el requisito lingüístico, a debate

El otro agravio en las oposiciones a profesor: los catalanes podrán optar en abril... y junio

La convocatoria levanta ampollas. Los aspirantes catalanes se examinan ya, mientras la mayoría de CCAA lo hará en junio. El requisito lingüístico le cierra la puerta a los castellanohablantes

Foto: Varias comunidades autónomas han convocado este año oposiciones para profesores de Secundaria. (EFE)
Varias comunidades autónomas han convocado este año oposiciones para profesores de Secundaria. (EFE)

Pistoletazo de salida para las esperadas oposiciones de educación. Los primeros serán los catalanes. Miles y miles de aspirantes acuden este sábado para luchar por una de las 2.000 plazas convocadas, de las cuales 1.602 van dirigidas a Enseñanza Secundaria. Se trata del primer concurso público en los últimos ocho años para docentes de primaria y secundaria en esta comunidad y se celebran en un tiempo récord: fueron convocadas 'in extremis' el pasado 29 de noviembre por la Consejería de Educación, eso sí, con la autorización del Ministerio de Educación, ya que el artículo 155 había entrado en vigor.

Entonces, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo aseguró que era la demostración de que la suspensión de la autonomía no suponía en ningún caso que se paralizara la Administración. Sin embargo, esta convocatoria ha levantado ampollas en el resto de la comunidad opositora: la mayor parte de las CCAA han convocado el ansiado concurso para profesores de Secundaria el 23 de junio (algunas todavía no han confirmado, pero apuntan ya a ese mes), lo que permitirá a los opositores catalanes acudir a las pruebas también en otra comunidad que elijan. El resto, o al menos la inmensa mayoría, solo tendrá una oportunidad porque el requisito lingüístico impide que opten a las plazas catalanas.

Una situación que asociaciones de profesores y sindicatos denuncian porque entienden que se produce un "agravio" evidente y "una situación de desigualdad total". En Cataluña la lengua es un requisito obligatorio sin el cual los aspirantes no pueden opositar. En concreto, aquellas personas que han obtenido su título de bachillerato en esa comunidad después de 1992 ya tienen acreditado el Nivel C de catalán —equivalente al C1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas— y, si ese no es el caso, deben o bien presentar un título acreditativo o pasar y aprobar la prueba de catalán de carácter eliminatorio que tiene la propia oposición.

Menores de edad con la 'senyera' durante el 1 de octubre pasado. (EFE)
Menores de edad con la 'senyera' durante el 1 de octubre pasado. (EFE)

Dicho de otra manera: los castellanohablantes tienen la puerta cerrada. Además, la Comunidad Valenciana y Galicia son las otras comunidades que también imponen el requisito lingüístico, con la particularidad de que la segunda celebra las oposiciones también en junio (en la primera no se han convocado este año) y no tiene el agravante que sucederá en Cataluña a ojos de muchos opositores. Además, los sindicatos entienden que teniendo en cuenta que se han convocado bajo la aplicación del artículo 155, "es un ejemplo más de la desatención permanente del Gobierno central en materia educativa".

En concreto, muchas organizaciones sindicales llevan años luchando contra el requisito lingüístico. El principal argumento: los profesores son un cuerpo nacional, aunque las competencias estén transferidas a las comunidades, y debe haber igualdad de oportunidades. Así lo manifiestan ANPE y CSIF, que reprochan cómo la falta de regulación del asunto lingüístico impide el derecho a la movilidad del profesorado. La solución, insisten, pasa por la creación de un Estatuto de Derechos y Deberes igual para todos.

Muchas organizaciones sindicales llevan años luchando contra el requisito lingüístico. El principal argumento: los profesores son un cuerpo nacional

La convocatoria catalana ha causado mayores molestias por el hecho de que en el resto de autonomías, como suele ocurrir todos los años que hay oposiciones, las pruebas se celebrarán en un mismo día evitando que los aspirantes puedan optar a distintos lugares, mientras que los catalanes sí se podrán presentar en dos regiones diferentes por su dominio de ambas lenguas. Aun así, el portavoz de CSIF, Mario Gutiérrez, insiste en que la cuestión del requisito lingüístico viene de muy atrás y fue precisamente un gobierno del PP el que modificó el real decreto que lo regula para que el conocimiento de la lengua cooficial pasara de ser "mérito" a "requisito", aplicándose en dos comunidades históricamente gobernadas por los populares: Galicia y Comunidad Valenciana.

Son las distintas CCAA las que tienen autonomía para organizar sus oposiciones. En el caso de Cataluña, hacía ocho años que no se convocaban. Los motivos para no hacerlo era por un lado; la época de recortes y, por el otro, influyó notablemente la reforma de provisión de puestos de profesorado de hace un par de años en que se otorgó mayor autonomía a los centros para escoger a sus profesores, lo que evidentemente casaba mal con unas oposiciones masivas y el consiguiente concurso de traslados que las precede. Eso ha provocado que la convocatoria de este sábado cuente con lo que los sindicatos apuntan que puede ser un récord de aspirantes, en una horquilla de 25.000 a 30.000 personas.

En cuanto a las comunidades que ya han convocado para el 23 de junio están Aragón (643 plazas para profesores de Secundaria), Asturias (526 plazas), Castilla y León (996 plazas), Extremadura (855 plazas), Murcia (394 plazas), Ceuta (64 plazas) y Melilla (67 plazas). También las hay que no han concretado la fecha, pero que todo apunta a que serán también en ese mes de junio. Es el caso de Andalucía (con un concurso de 4.229 plazas), Canarias (2.041 plazas), Cantabria (337), Castilla La-Mancha (784), Madrid (1.314), Galicia (1.050), Baleares (552), Navarra (184) y País Vasco (1.300).

La proposición de Cs en el Congreso

Fue el grupo parlamentario de Ciudadanos el que registró en el Congreso el pasado febrero una proposición de ley para prohibir que el conocimiento de las lenguas cooficiales fuera un "requisito" para el acceso a la función pública y que solo se pueda contemplar como "mérito" en las comunidades que tiene dos lenguas y para ocupar determinados puestos. En concreto, lo que plantearon los de Albert Rivera es una modificación del artículo 56 del Estatuto Básico del Empleado Público. De esta forma, se desarrolla también el artículo 25 de la Constitución que consagra el derecho de todos los españoles a acceder en condiciones de igualdad a la funciones y cargos públicos". Según la propuesta del grupo naranja, el conocimiento de las lenguas cooficiales debía contemplarse solo como "un mérito a valorar". La propuesta no salió adelante porque solo contó con el apoyo de los 32 diputados centristas y los parlamentarios del PP.

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