No solo Llarena: Transparencia exige que los políticos prueben sus afirmaciones

Usted también puede ser el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y pedir explicaciones y evidencias sobre las declaraciones de un ministro. En una resolución favorable a El Confidencial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha avalado que, en cumplimiento de la Ley de Transparencia, los poderes públicos deben proporcionar los documentos que sustenten los datos ofrecidos por los altos cargos políticos, toda vez que esta información “resulta de especial interés para el escrutinio efectivo de la actuación de la Administración y de sus máximos responsables”.

El origen de esta decisión se encuentra en el pasado mes de diciembre, cuando El Confidencial solicitó a través del Portal de la Transparencia de dónde salían los datos manifestados por el entonces ministro Luis de Guindos sobre las consecuencias económicas de una hipotética independencia de Cataluña. Entre otros posibles efectos, el actual vicepresidente del Banco Central Europeo aseguró entonces que “el 70% del PIB de Cataluña estaría sometido a aranceles” y supondría “una caída del PIB entre el 25% y el 30%, una situación de inflación muy elevada y la tasa de paro se doblaría”.

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Tras una explicación genérica sin aportar prueba alguna y remitida fuera de plazo –lo que también le ha valido a Economía un fuerte tirón de orejas por parte del Consejo de Transparencia–, El Confidencial remitió el caso a la institución presidida en funciones por Javier Amorós desde el fallecimiento en noviembre de Esther Arizmendi.

En una resolución notificada el pasado lunes, el Consejo de Transparencia da la razón en todos sus términos a El Confidencial y exige que Economía entregue “todos aquellos informes, estudios y/o documentos públicos utilizados como fundamento de los datos económicos y afirmaciones vertidas” por Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados. A juicio de Transparencia, “la información solicitada resulta de especial interés para el escrutinio efectivo de la Administración y de sus máximos responsables”.

Los poderes públicos deben proporcionar los informes y estudios que evidencien sus declaraciones

Asimismo, la resolución firmada por Javier Amorós señala que “en el caso en que la Administración reiterara (…) que no existe ningún informe y/o estudio que fundamentase los datos concretos a los que se refería el titular del Ministerio en la comparecencia mencionada, deberá indicarlo expresamente”. Es decir, los poderes públicos deben proporcionar los informes y estudios que evidencien sus declaraciones fácticas o bien admitir expresamente que los políticos se han sacado de la manga los datos que trasladen a la opinión pública.

La decisión del Consejo de Transparencia llega en un momento en el que la propaganda política y las ‘fake news’ se encuentran en el centro de la actualidad política, con propuestas legislativas tanto en España como en la Unión Europea para luchar contra ellas, una medida que ha sido rechazada ampliamente por periodistas y expertos en desinformación. Con su resolución, el Consejo de Transparencia propone una solución alternativa para luchar contra la propaganda y las ‘fake news’: la transparencia y la rendición de cuentas.