El juez Llarena pide explicaciones a Montoro por sus declaraciones sobre el gasto del 1-O
Le pide "soporte objetivo concreto de sus declaraciones", en las que el ministro de Hacienda dijo tener certeza de la ausencia de gasto público en la consulta
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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto de sus declaraciones", en las que expresó tener la certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.
En una providencia dictada hoy, el instructor señala que varios de los procesados se han referido en las indagatorias celebradas en los pasados días a "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros". Han fundado sus alegatos "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción".
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Por ello, requiere al ministro de Hacienda "a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones". El ministro de Hacienda negó en una entrevista concedida a 'El Mundo' que se utilizara dinero de las arcas del Estado para sufragar la consulta. "No con dinero público", aseguró tajante, desmintiendo que existan agujeros en el sistema de control del gasto que lideró desde Hacienda.
Estas afirmaciones chocan frontalmente con el informe final que la guardia civil entregó al juez Pablo Llarena y que sirvió de base del procesamiento de los acusados en la causa por el 'procés'. Los agentes tenían acreditadas, a finales de febrero, partidas que superaban el millón y medio de euros. En concreto, 1.602.001,57 euros que se repartieron en cuatro grandes bloques de gasto. Entonces aún faltaban por cuantificar otras líneas económicas vinculadas a la consulta. De hecho, en previsión del hallazgo de nuevas pruebas, el magistrado mantiene abierta una pieza secreta en que la instrucción sobre el presupuesto destinado para estos fines aún continúa. El juez del 13 de Barcelona impulsa en paralelo una investigación específica sobre esta cuestión.
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Así, y pese la insistencia del ministro en que mantiene el control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat intervenida, la guardia civil desgajó el dinero que se dedicó desde el Govern para alimentar estas cuatro partidas: la campaña de registro de catalanes en el exterior, la publicidad y difusión del referéndum, el suministro de papeletas al censo electoral y las citaciones enviadas para formar parte de las mesas de los colegios y los pagos a observadores internacionales ligados a Diplocat, el órgano de Exteriores del Govern.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto de sus declaraciones", en las que expresó tener la certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.