La Manada ya tiene condena: cronología del caso de violación

Cerca de cumplir los tres años desde que se inció el caso de La Manada de los Sanfermines de 2016, el Tribunal Supremo ha deliberado este viernes en una vista pública sobre los recursos de casación presentados por todas las partes, ya que la condena impuesta por la Audiencia de Navarra y posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra no convenció a nadie, ni siquiera a la defensa, y finalmente, pocas horas después de dar por finalizada la sesión, los cinco magistrados han decidido condenar a los jóvenes sevillanos por violación. El Supremo ha interpuesto 15 años de cárcel a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Alfonso Jesús Cabezuelo y a 17, dos más que a sus compañeros que van ligados al robo del móvil de la joven madrileña, a Antonio Manuel Guerrero.

Esta es la cronología del caso:

7 de julio (2016): la presunta violación

Una joven madrileña denunció la madrugada del 7 de julio que había sido violada por cinco jóvenes andaluces. Pocas horas después todos ellos eran detenidos. Se trata de José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, A.M.G. y Jesús Cabezuelo. Los cinco habían viajado desde su Sevilla natal para disfrutar de los Sanfermines.

Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada en el portal número 5 de la calle Paulino Caballero donde, según denunció la joven, había sido sometida a abusos sexuales por los cinco miembros de este grupo de hombres andaluces.

La chica fue atendida en el Complejo Hospitalario de Navarra mientras la Policía Municipal ponía en marcha un operativo en colaboración con otros cuerpos de seguridad para detener a los presuntos culpables, entonces todavía desconocidos. Pocas horas después eran detenidos por la Policía Foral mientras participaban en las vaquillas posteriores al primer encierro.

9 de julio: imputación de cinco delitos

Solo dos días después el juez ordenaba su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Los cinco detenidos habían sido citados aquel sábado a las 10:00 para declarar ante el juez de guardia de Pamplona. El magistrado les imputó varios delitos de agresión sexual, además de un delito de robo con violencia por llevarse el móvil de la víctima.

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El Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Parlamento foral mostraron su repulsa por la agresión y animaron a la ciudadanía a participar en concentraciones para repudiar estos hechos. Cientos de ciudadanos llenaron la plaza Consistorial para expresar su rechazo por lo ocurrido.

8 de agosto: prisión para los cinco

Un mes después de que tuvieran lugar los hechos, el juez impuso una fianza de 500.000 euros a los cinco jóvenes por cinco delitos de agresión sexual y un delito de robo con violencia e intimidación.

En su auto, el magistrado sostuvo que no existió consentimiento de la víctima y que la agresión era un evidente abuso de una situación de superioridad física. De hecho, señalaba que los cinco procesados "se animaban y jaleaban entre sí" mientras agredían sexualmente a la joven y que, incluso, esperaban su turno. ​

Según el auto, la mujer fue agarrada "por las muñecas" y valiéndose de su superioridad física la penetraron "de manera reiterada". Todo ello fue grabado por A. M. G. con su teléfono móvil con el consentimiento de sus amigos, que miraban y gritaban en varias ocasiones a la cámara.

4 de octubre: la agresión de Pozoblanco

El Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona emitía un auto en el que aseguraba que existían "indicios" para concluir que cuatro de los miembros de La Manada -esta era la primera ocasión en la que trascendía el nombre que utilizaban en WhatsApp- participaron también en otra agresión sexual en la localidad cordobesa de Pozoblanco unos meses antes.

Según el juez, que remitió el caso a los juzgados de Pozoblanco, resultaba "indiciariamente acreditado" que A. J. C. E. -otro hombre que no participó en la violación de Pamplona- ofreció a la víctima acompañarla a su domicilio en un vehículo y que, nada más entrar y sentarse en el asiento del copiloto, ella cayó "en un estado de profunda inconsciencia".

Según el auto, la mujer fue agarrada "por las muñecas" y valiéndose de su superioridad física la penetraron "de manera reiterada"

En ese coche se encontraban José Ángel Prenda, Jesús Escudero, A.M.G. y Jesús Cabezuelo y, mientras este último conducía, "todos ellos le tocaban los pechos" y se reían mientras A. J. C. E. la "besaba en la boca". Según añade el magistrado, la llevaron luego hasta la localidad de Pozoblanco, donde se despertó "completamente desnuda en el asiento de atrás" y con el mono y las medias rotas.

17 de octubre: al banquillo

Tras concluir su investigación, el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona concluyó su investigación. Los cinco vecinos de Sevilla procesados y encarcelados provisionalmente serían juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

26 de abril (2017): deniegan archivar el caso

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra concluía la fase de instrucción y decretaba la apertura de juicio oral. Además, desestimaba la petición de archivo de las actuaciones solicitada por las defensas de los cinco encarcelados.

Las defensas alegaban que no existía en este procedimiento prueba de cargo suficiente contra los imputados, si bien la Audiencia de Navarra recordó que la existencia de indicios racionales de criminalidad ya fue considerada en el auto de procesamiento del 8 de agosto de 2016, confirmado por la Sección Primera el 16 de noviembre.

4 de mayo: 22 años y diez meses de prisión

La Fiscalía solicitó un total de 22 años y 10 meses de prisión para los cinco procesados por la presunta violación múltiple. El Ministerio Público reclamó 18 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación. La defensa de la joven reclamaba 24 años y 9 meses de cárcel y las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, más de 25 años.

Asimismo, pidió 10 años de libertad vigilada a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad y una indemnización de 100.000 euros para la afectada por los daños morales ocasionados.

La Audiencia Provincial de Navarra había urgido a la Fiscalía a presentar su escrito en un reciente auto que desestimaba las peticiones de sobreseimiento de la causa formuladas por las defensas de los cinco procesados, procedentes de Sevilla.

14 de julio: prisión por riesgo de fuga

La Audiencia de Navarra rechazó los recursos interpuestos por las defensas de los cinco acusados de violación grupal para lograr su libertad provisional y acordó mantener en prisión a todos ellos a la espera del juicio, al entender que existí riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Así lo acordó la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en cinco autos que contaron con el voto particular discordante de uno de los tres magistrados de la Sección, Ricardo Javier González. Este juez es el mismo que este jueves ha estado a favor de la ​absolución de los cinco encausados.

Opinión

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Este magistrado abogó ya entonces por decretar la libertad provisional de los cinco acusados bajo una fianza de 6.000 euros y con la imposición de determinadas obligaciones, como la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial con la obligación de hacer entrega del pasaporte ante el Juzgado de Guardia de su domicilio en las 48 horas siguientes a su puesta en libertad.

13 de noviembre: juicio en un 'búnker'

La Manada volvía a reunirse en la Audiencia Provincial con el inicio del juicio contra los cinco jóvenes. Comenzaba así un proceso judicial que se prolongaría durante diez jornadas y que estuvo blindado al exterior para proteger el "derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante y para salvaguardar tanto a ella como a los cinco imputados de "una indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual que pertenecen a la esfera personal".

El juicio se desarrolló íntegramente a puerta cerrada y a la sala no pudieron acceder ni familiares ni amigos de las partes. Tampoco se permitió el acceso al Palacio de Justicia de cámaras fotográficas y de televisión para impedir la "obtención, divulgación y publicación" de imágenes de las partes y sus familiares. Incluso, para que no trascendiera nada de lo que ocurra en la sala, se empapelaron las ventanas que dan a la calle, dentro de unas medidas inauditas hasta la fecha y que convirtieron el Palacio de Justicia en un 'búnker'.

14 de noviembre: la víctima presta declaración

Tras más de un año sin pisar Pamplona, la víctima de presunta violación de La Manada volvió a viajar a Navarra. Esta vez para testificar. Su pretensión de declarar por videoconferencia para no volver al 'lugar del horror' y tener que sentir la cercanía de los presuntos agresores fue rechazada por la Audiencia Provincial de Navarra.

Los cuatro policías municipales que atendieron a la joven declararon que la mujer se encontraba en estado de 'shock' y que su actitud no fue fingida. Sin embargo, aquel día la joven tuvo que enfrentarse a las insistentes preguntas de las defensas en su intento de demostrar que fueron en todo momento relaciones sexuales consentidas.

La crítica era por qué se aceptaba un informe de detectives privados a petición de la defensa sobre la vida de la joven posterior a los hechos

Pero hubo una pregunta fuera de la sala de vistas que incendió el juicio: por qué se tomaba en consideración un informe elaborado por detectives privados a petición de la defensa sobre la vida de la joven posterior a los hechos. La decisión provocó gran consternación en redes sociales, que se movilizaron para contraatacar ante la estrategia de la defensa de hurgar en la vida privada de la supuesta víctima tras los hechos para proyectar la imagen de una joven que no presenta ningún trauma. Fue entonces cuando se viralizaron las imágenes de los miembros de La Manada como 'venganza'.

21 de noviembre: unos vídeos "repugnantes"

Esta fue la jornada clave del juicio. Se procedió al visionado en la sala de los siete vídeos que grabaron los integrantes de La manada con sus móviles mientras tenían lugar los hechos. Fueron solo 96 segundos de grabaciones, pero que se analizaron durante cinco horas.

Cada uno de los siete vídeos fue visto en numerosas ocasiones durante la declaración de los dos agentes de la Policía Foral que realizaron un estudio de los archivos extraídos de los móviles de los acusados y la posterior comparecencia de los peritos de la defensa que han analizado el contenido de los vídeos.

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Los policías dieron cuenta durante casi cerca de cuatro horas de declaración de lo que significaba cada segundo de unos vídeos que "son repugnantes", según aseguró de forma expresiva uno de los dos letrados de la joven, Carlos Bacaicoa, durante un receso de la vista.

28 de noviembre: fin del juicio

Finaliza el juicio y queda visto para sentencia tras una polémica intervención de Agustín Martínez Becerra, defensor de tres de los cinco procesados, quien asegura que "no son modelo de nada", incluso "patanes", "imbéciles" en algunos aspectos, "simples" y "primarios" con el fútbol o las relaciones sexuales, "cuantas más mejor", pero son "trabajadores" y "buenos hijos".

La última palabra de aquella jornada fue, sin embargo, de los cinco acusados, que se declararon "inocentes". "Solo quiero decir que me declaro inocente y confío en la Justicia de este país", afirmó en primer lugar José Angel Prenda. Intervención que uno a uno fue calcada por sus compañeros Ángel Boza, Jesús Escudero y A.M.G.

Solo la declaración de Jesús Cabezuelo fue diferente: "Me arrepiento del hurto del móvil. Pido perdón públicamente. De los demás delitos que se me imputan soy inocente y confío plenamente en esta sala".

23 de abril (2018): dos días para la sentencia

Tras cinco meses de silencio en los juzgados de Pamplona, este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anunció que este jueves se daría a conocer el veredicto en una audiencia pública a las 13:00. El tribunal dijo que en la lectura del fallo no estarían los cinco acusados, con lo que quedaba descartada así la posibilidad de que los integrantes de La Manada escucharan el veredicto por boca del tribunal.

26 de abril: los “hechos probados” y la condena

La Audiencia provincial publica las 371 páginas de la sentencia sobre el caso en las que hace un relato detallado de lo ocurrido aquella noche de Sanfermines tras visualizar los 98 segundos de duración de los siete vídeos que se grabaron en el habitáculo, donde la víctima, según el informe del tribunal, experimentó “agobio y desasosiego”, lo que le hizo adoptar una “actitud de sometimiento y pasividad” ante las actuaciones de los acusados. Asimismo, desmonta los argumentos de la defensa de los cinco jóvenes al determinar que no aprecian en la denunciante signos de “bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación".

Respondiendo así a las polémicas declaraciones del magistrado Ricardo González, quien definía lo ocurrido en aquel portal como "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo".

Además de señalar la ausencia de “iniciativa” por parte de la afectada , la sentencia deja constancia de la actitud de "jactancia, ostentación y alarde" de José Ángel Prenda y deja al descubierto los comentarios de los acusados mientras se cometían los hechos y durante la grabación. El texto reflejaba una conclusión clara: “la utilizan como un mero objeto para satisfacer sobre ella sus instintos sexuales".

Con todo, la Audiencia finalmente descartó el delito de agresión sexual al no ver una demostración de fuerza o “intimidación” por parte de los cinco jóvenes para “doblegar la voluntad” de la denunciante: “golpes, empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz”. Finalmente, condenó a los cinco integrantes de La Manada a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento.

También los absolvía de la acusación por delito contra la intimidad y de robo con violencia e intimidación, dejándolo en una multa de 15 euros diarios (900 euros en total) a Antonio Manuel Guerrero por el robo del móvil de la víctima, por un delito leve de hurto.

La condena es muy inferior a la solicitada por la fiscal y las acusaciones, de 22 y 26 años de cárcel. No hubo unanimidad por parte de los magistrados, ya que González emitió un voto particular en contra pidiendo la absolución de todos.

28 de abril: piden revisar el delito agresión sexual

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género insta al Gobierno a que revise los artículos 178 a 183 bis del Código Penal relativos a la superioridad de los agresores sobre la víctima, abuso y agresión sexual. La Asociación de Mujeres Juezas de España se sumó a esta petición al considerar que existen "prejuicios sociales" en los delitos contra la libertad sexual.

5 de mayo de 2018: Bruselas y la ONU dan un toque de atención

Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, insta al tribunal a tomar una decisión “lo más rápido y justa posible” durante un debate de la Eurocámara en Bruselas y lamenta el matiz machista aún existente en ciertas “convicciones machistas”: “Si una mujer es violada, se cree que es porque ella lo provocó, porque se lo merecía. Y tenemos que parar esto”.

Ese mismo día, la coordinadora ejecutiva de ONU Mujeres para el acoso sexual, Purna Sen, criticó la “suave” sentencia emitida por la Audiencia de Navarra y declaró que se estaba “subestimando la gravedad” del delito. La impunidad, añadía, fomentaba la cultura de la violación.

8 de mayo de 2018: se filtran datos personales de la víctima

La Comisión Permanente del CGPJ abre una investigación por la filtración de datos personales de la denunciante el 26 de abril cuando se publicó la sentencia del caso. Por culpa de un error, se pudo acceder a esta información privada (y borrada cuando fue enviada a los medios de comunicación).

21 de junio de 2018: salen de prisión preventiva

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decreta la libertad provisional para José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo a la espera de la decisión del TSJN sobre los recursos presentados por todas las partes; a punto de vencer el plazo máximo de dos años en prisión provisional.

La decisión obtuvo un único voto en contra por parte del presidente, quien abogaba por dilatar su ingreso en prisión provisional. El tribunal consideró que no existía riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.

A cambio de la puesta en libertad, se les impuso una fianza de 6.000 euros; así como la obligación de comparecer en el juzgado de guardia tres días a la semana, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial y de acudir a la Comunidad de Madrid (lugar de residencia de la víctima).

Tras la decisión de la Audiencia, se convocaron manifestaciones multitudinarias como protesta en las ciudades de Madrid, Zaragoza, Valencia, Murcia, Sevilla, Pamplona y Bilbao.

27 de junio de 2018: el mensaje de la víctima

La denunciante envió una carta a El Programa de Ana Rosa, en la que agradecía todo el apoyo recibido por la opinión pública y alentaba a otras víctimas a dar del paso de denunciar.

28 de junio: el pasaporte del guardia civil

La Fiscalía solicitaba una nueva comparecencia de A.M.G. después de que intentara renovar su pasaporte, aunque no se le permitía abandonar territorio español, como ya dictaminó la Audiencia provincial al decretar su puesta en libertad provisional. Por este acto, el Ministerio público pedía el ingreso en prisión al considerar que existía riesgo de fuga. En respuesta a esta solicitud, el tribunal ordenó una información detallada sobre la actuación del acusado.

Fue el 24 de julio de 2018 cuando la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decidió mantener la libertad provisional de Guerrero por estos hechos.

11 de julio de 2018: Defensa no suspende a uno de los guardias civiles

El Boletín Oficial de Defensa publicó un anuncio en el que informaba de que ni Alfonso Jesús Cabezuelo ni Antonio Manuel Guerrero quedaban expulsados como miembros de la Guardia Civil (el plazo máximo de suspensión es de 6 meses), pero no le asignaron ningún destino.

No fue hasta octubre de ese mismo año cuando el Ministerio de Defensa informó de que Cabezuelo había sido expulsado del Ejército tras imponerle un expediente administrativo, por lo que perdió su condición de militar como miembro del Ejército de Tierra. Guerrero, por su parte, ha sido expulsado en enero de este año como miembro de la Guardia Civil.

18 de julio: mantienen la libertad de los acusados

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra desestimó el recurso presentado por la Fiscalía y las acusaciones de ordenar la prisión provisional para los cinco acusados. En su lugar, el tribunal decidió mantener la libertad provisional hasta el pronunciamiento del TSJN.

1 de agosto de 2018: el robo de las gafas

La Policía Local de Sevila detuvo a Ángel Boza por presunto delito de robo de unas gafas de sol en un centro comercial e intento de agresión cuando, en su huida, arremetió desde su coche contra dos agentes de seguridad. Al día siguiente, el titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ordena su ingreso en prisión provisional sin fianza por un delito de robo con agresión.

Boza ya fue acusado de un intento de robo, también de gafas de sol, en una óptica de San Sebastián un día antes de la presunta agresión sexual en los Sanfermines de 2016.

Fue a finales de año, en noviembre, cuando el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla decretó al libertad para Boza tras considerar que cometió un delito leve de hurto y de lesiones.

5 de Diciembre de 2018: se confirma la condena por abuso sexual

El TSJN confirmó la condena dictada por la Audiencia de Navarra, pero hubo votos en contra por parte de dos magistrados que pedían una condena de 14 años de prisión y 3 meses por un delito de agresión sexual al considerar que sí hubo intimidación.

21 de enero de 2019: petición de condena por lo ocurrido en Pozoblanco

La Fiscalía de Córdoba pide 7 años de prisión para los cinco integrantes de La Manada por los presuntos abusos a una joven de 21 años en el interior de un coche en Pozoblanco.

2 de mayo de 2019: multa por difundir el vídeo

La Agencia de Protección de Datos sancionó a Cabezuelo con una multa de 150.000 euros por la grabación y posterior difusión del vídeo de la víctima.

21 de junio de 2019: 15 años por violación

La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido incrementar a 15 años las penas de prisión para José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Jesús Cabezuelo, a los que considera culpables de un delito continuado de violación, corrigiendo, de este modo, la resolución de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

A la vista han acudido tanto las defensas de los acusados (pero no ellos), la Fiscalía, la acusación particular que representa a la víctima y las acusaciones populares (la comunidad foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona). Mientras que el Ministerio público ha pedido una condena de 18 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, que también ven probado las otras acusaciones, la defensa ha insistido en la absolución de sus clientes, basándose en el polémico voto particular emitido por Ricardo González en la primera sentencia. Los cinco magistrados que conforman el tribunal han sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta (presidente), Ana Ferrer, Vicente Magro, Francisco Monterde y Susana Polo (ponente).