La URJC suspende de sus funciones al director del máster de Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha comunicado este viernes en un Consejo de Gobierno una batería de medidas a raíz del escándalo del máster de Cristina Cifuentes. La primera ha sido la de suspender de sus funciones, de forma cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del máster de la presidenta regional y del Instituto de Derecho Público (IDP). Por otro lado y según ha comunicado la propia universidad, ha decidido "abrir un expediente disciplinario" a la funcionaria implicada "en las graves irregularidades". Se trata de Amalia Calonge, la persona que habría accedido al sistema de calificaciones interno, cambiando en dos asignaturas de Cifuentes un No Presentado por un Notable. Sobre la retirada del título a la presidenta madrileña, otra de las medidas que el Consejo tenía previsto abordar, el rector ha anunciado que solo en caso de que se dicte una sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán los trámites pertinentes para anular el título del máster.

Además, el rector ha anunciado el inicio de un proceso de auditorías para todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad. El objetivo de la medida pasa por verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo "cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional". Precisamente miembros del equipo rectoral de Ramos reconocían a este diario este jueves que su máximo empeño pasa por "no volver a fallar" en la labor de vigilancia con estos institutos que tienen personalidad jurídica y económica propia, lo que les otorga un grado de autonomía casi absoluto. "Nos hemos equivocado una vez, pero no lo haremos una segunda. No podemos fallar", insistían miembros del núcleo más cercano del rector refiriéndose directamente al IDP controlado por Álvarez Conde y al que apuntan como origen de todas las irregularidades que tanto han perjudicado la imagen de la URJC.

Por otro lado, el centro universitario recordó que ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público, hace días se suspendió el procedimiento de información reservada abierto, dejando en manos del Ministerio Fiscal el caso. Aun así, el rector ha querido insistir en que la suspensión de este procedimiento "no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público" y, en particular, a la implementación del máster universitario de Derecho Público del Estado Autonómico en el que se matriculó la presidenta regional.

Precisamente en el transcurso del procedimiento abierto, fue la declaración de la profesora Alicia López de Los Mozos (supuesta presidenta del tribunal que calificó el trabajo fin de máster de Cifuentes) la que desencadenó el traslado de las indagaciones a la Fiscalía cuando aseguró que su firma había sido falsificada y que dicho tribunal jamás existió, tal y como había publicado este diario en exclusiva. Desde el primer momento el foco se puso sobre Álvarez Conde, como reconoció el propio rector hace una semana en una comparecencia. Entonces, Javier Ramos aseguró que los servicios de inspección de la URJC, de la mano de los observadores externos nombrados por la CRUE, pudo comprobar que no existía rastro alguno del acta, ni del trabajo ni ninguna garantía de que la presidenta lo hubiera defendido pese a que su archivo "era obligatorio". Claramente, los hechos apuntaban al director del máster.

Las declaraciones de Álvarez Conde en una entrevista radiofónica asegurando haber recibido "presiones" del rector el día 21 de marzo, cuando el escándalo estalló, para supuestamente "reconstruir" el acta fueron tajantemente desmentidas por el propio Ramos. "Es rotundamente falso", insistió el jefe de la Rey Juan Carlos para reconocer después que su mayor fallo había sido "confiar en determinadas personas". Este viernes, siete días después, el rector ha dado un golpe de efecto suspendiendo de sus funciones al director del IDP.

El Consejo de Gobierno, formado por 50 personas entre las que están además del propio rector y su equipo, los miembros elegidos por el claustro, decanos y directores de escuela, directores de departamento y los representantes del Consejo Social, tenía por objeto principal abordar el caso del máster y lanzar una serie de medidas que hagan recuperar la confianza y la imagen de una universidad que cuenta con más de 40.000 estudiantes. El objetivo de la URJC pasa ahora por mostrar más unidad y contundencia que nunca.

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Ahora está por ver si las iniciativas anunciadas logran el efecto esperado. La cuestión es que las responsabilidades del centro universitario en el escándalo siguen siendo objeto de debate público. El rector ya aseguró que "llegará hasta el final" para descubrir todo lo ocurrido, aunque dejó claro que su intención no era en ningún caso dimitir. Algunos de los miembros del equipo de gobierno de la universidad reconocen haberle pedido personalmente que no abandone el barco. "Nosotros somos los que tenemos que levantar esto. Si él se va, esto se hunde", dicen, mientras recuerdan que el nuevo equipo rectoral empezó su mandato el 3 de marzo de 2017, años después de la fecha en que supuestamente Cifuentes cursó el máster (2012).