores tienen mayoría absoluta.

Las dudas a resolver

Para Pastor, el borrador consensuado por la oposición —y que formalmente fue elevado a las Mesas por el grupo de trabajo constituido a finales del año pasado para articular el procedimiento del concurso público— adolece de varias deficiencias. Lo cree "un bodrio", según explicaban con toda claridad fuentes de su entorno. Así, los miembros del PP creen que no hay "garantías" de que sea una convocatoria pública bien reglada, no se especifican bien ciertos requisitos de los candidatos —no se define qué significa que deban tener "especial arraigo en España" o cómo se mide la "reconocida competencia profesional" en el sector de la comunicación—, "no hay régimen de impugnación", ni se detalla cuáles son los "baremos de evaluación". Los populares también estiman que no es un procedimiento "transparente", pues el comité de expertos encargado de hacer la preselección de los aspirantes "no explica por qué descarta" a algunos de ellos. Entienden que se otorgan "competencias excesivas" a este comité, en detrimento del poder de las Cámaras, pues es este órgano creado ad hoc el que hace la criba.

Durante el encuentro, PSOE, Podemos y Cs plantearon que se pidiese un informe con celeridad pero que se votase este mismo jueves

En definitiva, Pastor esgrimió que había una serie de cuestiones que tendrían que resolver los servicios jurídicos del Parlamento: si la propuesta se ajusta o no a la ley, si cumple con las "garantías necesarias" para el normal desarrollo de un concurso público, si se confieren "competencias excesivas" al comité de expertos, si hay "conceptos imprecisos en el establecimiento de los requisitos a cumplir por los candidatos", si se abre la posibilidad a que los expertos ofrezcan una "interpretación discrecional" de los méritos de los aspirantes o si el modelo de elección y votación que se plantea invade los poderes de las Mesas conjuntas.

Los grupos ofrecieron una solución de acercamiento: que se votase el documento este mismo jueves, para poner en marcha el procedimiento de renovación, y a la vez se reclamase un informe a los servicios jurídicos "con máxima celeridad". Pero los miembros del PP se negaron: defendieron que antes de votar necesitaban saber si la propuesta se ajusta o no a la ley, porque de lo contrario podrían estar prevaricando.

Sin tiempos

Entonces el letrado informó, pero solo verbalmente, de que como no hay un reglamento de funcionamiento de las Cortes Generales —no se ha aprobado en toda la historia de la democracia— que especifique cómo ha de votarse en las reuniones de las Mesas conjuntas, entonces tendría que procederse a la votación por separado. Es decir, que cada Mesa deliberase y votase cómo seguir con el procedimiento. Ahora bien, el voto habría de ser concurrente.

El letrado dijo que al no existir un reglamento de las Cortes que delimite cómo han de votar las Mesas, estas deben decidir por separado

Esa fue la solución que se impuso y la que objetivamente más favorece al PP, pues no controla el órgano rector del Congreso —cuenta con tres de las nueve sillas—, pero sí el del Senado (tiene cuatro de los siete puestos). PSOE, Podemos y Ciudadanos mantuvieron su alianza: dado que se trata de Mesas conjuntas, han de votar conjuntamente todos y cada uno de sus miembros. De hacerse así, la oposición tenía mayoría de 9 a 7. El PP alegó que nunca antes se había producido una situación semejante, ya que en las reuniones de Mesas conjuntas habituales apenas hay discrepancias: allí se lleva la ratificación de los presupuestos de las Cortes, la organización de actos, contrataciones... y cuando hay algún disenso particular se manifestaba con algunas abstenciones aisladas que no afectaban al consenso general. Es decir, que antes no se había producido un divorcio en este órgano que suma la representación de las dos Cámaras.

¿Qué ocurrió a continuación? Que se reunieron los integrantes de la Mesa del Senado. Los populares, con la abstención de los miembros de PSOE y PNV, sacaron adelante su idea: el órgano decidió pedir dos informes a sus letrados: uno sobre la viabilidad del procedimiento de concurso público planteado por la oposición, para que diga si se ajusta o no a la ley, y otro sobre cómo se vota en las Mesas conjuntas y qué ocurre cuando hay discrepancias entre cada órgano.

Pastor no ha decidido aún cuándo convocará a su propia Mesa, en la que está en minoría. Sabe que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos no querrán que se pida un nuevo informe jurídico, pero ella lo pedirá igualmente, haciendo uso de sus facultades como presidenta de la Cámara. "No es un empecinamiento personal. Nos queremos guardar bien las espaldas. En la reunión no se ha puesto en cuestión el modelo, ni mucho menos, pero sí queremos que haya garantías jurídicas. No podemos votar ya algo que pueda ser ilegal". ¿Y cuándo estarán esos informes? Ni fuentes cercanas a Pastor ni el vicepresidente primero de la Cámara Alta, Pedro Sanz, supieron precisar los plazos. "Lo que tarden".

Los portavoces de la oposición estallan contra Pastor y la acusan de liderar un "escándalo", pero el PP se escuda en que quiere cumplir la ley

Pero el embrollo seguirá. Porque lo previsible es que el voto de la Mesa del Senado, que el PP controla con su mayoría absoluta, sea distinto al del Congreso. Entonces se consumará el bloqueo total en la renovación de RTVE. ¿Y qué pasará entonces? Ya nada está claro. La oposición entiende que solo se activará el mecanismo "cuando al PP le interese" —y sospechan que será más adelante, para garantizarse que la nueva temporada de la radio y la tele, que arranca en septiembre, la monte el actual consejo de administración—, mientras que los conservadores defienden que no tienen interés en retrasar nada, pero que si llega el bloqueo, una salida podría ser rehacer la propuesta. Es decir, redactar un nuevo documento que cuente con el apoyo de entrada del PP.

Los grupos de la oposición estallaron contra los populares y especialmente contra Pastor, a quien acusan de actuar como una "militante" de su partido y de utilizar todo tipo de argucias para dilatar el proceso. La incomodidad era patente a la salida de la reunión, sobre todo cuando la jefa del Legislativo vio los rostros de profundo cabreo de los representantes de los grupos, estampa que le sentó mal, reconocieron en su círculo, porque entendía que su presencia era una "coacción" hacia las Mesas inaceptable. "¿Y esas caras?", les preguntó en el pasillo.

Margarita Robles, la portavoz del PSOE, lo definió como un "escándalo sin precedentes" y anunció que su partido adoptará medidas jurídicas e institucionales para impedir que se continúe bloqueando la renovación de RTVE. Noelia Vera, de Podemos, habló de "vergüenza", de una medida "antidemocrática" y adelantó que su formación interpondrá "los recursos parlamentarios y no parlamentarios que sean necesarios". Mientras, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, calificó lo ocurrido de un nuevo episodio de "filibusterismo parlamentario" y recordó que fue la propia Pastor la que demandó a los grupos que acudiesen a ella con una propuesta mayoritaria acordada, y eso fue lo que remataron hace más de un mes. Ramón Moreno, el portavoz popular, acusó a los grupos de la oposición de no querer "cumplir" la legalidad, mientras que desde la presidencia del Congreso reprocharon a la oposición su actuación "partidista" durante la reunión y negaron que haya "bloqueo" o "parálisis", aunque sí asumían el obvio "retraso". El resultado, en cualquier caso, es que el relevo en la cúspide de RTVE sigue atascado. Otra vez.

Indignación entre los profesionales de la radio y la tele públicas

Como cabía esperar, la noticia de que seguía sin haber acuerdo para la renovación de RTVE y que todo continuaba, por tanto, paralizado, irritó sobremanera a los profesionales de la casa. La desolación cundía, porque la situación para ellos es desesperante. El consejo de informativos de TVE condenó el "bloqueo intencionado" ocurrido en la tarde de este jueves. "El PP decide quedarse solo y bloquear el acuerdo logrado entre TODOS los partidos de la oposición". 

 

"Sobre la mesa existe un amplio acuerdo de toda la oposición que, en su conjunto, supera la representación parlamentaria del grupo popular —recordó el consejo en un comunicado—. Dudamos, por lo tanto, del espíritu democrático de una actitud en la que una minoría bloquea a la mayoría utilizando los resortes del poder gubernamental y las instituciones que ocupan. Teniendo en cuenta que el acuerdo de la oposición está supervisado por los asesores legales de al menos tres partidos, entendemos que la resolución de dudas y mejoras del acuerdo no deben conllevar su paralización, especialmente porque ha transcurrido un mes sin que nadie las haya planteado". 

 

El bloqueo sentó como un jarro de agua fría en RTVE. Más doloroso si cabe porque este miércoles varios miembros del consejo de informativos de la tele —el órgano que representa a la redacción— visitaron el Parlamento Europeo, cuya Comisión de Peticiones aceptó analizar la "manipulación" en TVE. Esa delegación trasladó a los europarlamentarios la "necesidad de recuperar cuanto antes la pluralidad y la independencia de la televisión pública española", pues son "valores fundacionales" del proyecto europeo. 

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