"Os tenemos que matar por ser guardias civiles": a juicio la brutal paliza de Alsasua

"Esto os pasa por venir aquí. Iros de aquí, hijos de puta pikoletos, os tenemos que matar por ser guardias civiles, cabrones, 'txakurras' (perros en euskera)". "Cabrones, teníais que estar muertos, dale más fuerte al puto perro guardia". "Al sargento torturador hay que detenerlo". "No tenéis derecho a estar aquí". "Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba [del cuartel de la Guardia Civil]. Cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo, así que lo que tienes que hacer es no salir de allí". La brutal paliza que recibieron en el interior y exterior de un bar de Alsasua dos agentes de la Benemérita —un teniente y un sargento— y sus parejas entre estos y otros gritos de odio llega a la sala de vistas de la Audiencia Nacional con el inicio este lunes del juicio por los hechos que tuvieron lugar la madrugada del 15 de octubre de 2016.

Han pasado 19 meses desde la agresión múltiple y en el banquillo de los acusados se sientan ocho jóvenes —a una novena persona se le levantó el procesamiento— para quienes la Fiscalía reclama un total de 375 años de cárcel por los delitos de lesiones y amenazas terroristas. Tres de los encausados —Adur Ramírez, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno— permanecen en prisión preventiva desde noviembre de 2016 por una violenta paliza que sus autores rebajan a la calificación de "pelea de madrugada de bar", "altercado" o "trifulca" con el respaldo de las principales instituciones navarras, que han salido en innumerables ocasiones en defensa de los acusados con declaraciones públicas o participando en actos organizados en su apoyo —la última, la manifestación de este sábado en Pamplona con motivo del inicio del juicio—. Pero la Audiencia Nacional y la Fiscalía tienen muy claro que el delito de terrorismo está detrás de esta agresión. También el Tribunal Supremo se inclina por esta tesis tras atribuir a la Audiencia Nacional la competencia para juzgar estos hechos al entender que el ataque se produjo "dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar" el País Vasco y Navarra.

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Con esta argumentación el Supremo zanjó el conflicto competencial abierto a raíz de que la Audiencia Provincial de Navarra reclamara para sí la causa entre la gran presión ejercida a nivel institucional por el nacionalismo vasco para lograr que la agresión a los guardias civiles y sus parejas se devolviera al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. La juez instructora de la causa, Carmen Lamela, imputa a los agresores, que tenían entre 19 y 24 años en el momento de los hechos, los delitos de terrorismo en concurso con atentado, lesiones y delito de odio.

En su escrito de acusación, el fiscal José Perals hace un relato pormenorizado de todas las agresiones sufridas por los agentes y sus parejas, tanto en el interior como en el exterior del bar Koxka de Alsasua, donde se encontraban tomando una consumición fuera de servicio, y que están marcadas por su "gran violencia y brutalidad". Golpes por la espalda, puñetazos y patadas en todo el cuerpo o pisotones con "gran profusión" se sucedieron con "ensañamiento" entre numerosos insultos y amenazas.

El fiscal hace un relato pormenorizado de todas las agresiones: puñetazos, patadas, pisotones y golpes por la espalda se sucedieron con "ensañamiento"

La mayor petición de condena va dirigida contra Ohian Arnanz, para quien el fiscal solicita 62 años y seis meses de cárcel por cuatro delitos de lesiones terroristas (12 y seis meses por cada uno) y uno de amenazas terroristas (otros 12 años y medio). Seis de los jóvenes acusados se enfrentan a 50 años de condena por cuatro delitos de lesiones terroristas y la octava persona a 12,6 años por amenazas terroristas. Arnanz fue, según el relato de la Fiscalía, uno de los jóvenes que inició las hostilidades. Él fue quien preguntó al teniente si era 'madero' momentos antes de que, cuando la situación comenzaba a ser tensa dentro del bar, con "al menos 25 personas" rodeando a los agentes y sus parejas, exhibiera su "intención de provocar una agresión, empujando y gritando 'Iros de aquí que os vamos a matar por ser guardias civiles'". En el interior del recinto agredió al teniente y a su pareja. También era una de las 20-25 personas que integraban el "pasillo" que se formó para agredir a los agentes y sus parejas con "todo tipo de golpes" —empujones, patadas y puñetazos— en su trayecto hacia la salida del establecimiento. Ya en la calle, donde el grupo de agresores era todavía mayor, se ensañó con el sargento cuando se encontraba tirado en el suelo, con "patadas y pisotones con gran profusión", y con "destreza" en sus movimientos —es experto en artes marciales—.

A Jokin Unamuno se le atribuye un papel relevante en el inicio de la agresión ya que entró al bar acompañado de varias personas para dirigirse directamente al sargento en "actitud desafiante, encarándose con él e increpándole por su presencia" en el local, mientras le exigía que abandonará el mismo. Agredió a los agentes en el bar y, posteriormente, en la calle agredió a los dos guardias civiles con "gran virulencia". Incluso, llegó a fumarse un cigarro "mientras observaba cómo el resto de individuos continuaba la agresión". Unamuno es uno de los líderes del colectivo Ospa Mugimendua que en el municipio impulsa la iniciativa 'Alde Hemendik (fuera de aquí)' para lograr la marcha de la Guardia Civil dentro de la "estrategia" impulsada por ETA. Esta dinámica sigue activa pese al cese de la actividad armada decretada por la banda terrorista en octubre de 2011, estando "dinamizada y dirigida desde la izquierda 'abertzale' y las organizaciones y plataformas afines" al entorno de ETA.

La magistrada Lamela y la Fiscalía enmarcan la agresión en las acciones vinculadas a la campaña 'Alde Hemendik' para lograr la expulsión de las FSE

En línea con el criterio de Lamela, el fiscal sostiene que la agresión se enmarca en las acciones vinculadas a la campaña 'Alde Hemendik' para lograr la expulsión de las FSE del País Vasco y Navarra "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social". Igualmente, estas actuaciones tienen como "segunda intencionalidad" el "crear un clima de miedo y rechazo entre los ciudadanos, instándoles de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil, en un intento de aislarles socialmente". De este modo, "la no contemplación de estos preceptos por parte de algún ciudadano le convierte automáticamente en afín al cuerpo y, por tanto, en cualquier momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pasa a convertirse en objetivo de la dinámica 'Alde Hemendik' y de los distintos grupúsculos de marcado carácter violento".

Dentro de esta estrategia, la Fiscalía refleja en su escrito que los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez llegaron a acudir el 12 de octubre de 2016 a las cercanías del lugar donde se celebraban actos relacionados con motivo dela festividad del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, "para intimidar y coaccionar con su sola presencia a los vecinos de Alsasua que quisieran asistir" a los diferentes eventos. Con anterioridad, el movimiento Ospa llevó a cabo una concentración "no comunicada" ante una jornada de puertas abiertas de este cuerpo para "intimidar" a los asistentes.

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Adur Ramírez es la tercera persona que permanece en prisión provisional después de que Lamela rechazara en diciembre de 2016 su excarcelación, que sí concedió a los otros cuatro acusados detenidos, por su "especial liderazgo y protagonismo en los actos violentos" y por la posibilidad de que pudieran "cometer otros hechos delictivos". Él participó en las primeras agresiones dentro del bar y también se ensañó con el sargento con patadas "dirigidas principalmente a la cabeza" que el agente trataba de evitar rondando por el suelo en la calle.

También tuvieron un papel destacado en los incidentes dentro del bar Jon Ander Cob y Julen Goicoechea. El primero increpó a la pareja del teniente, a quien le dijo "no tenéis derecho a estar aquí" cuando ella les pidió que les dejaran en paz, y protagonizó varias agresiones a los dos agentes, especialmente "puñetazos en la cabeza", ensañándose sobre todo con el teniente. Igualmente, Goicoechea "golpeó con gran brutalidad a ambos guardias civiles antes de que les separaran".

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Por su parte, el acusado Aratz Urrizola fue una de las personas que se ensañaron con el sargento mientras estaba en "posición de debilidad" tirado en el suelo. Además, le asestó un puñetazo en la cabeza cuando consiguió levantarse y le iba a propinar una patada en la cabeza cuando la pareja del sargento se interpuso para protegerle, recibiendo ella la patada. En las agresiones al sargento y a su pareja también participó de forma activa Iñaki Abad, que fue una de las personas que se llevaron al agente hasta la mitad de la calzada para tirarle al suelo mientras le propinaban puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Mientras esto ocurría, en otro lado, la novia del teniente se tumbó encima de él para evitar las continuas agresiones que estaba sufriendo, entre ellas una "patada muy fuerte en el tobillo" que le impedía levantarse del suelo, mientras los agresores gritaban "cabrones, teníais que estar muertos, dale más fuerte al puto perro guardia".

Finalmente, a Ainara Urquijo el fiscal le imputa un delito de amenazas terroristas con una petición de 12 años y medio de cárcel. Con "gran hostilidad" y "señalando con el dedo" amenazó a la pareja del sargento diciendo: "Esto que os ha pasado es por salir de allí arriba [del cuartel], cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo, así que lo que tienes que hacer es no salir de allí".

El peor parado por la brutal paliza fue el teniente, que tuvo que ser operado de fractura de tobillo que le mantuvo de baja más de medio año, mientras que el sargento sufrió policontusiones que le provocaron lesiones que tardaron 53 días en curar, "estando impedido para sus ocupaciones habituales durante 22 días", según refleja el fiscal. Por su parte, la novia del teniente precisó tratamiento médico y tardó en curar de las lesiones 61 días, además de sufrir en los meses posteriores "un cuadro de ansiedad importante debido a recuerdos recurrentes de la agresión sufrida". También estuvo impedida para sus "ocupaciones habituales" durante 61 días la pareja del sargento, que "ha seguido bajo control psicológico con visitas programadas cada 15 días por estrés postraumático".

Pero los efectos de la agresión van más allá de lo reflejado por el fiscal en su escrito. Los agentes y sus parejas han tenido que abandonar Alsasua ante el "acoso continuo" al que estaban siendo sometidos. El hostigamiento también lo han sufrido los padres de la pareja del teniente, originarios de Ecuador, con amenazas e insultos y carteles colocados en el bar que regentan. "Eso es insoportable. Tememos por nuestra integridad física y hemos restringido al máximo nuestras salidas", han llegado a declarar familiares ante el asedio al que se ven sometidos en este municipio de 7.500 habitantes, donde el cuartel de la Guardia Civil está situado a las afueras, prácticamente escondido en el monte, y protegido por una elevada vaya. En este emplazamiento apenas conviven 25 agentes y sus familias, que se tienen que ir a otras localidades a comprar el pan ante el "fuerte odio" que existe en el pueblo hacia todo lo que 'huela' a guardia civil.

La Fiscalía pide la condición de testigos protegidos ante la "clara presión social y personal" que existe en el municipio, con amenazas, insultos y carteles

La tensión es máxima estos días en Alsasua con motivo del inicio del juicio. De hecho, el "ambiente social de presión" sobre los miembros de las FSE y "quienes se relacionan con ellos" con la finalidad de "generar terror en parte de la población" ha llevado al fiscal a solicitar que se declare la condición de testigos protegidos a todas las personas solicitadas por el Ministerio Público para prestar declaración. Pide que no puedan ser observados por el público y que no se tomen imágenes ni sonido de su intervención, prestando incluso la declaración con sistema de distorsión de voz. Según argumenta, "existe una clara presión no solo social sobre los testigos, sino también de carácter personal, que ya se han concretado sobre alguno de ellos en acciones determinadas, pues ha denunciado en sede judicial que ha recibido amenazas, colocación de pasquines en las proximidades de su domicilio o negocio y daños en sus bienes, como consecuencia de la denuncia de los hechos".

En el proceso judicial, que se prolongará hasta el 27 de abril, también está implicado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, que actúa como acción popular. La representación legal correrá a cargo del miembro de la asociación y abogado Rubén Múgica, hijo del histórico dirigente socialista Fernando Múgica asesinado por ETA en 1996, en la que es la primera ocasión que va a defender a la entidad presidida por Consuelo Ordóñez en un caso de "delito de terrorismo". El letrado comparte con la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y la Fiscalía que la agresión formó parte de la estrategia que llevó a cabo ETA para impulsar el rechazo y la expulsión de las FSE del País Vasco y Navarra a través de la campaña 'Alde Hemendik' (Fuera de aquí).