Puerto Banús, Sotogrande... Andalucía indulta los puertos vip con 50 años más

Sobre la bocina, a meses de que expire el plazo de la concesión de los puertos deportivos de Andalucía —Puerto Banús, Almerimar, Sotogrande, Puerto Sherry...—, la Junta de Andalucía prepara una reforma legal para que puedan seguir en manos de sus actuales dueños más allá de julio de 2018. En esa fecha se cumplen los 30 años que daba la Ley de Costas de 1988 como máximo vigente para las concesiones. El cambio legal permitiría a las concesionarias seguir explotando el negocio sin competencia. El borrador, al que ha tenido acceso El Confidencial, justifica que hay "afectados de gran importancia cualitativa y cuantitativa". Como con las autopistas de peaje, cuando vencen las concesiones, la Administración tiende a buscar prórrogas. Por el sector corre incluso una oferta para vender Puerto Banús por 275 millones contando con la nueva concesión, que dispara su valor en el mercado, algo que niega un portavoz del puerto. Canarias ya hizo una reforma similar.

Los puertos de Andalucía andan revueltos con lo que llaman el 'efecto 2018'. Los puertos deportivos ocupan dominio público y operan bajo una concesión. Por ley, en España la primera línea del litoral siempre es pública. En 1988, la Ley de Costas estableció 30 años de concesión para las casas y puertos construidos en dominio público marítimo terrestre. Puso coto así a concesiones anteriores que en algunos casos llegaban a los 100 años. Pese a que la Ley de Costas cambió en 2013 para alargar las concesiones de las casas y les dio hasta 75 años, los puertos deportivos quedaron en un extraño limbo. Varios de ellos pleitearon sin éxito para que se les reconociera su derecho a seguir en las manos actuales más allá de julio de 2018.

Tras un recurso de Sotogrande, el Supremo falló en 2016 que el plazo de 30 años desde 1988 es válido

No se trata de que al vencer la concesión haya que demolerlos o pasen necesariamente a ser de gestión pública, sino que la Administración puede convocar un concurso cuando venzan y recaudar mucho más de lo que actualmente pagan (a menudo, cánones menores procedentes de la época de Franco). Sobre cuándo vencen las concesiones después de tanto cambio legal hay tantas opiniones como partes interesadas. Hay quien se remite a la Ley de Costas de 1988 y al reglamento de posterior, otros a la reforma de 2013 y su reglamento de 2014, y otros a la Ley de Puertos de 1992.

Los puertos sostienen que siguen valiendo las concesiones originales, pero el Supremo ha ido fallando que el plazo de 2018 sigue vigente. Así lo hizo, por ejemplo, el 5 de julio de 2016, cuando el puerto de Sotogrande (Cádiz) intentó que fallase que las concesiones para los puertos deportivos (no los grandes puertos estatales como los de Algeciras) son de 75 años y no de 30 años. La Abogacía del Estado contestó que esa interpretación no era correcta y el Supremo le dio la razón. "La ley de 2013 no ha venido a ampliar dicho plazo, sino que lo que contempla es que las que se otorguen a partir de ella puedan tener como plazo máximo el de 75 años. De tal manera, esta ley no ha derogado las previsiones anteriores respecto de dichas concesiones, como se viene a sostener de contrario y, por tanto, tampoco el reglamento ahora cuestionado ha venido a restituir una previsión preexistente que, sin embargo, ya había sido supuestamente derogada. Sencillamente, lo que procede es diferenciar y tener presente que hay un plazo máximo de duración de las concesiones distinto para las que se otorgaron antes de la Ley de Costas de 1988 y para las que podrán ahora otorgarse tras la nueva Ley 2/2013".

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Rafael Méndez

Con la interpretación que hacen el Supremo y la Abogacía del Estado, los puertos deportivos tienen que volver en julio de 2018 a manos públicas. Además, una sentencia europea de 2016 impide las prórrogas automáticas de concesiones en dominio público porque limitan la libre competencia. Al acabar las concesiones, la UE quiere abrir el mercado para que el sector público recaude más y puedan entrar nueos empresarios más competitivos. En ese caso, la Administración debería sacar a algún tipo de concurso estos puertos. En algunos casos lo ha hecho, pero con la intención de que siga en las mismas manos, que es lo que ha ocurrido en el Club Náutico de Ibiza. Eso le ha costado una sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, al considerar que era un amaño para que siguiera en manos del club náutico tradicional, al que apoyaban todas las fuerzas políticas y sociales de la isla.

El sistema ha generado una dura lucha soterrada desde hace meses. Los empresarios que aspiran a entrar en la gestión de los puertos (en el Mediterráneo hay lucrativos negocios, aunque otros apenas sobreviven) frente a los actuales gestores (que pueden vender incluso las concesiones y ganan mucho con las prórrogas de estas). En Andalucía, una de las plazas más codiciadas, con 945 kilómetros de costa y emblemas como Puerto Banús, Sotogrande, Puerto Sherry o Almerimar, va ganando el 'statu quo'.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha preparado una reforma legal "ante la extinción el próximo 29 de julio de 2018 de las concesiones de puertos autonómicos otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988". El enunciado ya deja claro que los puertos deportivos deberían volver a ser de titularidad pública en unos meses. El borrador, de solo tres folios y al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que "es intención del Gobierno de la Junta de Andalucía", del PSOE, cambiar la ley, de forma "que permita a los afectados solicitar, antes de dicho vencimiento efectivo, la prórroga del título". Y señala que el plazo máximo para las prórrogas es de 50 años desde la aprobación de la ley de Costas (sin aclarar si habla de 2013 o de 1988 como origen).

El borrador justifica que da "respuesta a la realidad jurídica, social y económica que marca el supuesto de hecho, de una enorme trascendencia socio económica, al existir intereses y derechos de afectados de gran importancia cualitativa y cuantitativa". El borrador añade una disposición transitoria a la Ley de Puertos de Andalucía de 2007 para permitir las prórrogas. Ni la Junta de Andalucía ni la Asociación Marinas de Andalucía, el 'lobby' que lleva el caso y que agrupa a los principales puertos, han querido hacer comentarios. En su web, la asociación detalla que ha comenzado a reunirse con los grupos parlamentarios de Andalucía y que la situación actual es de "inseguridad jurídica".

El sector está especialmente atento a casos como Puerto Banús, construido por el promotor José Banús en Marbella. El puerto tiene una concesión de 1967 que originariamente era por 99 años (un plazo que quedó suprimido cuando en 1988 la Ley de Costas vetó las concesiones vitalicias). Un portavoz de Puerto Banús niega tajantemente que esté en venta, pero en la prensa de Málaga la operación va y viene periódicamente. Si la concesión termina en julio de 2018, Puerto Banús no vale nada ahora mismo. Con el cambio legal, podría pedir 50 años más y su valor se multiplicaría (pelotazo al calor del BOE, vaticina una fuente del sector).

La venta de Puerto Banús dependía de la concesión. El cambio legal dispara su valor en el mercado

En el sector está circulando una oferta para venderlo por 275 millones de euros (más una comisión de venta de 13,75 millones, que incluiría la concesión de Puerto Banús con los permisos para ampliarlo). El folleto —inflado, según fuentes del sector— augura una rentabilidad del 7%. Según las condiciones que ofrecen los intermediarios, Puerto Banús contaría con una concesión hasta 2067 (cuenta pues con el siglo de concesión original) y señala que la sociedad posee un solar urbano de 7.500 metros cuadrados adyacente con permiso de edificabilidad para un bloque de cinco pisos más 13 villas de lujo. Un portavoz de la empresa niega radicalmente que el puerto esté en venta, pero la sociedad no ha querido hacer más declaraciones.

Andalucía no es la única comunidad que apuesta por prorrogar las concesiones de los puertos. Canarias aprobó en julio de 2017 una reforma de la Ley del Suelo en la que, sin que apenas nadie se diera cuenta, establecía que "el plazo de duración de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será el establecido en el respectivo título concesional". Es decir, que con independencia de la ley de 1988 y posteriores, los puertos deportivos seguirían en manos de sus actuales gestores de acuerdo con las concesiones anteriores a 1988. Con estas reformas legales, los puertos deportivos sortean la competencia y la apertura del mercado. El capitalismo del BOE se resiste con ayuda de la Administración.